El pescado de la discordia
Prefectura decomisó 300 kilos de pescado en la zona de la Bajada de Chávez y desató la ira de los pescadores. Los motivos eran claros y tienen que ver con lo que dispone la ley de pesca y otras regulaciones vigentes. Sin embargo, la situación puso al descubierto las irregularidades del sector, ya que los decomisos son moneda corriente desde que comenzaron controles más férreos.
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La pesca artesanal es una actividad que los sampedrinos conocemos de sobra. La presencia del río como paisaje cotidiano, los hábitos isleños, el divertimento dominical y el trabajo de muchas familias constituyen el entramado en el que canoa y red son protagonistas fundamentales.
Los operativos sobre las situaciones irregulares que genera la actividad reaparecen cada tanto y cuando lo hacen generan mucho ruido en una ciudad de pescadores donde muchas veces la actividad es apenas un método de supervivencia para algunos pero el principio de un negocio fabuloso para otros.
Desde Semana Santa del año pasado, cuando la Policía Federal hizo un decomiso en la zona del puerto, donde secuestraron unos 800 kilos de sábalo, hablaron de contrabando y dejaron extrañado al propio Fiscal Juan Patricio Murray, quien consideró “toda una novedad que Policía Federal haga trabajo de SENASA o Bromatología”, no sucedía otro operativo de las características que tuvieron lugar en los últimos días.
La semana pasada, Gendarmería secuestró en el kilómetro 153 de la Ruta 9 250 kilos de pescado adquirido en San Pedro que llevaba como destino la ciudad de Monte Grande para su comercialización.
Sin el sistema de frío adecuado, las piezas se encontraban en mal estado y además había algunas especies vedadas y prohibidas para su venta en la provincia de Buenos Aires, como surubí y dorado.
De ese primer operativo quedó flotando la pregunta acerca de cuál es el origen de esa carga, quién los vende, en qué condiciones, cómo salen de la costa hacia la ruta sin control alguno, cuando la legislación es clara y contundente respecto a la regulación de la actividad.
El lunes hubo otro secuestro en la Ruta 9, esta vez en el acceso a Río Tala. Se trataba de un Renault 9 que transportaba 100 kilos de pescado, porsupuesto sin las condiciones de frío necesarias y sin habilitación correspondiente. La carga tenía como destino la ciudad de Moreno, en el conurbano bonaerense, donde sería comercializada.
Eso volvió a despertar las sospechas y abrió la necesidad de profundizar los operativos. Por ello, ayer por la mañana Prefectura se hizo presente en el barrio El Amanecer, zona de Bajada de Chávez, donde fueron a controlar cómo se pesca y cómo se hace el traslado hacia los vehículos que cargan.
Allí se encontraron con 300 kilos de pescado. En el lugar, el Prefecto Ruata señaló que detectaron a “un grupo de gente que estaba realizando pesca comercial con cinco tejidos trasmallos con las medidas que no son las reglamentarias”, es decir que son menores a 14 centímetros, que es el mínimo permitido por ley. A su vez, secuestraron “gran cantidad de especies vedadas como dorado y surubí”, también de “medidas menores a las que están permitidas”.
Como Bromatología consideró que la carga estaba apta para consumo, la Prefectura decidió repartir entre los presentes el pescado que no correspondía a las especies vedadas: bogas y tarariras.
El triste destino
del pescador
Las quejas se hicieron oír desde que Prefectura arribó al lugar, ya que los pescadores consideran que estos operativos sólo perjudican a quienes trabajan a diario como forma de vida. “A muchas bocas da de comer”, dijo un hombre de río en la zona.
Los hombres de pesca de la costa sampedrina, acostumbrados a la tarea y que se quejaron por la presencia del control, dejaron al descubierto cómo son ellos mismos el último eslabón de una cadena que genera mucho dinero y del que los pescadores sólo ven apenas algunas monedas.
Guillermo Romá, un conocido acopiador, dialogó con La Opinión sobre cómo es su trabajo, ya que lo habían señalado en el marco de la discusión. “Surubí y dorado están prohibidos y yo no los pesco. Tengo camión habilitado por Provincia y Nación, vivo de esto y me interesa que quede claro”, aseguró.
La operatoria es la siguiente, según relató Romá: “Los pescadores arriman a la costa, vamos hielando en el camión para que mantenga la cadena de frío, que tiene que ser de dos a cuatro grados. Ellos vienen con gabinete, con heladora, y en 3 o 4 minutos está en la cámara”.
Romá trabaja por su cuenta y detalla que está “autorizado por el frigorífico de Miguel Angel García, proveedor de supermercados”, de San Nicolás y asevera: “Si no cumplís no entrás a la planta, el veterinario te lo decomisa”.
El acopiador señaló que paga “$ 1.30 el kilo de sábalo, 3 ó 4 la boga, 3 el paty” y ante el relato de una mujer que contó que le vendía “a un muchacho que lleva los pescados a Moreno” –el del Renault 9 al que le incautaron la carga el lunes–, dijo: “Yo compro, cargo y pago, con todos los requisitos, pero delante de mis ojos veo autos, camionetas y todos llevan cualquier cosa y fuera de medida, todo irregular. Pagan cualquier precio y rompen el mercado, a la vista de todos”.
“Acá hay camionetas que llevan sabalitos y pagan monedas, se aprovechan porque la gente necesita el pan para los hijos”, expresó un pescador.
El sábalo oscila entre los 15 y 20 pesos, fresco en supermercados. La diferencia con el $ 1.30 que reciben los pescadores es evidente e invita a que las autoridades actúen en el marco de la actividad pesquera local, que se encuadra en el concepto de Pesca artesanal, “una actividad extensiva, de pequeña escala, ejercida directamente por los pescadores, con artes de pesca selectivos”.
A la dimensión económica hay que sumar la dimensión social, ya que la pesca sostiene el empleo y la calidad de vida de millones de integrantes de las comunidades costeras y a su vez constituye un hecho cultural, que determina el modo de vida de sus participantes.
Cientos de familias viven de la actividad en San Pedro, en el marco de importantes rasgos de informalidad. Ingresar al sistema tributario está en manos de las autoridades que debieran acercar, los beneficios y facilidades para acceder a la formalidad que dispone la Provincia.
La pesca artesanal está regulada, junto con la comercial y la deportiva, por la ley 11.477, reglamentada por el decreto 3237, firmado por el ex gobernador Eduardo Duhalde en 1995.
Respecto de almacenamiento y descarga, la ley habla de la autorización para el trabajo de embarcaciones que no poseen mantenimiento por frío y del transporte de la carga hacia cortas distancias.
No saben nada de pescado
La Municipalidad de Trenque Lauquen lleva adelante una interesante propuesta que denominaron “Pejerrey para todos” y que tuvo su auge luego que los móviles del programa nacional de venta de pescado a precios accesibles pasaran con gran éxito por la ciudad, lo que motivó a los pescadores a realizar una propuesta local.
Los pescadores venden pejerrey fileteado a $ 14 el kilo, con apoyo del municipio gestionado por el Intendente Jorge Barracchia. Durante la primera jornada vendieron 800 kilos y rápidamente hicieron una agenda para repetir la iniciativa con frecuencia.
En San Pedro hubo reuniones con funcionarios ligados al turismo. Uno de los pescadores de la ciudad se mostró escéptico al respecto y manifestó que “implementar algo que de atrás de un mostrador es bárbaro” y que “este es un problema que viene desde hace años con el tema de la exportación, que ha depredado todo el río”.
El hombre de río considera que no se puede parar la pesca actual, muchas veces destinada a los frigoríficos que se dedican a la producción de harina de pescado. “Estuvimos reunidos con la señora esta que dijo que es especialista, que vino de turismo de la Nación, la señora no entiende nada de pescado, como todos los que vienen de arriba, nadie entiende nada de la problemática del pescado”, se quejó.
Aén así, la propuesta de generar junto al Estado local un espacio donde los pescadores lugareños puedan disponer su producto y venderlo a la comunidad sigue latente y puede dar resultados en la medida en que sea motorizada como corresponde, generando el hábito en la población y las condiciones para que los trabajadores de la pesca puedan hallar allí una salida donde canalizar su tarea.
