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jueves, junio 17, 2021
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El plan de escrituraciones regularizó el 80 por ciento de las viviendas sociales

Hasta 2010, de las 1625 viviendas construidas en la ciudad vía planes del gobierno, sólo habían escriturado 195. El programa provincial ejecutado por la oficina local que conduce Javier Silva permitió llegar a 628 en 2016. Tras el relevamiento del año pasado, se suman casi 500 más.

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Este viernes, 98 familias recibirán sus escrituras y otras 92 procederán a la firma en el marco de los programas de escrituración social provinciales, que en San Pedro tiene a la Oficina de Escrituraciones que conduce Javier Silva como organismo operativo para el desarrollo de las tareas.

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Vecinos de barrios La Providencia, 104 Viviendas, Obrero, Fonavi I y II, Centenario de Gobernador Castro, PyM, Parque San Martín más un grupo de particulares que hicieron el trámite a través de la Municipalidad serán beneficiarios de la entrega, que tendrá lugar en el club Independencia, desde las 12.30.

La Escribanía General de Gobierno, el Instituto de la Vivienda y la Subsecretaría social de tierras son los tres organismos provinciales involucrados en el tema. En el territorio, la Oficina municipal de Escrituraciones es la que comanda las tareas que permitirán a la gestión de Cecilio Salazar exhibir uno de sus mejores logros.

Desde 2010, el gobierno provincial lleva adelante programas para la regularización dominial que se profundizaron desde la gestión Vidal. En su oficina de Arnaldo 150, Silva y su personal recibieron a La Opinión para dar detalles sobre la tarea que tienen a cargo.

En San Pedro, el Instituto de la Vivienda registra 1625 unidades habitacionales sociales construidas y entregadas. Hasta 2009, sólo se habían escriturado 195. Entre 2010 y 2016 se sumaron unas 628. Tras el relevamiento de 2017, que arrojó 670 casos, hay otras 479 familias que podrán acceder a su título de propiedad.

El caso del barrio San Francisco, por ejemplo, es paradigmático porque sus 289 viviendas –de las 309 que tenía en total ese programa, completado con el denominado barrio Parque Los Andes– fueron tomadas de manera masiva.

En algún momento había que avanzar. En 2015, la causa por el delito de usurpación que interpuso el gobierno de Barbieri –exintendente procesado por la construcción de ese barrio– fue archivada.

Es decir que ya no había reclamo judicial válido, por lo que el Estado, si así lo deseaba, estaba en condiciones de iniciar el proceso de regularización dominial para garantizar que el acceso a la vivienda que propiciaba el Plan Federal fuera completo.

Aunque parezca extraño, la falta de título fue hasta 2010 lo “normal” en las viviendas sociales, con apenas poco más del 10 por ciento escriturado. Entre esa fecha y el relevamiento vigente, se regularizó casi el 40 por ciento más. Con los datos de 2017,
el gobierno actual hará lo propio con otro 30 por ciento. El 20 restante, además, ya está individualizado.

La fecha no es casual: antes de 2010 hubo un conflicto importante con un caso histórico, el Plan Familia Propietaria del denominado barrio Parque San Martín, donde la intervención de inmobiliarias y el crecimiento de la ciudad hacia esa zona convirtió a un plan social de terrenos en un negocio millonario.

Pero en otros barrios pasaba lo mismo, a menor escala. Gran parte de las tomas masivas tienen, además de un trasfondo político, un tema inmobiliario. Al poco tiempo de la ocupación, se venden. En muchos casos son pocos los que manejan esa “movida”. Regularizar implica romper con eso. “Ese negocio de expulsar gente para usurpar y revender está siendo acotado”, sostuvo el responsable de Escrituraciones.

En algunas zonas cuyas escrituras ya fueron entregadas hay quienes  no recibieron. Javier Silva explicó que sólo llegan al título aquellos casos donde no hay disputa judicial. “Por eso los listados de oposición, la transparencia en todos los actos, para no cometer injusticias”, señaló.

Hay casos, muchos, en los que quienes estaban en la vivienda a la hora del relevamiento no eran los beneficiarios originales. “Había gente compradora de buena fe de una vivienda usurpada. A criterio del Instituto, si tiene boleto de compraventa, es de buena fe y no está judicializado, eso avanza. Si hay causa judicial, se pone en conocimiento de ambas partes que, mientras la Justicia no se pronuncie, no haremos nada”, explicó Silva.

La ley dice que no se puede vender. Incluso con escritura se debe esperar cinco años para ello. Pero en San Pedro hay barrios que fueron entregados hace décadas sin que sus beneficiarios pudieran gozar del derecho a disponer legalmente de esa propiedad y en los que pasó de todo.

“En el mejor de los casos, tenían un boleto de compraventa y ahí quedó. En otros casos no había más que el listado original. Quien compró al adjudicatario y tiene su boleto pudo empezar el proceso”, explicó Silva.
“Intentamos solucionarle la situación al vecino comprador de buena fe. Aquí hubo un incumplimiento del Estado, le adjudicaron la casa pero se atrasaron con la entrega del título”, reconoció.

La decisión es la que tomó como política el Instituto de Vivienda que, después de todo, es el titular de las unidades habitacionales que, una vez entregadas las escrituras, buscará cobrar en cuotas. En el caso de los terrenos que son municipales, las hipotecas se hacen a favor del Estado local.

Hay casos en los que las cuotas suman en total 9.000 pesos, otros 15.000 y otros 20.000. En cada uno, el beneficiario debe pagar por su vivienda. Además, ello implica que comience a abonar impuestos provinciales a Arba y tasas municipales, por supuesto.

Hacer el relevamiento no fue tarea fácil. “Relevamientos no se pueden hacer sin colaboración de La Plata, acá somos pocos”, dijo Silva, quien contó que hubo viviendas en las que fueron recibidos con armas. Hasta un chico de 6 años le apuntó con una escopeta a una de las empleadas del área.

“Había gente que se negaba a darnos la fotocopia de la documentación a pesar de que les advertíamos que se quedarían sin la escritura, miles de situaciones, por ejemplo tres familias en un lote, parientes, ninguno adjudicatario, con conflicto de violencia familiar, les hicimos un condominio y se respetaron los límites que habían dispuesto ellos mismos con las construcciones”, contó.

Desde el punto de vista del Estado municipal, la regularización tiene una importancia económica, porque se individualiza a quiénes se les está prestando servicios y se está en condiciones de cobrarles las tasas, se suman contribuyentes; además, se sabe a quién hay que cobrarle el terreno, entiende Silva sobre los beneficios.

Pero los más importantes, destacó, son los que tienen que ver con “la calidad de vida del vecino”. Las opciones que se le abren a partir de tener un título son muchas. “El reconocimiento de que esa persona existe y se la tiene en cuenta”, primero, aseguró.

La posibilidad de acceder a un crédito, que los hijos salgan a alquilar y los padres sean garantía, dejarles esa propiedad a sus herederos son otras de las puertas que se les abren.

“Quienes vienen a hacer el trámite plantean, sobre todo, dos cosas fundamentales, que tienen que ver con la seguridad jurídica: ‘le quiero dejar las cosas ordenadas a mis hijos o tengo miedo de perderla si un día se me mete alguno’”, finalizó Javier
Silva.

Siempre hay temas pendientes

Javier Silva sabe que cada vez que se habla de escrituras aparecen quienes todavía no pudieron acceder. La usurpación del barrio Profesor Mario, el del terreno de la Cruz Roja, El Piojillo de Río Tala y El Sapito en esa localidad, Los Chaqueños en Santa Lucía, casos donde los terrenos son de particulares y “eso es más difícil”, enumeró de memoria.

“El talón de Aquiles es la confección de los planos, porque es muy caro”, explicó el funcionario. Claro: hay que hacer prescripción adquisitiva, pero para eso tienen que estar los planos.

Esto permite también regularizar dominios en los que hay instituciones de la sociedad civil, como el club Agricultores de Gobernador Castro, que está en trámite, o la comisión de fomento de Villa Igoillo.

“En el barrio América estamos trabajando en ese sentido. Vamos a elevar proyecto de ordenanza para que el Concejo Deliberante autorice la venta”, adelantó el titular de la Oficina de Escrituraciones.

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