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jueves, julio 29, 2021
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El negocio “redondo” del Plan Familia Propietaria

El programa que cedió tierras a familias carenciadas facilitó negociados inmobiliarios. En San Martín y Naón se vendieron lotes por $ 35.000, adquiridos anteriormente por $ 2.800. En Obras Públicas ratifican las ventas y dicen que están “permitidas”.

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Una de las zonas residenciales de mayor crecimiento en los últimos años es la ubicada alrededor de la calle Rómulo Naón, en su último tramo conocido como “la bajada del Puerto”.
En su intersección con San Martín, se ubican los terrenos del “Plan Familia Propietaria” que fueron entregados en 1999, durante la gestión de Rodolfo Trelles como Intendente. El programa iniciado en el Gobierno de Eduardo Duhalde “cada bonaerense con su terreno” tenía como objetivo facilitar la construcción de su vivienda a familias carenciadas. Sin embargo, casi ocho años después asombran los negocios inmobiliarios que se gestaron a raíz de los dudosos manejos de apropiación de estos terrenos, cuyo valor ha crecido desmesuradamente.
En ese contexto, lotes que fueron adquiridos por un precio irrisorio de $ 2.880 (el plan indicaba el pago de 144 cuotas mensuales de $ 20), se venden actualmente en $ 35.000 o más, “según la demanda”.
Lo más desesperante, es que los funcionarios municipales aclaran que no pueden intervenir. “En una de las cláusulas se indica que después de los cinco años se podían vender. Fueron entregados en el ’99, así que se cumplió el plazo”; explicó el Director de Viviendas Flavio Peiró.
Es cierto, la cláusula Nº 8 establece que “el comprador no podrá transferir el lote por el término de 5 años bajo condición resolutoria”.

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Los desposeídos
La verdadera injusticia, es que un gran porcentaje de los beneficiarios originales de los terrenos fueron intimados por la Municipalidad en el año 2004 a saldar las cuotas impagas. Quienes no pudieron hacerlo, perdieron la propiedad.
Es el caso de Miriam, una madre de cinco hijos que todavía tiene en su poder el boleto que la convirtió en beneficiaria de una parcela identificada catastralmente como Circunscripción I, Sección J, Manzana 98D, Parcela 19, originada en el plano de mensura 99-11-99. Está fechado el 9 de diciembre de 1999, y allí consta que el municipio le entregó esa posesión en el marco del Programa Familia Propietaria “conforme a lo estipulado en el convenio firmado entre la Unidad Ejecutora y coordinadora Programa Familia Propietaria de la provincia de Buenos Aires y La Municipalidad”.
El 19 de Noviembre de 2004, Miriam recibió una carta firmada por el entonces Director de Viviendas Oscar García. Le pedían que se apersonara en la oficina de 3 de Febrero 1549 con el boleto de la parcela, su DNI y el último recibo de pago de las cuotas. Rezaba la misiva que “dicha citación tiene como objeto actualizar datos y realizar un reempadronamiento”.
“Estoy alquilando desde hace 20 años, cuando me entregaron el terreno no tenía trabajo y por eso no podía pagar las cuotas de $ 20, las pagaba a veces como podía… Antes de las elecciones hablé con el Intendente y me dijo que me quedara tranquila, que iba a hacer todo lo posible”, relató esta mujer.
Una carta documento del 24 de Febrero de 2005, intimaba a Miriam nuevamente a saldar la deuda de $ 1.726.52. Le daban 15 días de plazo para pagar “bajo apercibimiento de considerar resuelto el contrato, pudiendo libremente así el Municipio proceder a otorgación y venta a los resultantes del “Listado de Suplentes” y a consignar judicialmente los montos que se hubieran abonado, todo a exclusiva costa”.
La mujer fue y explicó sus problemas para saldar las cuotas. García le dijo entonces que “no me preocupara, que no me iban a dar la baja, que siguiera pagando y después “vemos”.
“Cuando me lo dieron, me lo entregaron, hacía repoco que había venido de Buenos Aires, vivía con mi mamá. En el 2004 recién empecé a trabajar, había pagado unas cuotas pero recién ahí empecé a ponerme al día. Pagué todo el 2005 y el 2006 hasta Agosto y algunas cuotas del 2004”.
A fines del año pasado, Miriam fue a la Dirección de Viviendas a preguntar si podría construir su casa en su terreno ingresando al conocido Plan Federal. “Me enteré ahí que me habían dado de baja, me lo dijo Peiró”, relató a este medio. “En Rentas no te dicen nada, yo seguía pagando igual como si nada pero ya me habían dado la baja”, explicó.
La mujer consultó también a un abogado pero no tuvo respuestas. “Me dijo que no se podía hacer nada”. “Trabajo 12 horas por día y alquilando nunca me voy a poder comprar nada… En Septiembre se me vence el contrato y no sé adónde voy a ir porque los alquileres se fueron a las nubes”, explicó esta beneficiaria.

“Es legal aunque injusto”
La historia de Miriam se repite en varios casos. Los ex beneficiarios que fueron dados de baja se muestran ahora indignados porque los mismos terrenos que les negaron, son vendidos por inmobiliarias a precios del mercado. Hay que tener en cuenta que se trata de una zona residencial que se cotiza cada vez más porque en inmediaciones se está construyendo el mega hotel Spa en los terrenos que vendió el Automóvil Club San Pedro.
“Cuando nos entregaron el boleto, nos dijeron que no se podían vender porque eran para la gente pobre. Por eso hay un listado en la municipalidad de los necesitados. Pero enfrente al que era mío, vendieron un lote por $ 35.000. Y hay gente que nunca pagó una cuota y los está vendiendo”, relató la mujer.
Increíblemente, en el área de Vivienda municipal este tipo de negocios se conocen. Pero los funcionarios dicen que “es injusto pero legal, y no se puede hacer nada”.
“Es cierto que se están vendiendo por inmobiliaria. Si se cancelan las cuotas, pueden venderse. El valor de cada terreno era de $ 3.500 y $ 4.500 de acuerdo al precio en que se compró la tierra y se prorrateó por la cantidad de lotes que salían, pero sabemos que ahora se han vendido como zona residencial en 20 a 25 mil pesos”, explicó el Director de Viviendas, arquitecto Flavio Peiró.
Lo que el municipio sabe, es que lo que denuncia Miriam es verdad: muchos beneficiarios que vendieron no estaban al día con las cuotas. Pero con el mismo dinero de la venta, saldaron el total de los $ 2.880 pesos, obteniendo una importante ganancia. La única dificultad radicaría en aguardar un tiempo para realizar la escritura definitiva.
“Nosotros el control lo seguimos haciendo. Si a los seis meses no pagó más las cuotas, los damos de baja. Pero ahora la mayoría está pagando en término”, aclaró Peiró.
El arquitecto reconoció que el área que dirige, tiene un listado con más de 2.000 familias anotadas que actualmente solicitan una vivienda. Si en San Pedro se construyeron en siete años 1.000 viviendas, es improbable que en menos tiempo se resuelvan sus situaciones. Algunos, si presentan problemas puntuales que se puedan volcar en un informe social que demuestre alguna emergencia, tendrán mayores posibilidades de tener su vivienda. El resto, seguirá siendo testigo a diario de cómo injustamente, unos hacen negocios mientras ellos esperan una solución a su necesidad.

Más “negocios redondos” sin “responsabilidades”
Los terrenos del Familia Propietaria no son sólo los ubicados en San Martín y Naón, aunque ésa es la zona más valiosa. También lo son los destinados a los barrios de viviendas como las 150, 291 que construyó la SUPCE y las 288 de la ex quinta Piccagli que están en obra.
En esos barrios también son constantes los intercambios, canjes, ventas y demás irregularidades relacionadas con terrenos y viviendas.
Lo que no se dice, es que el precio de mercado que han establecido para quienes fueron beneficiarios y jamás pagaron cuotas o construyeron en sus terrenos, es de 35.000 pesos. Una cifra para nada despreciable si se habla de gente carenciada, pero la maniobra no termina allí.
La mecánica es comprar en 35.000 pesos a nombre de alguien dispuesto a oficiar de “testaferro” y luego, comercializarlo entre 30 y 35.000 DOLARES que es el precio real de un terreno de esas dimensiones en esa zona.
En definitiva, es algo que ha pagado el estado bonaerense, ha administrado la municipalidad y será para beneficio de los que siempre hacen “operaciones inmobiliarias BRILLANTES”.
Pese a que legalmente el municipio niegue sus responsabilidades, no existe explicación para la falta de montaje de una campaña de concientización a quienes habiendo accedido a un terreno, hoy lo venden “por chauchas y palitos”.
Por otra parte, tampoco pueden eximirse los funcionarios de la responsabilidad de anunciar públicamente cuáles son los terrenos que han sido dados de baja por falta de pago, para que POR EJEMPLO, los compren quienes hoy alquilan viviendas al mismo precio en el que los compró el estado.
Es evidente que “la falta de creatividad” al menos en este caso, coincide con los intereses de los que hacen “negocios inmobiliarios” a costa del bolsillo de los ciudadanos.
Últimamente, el Director de Viviendas, ha hecho demasiadas declaraciones en la que intenta eludir sus responsabilidades. El más reciente ha sido el de la famosa cooperativa conformada por Correa, Villaverde y Espíndola; ahora con el Familia Propietaria. La pregunta que queda entonces… ¿qué misión más importante podría cumplir un funcionario que la TRANSPARENCIA en la información para que luego la gente pueda tomar sus propias decisiones?

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