El negocio de los planes sociales también tiene ventanillas en San Pedro
El relato de un grupo de personas que asistió a reuniones políticas en las que les ofrecían la posibilidad de obtener un plan social denominado “salario social complementario” reveló un mecanismo en el que se mezclan las necesidades laborales con las avivadas políticas, los sistemas de recaudación de las organizaciones que presionan al Estado y las dificultades del gobierno nacional para cumplir con los objetivos de mejorar la calidad de vida de los argentinos.
“No hay que vivir de la militancia social”, dijo repetidas veces el dirigente más visible de la actualidad de los denominados “movimientos piqueteros”, Juan Grabois. En San Pedro, y seguramente en muchos puntos del país, hay quienes hacen caso omiso a esa regla de oro del que entrega su vida a los más necesitados.
Aquí quedó en evidencia en la última semana, cuando decenas de personas relataron a La Opinión su experiencia con sucursales locales de organizaciones sociales nacionales y el famoso “salario social complementario”, un “plan” de 7.500 pesos por mes cuya promesa de obtención es la moneda de cambio de las campañas políticas.
Mientras las organizaciones sociales acampaban en el Ministerio de Desarrollo para pedir un aumento en las prestaciones, más recursos para los programas sociales y la emergencia alimentaria, aprobada en Diputados y con tratamiento hoy en el Senado, en San Pedro un grupo de personas que antes de las elecciones Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) asistieron a reuniones en las que les prometieron la posibilidad de un plan social a cambio de tareas comunitarias decidieron hacer público su malestar porque las promesas nunca se cumplieron.
Su relato y las respuestas que dieron las personas señaladas por ellos permitieron reconstruir una trama en la que se mezclas las necesidades de los sectores empobrecidos, las respuestas que el Estado dio a los reclamos de quienes, desde el territorio, conocen a la perfección esa realidad, y las avivadas de los que, camino a una campaña electoral, encontraron en la desesperación del que busca su sustento diario y en los fondos que la organización a la que pertenecen les asigna una posibilidad de soñar con un cargo político.
Entre las necesidades de unos y las ambiciones de otros hay millones de pesos de todos los argentinos que el gobierno nacional accedió a distribuir entre las organizaciones sociales que presionaron con movilizaciones, ante sus dificultades de hacerse cargo de la promesa de “pobreza cero” que anunciaron durante la campaña que llevó a Mauricio Macri a la presidencia.
El “salario social
complementario”
La ley de emergencia social que el oficialismo macrista accedió a prorrogar en diciembre de 2016 significó para el gobierno cruzar sin conflictos y desmanes su primer diciembre, luego de un primer año de gobierno en el que crecieron las demandas sociales por la caída del poder adquisitivo de la población. Para las organizaciones sociales significó la obtención de una herramienta que les otorgó incluso más poder del que les había dado la administración Kirchner cuando las abrazó para evitar que se le pusieran en contra: fondos millonarios para distribuir entre los suyos.
El eje fue el denominado “salario social complementario”, un programa que beneficia a personas que “generan su propio empleo para sobrevivir” y con el que no les alcanza para mantenerse a ellos y sus familias. El monto comenzó en los 4.000 pesos, ahora está en 7.500 y el mes que viene subirá a 8.000, y a 8.500 en noviembre. Su cobro es compatible con la Asignación Universal por Hijo pero no con el trabajo registrado “en blanco”.
“Nosotros concebimos la actividad que realizamos como trabajo y a nuestros compañeros y compañeras como trabajadores: la locutora de una radio comunitaria y la compañera que atiende un comedor”, explicó alguna vez Juan Grabois.
El salario social complementario se cobra con una tarjeta magnética que distribuye el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Social, y quien lo percibe se supone que forma parte de un proyecto productivo comunitario que pudo haber sido propuesto al gobierno por organizaciones sociales, ONG y hasta los municipios.
“Si no hay una organización que organice el trabajo, lo que hay es un subsidio encubierto”, aclaró el propio Grabois, quien reconoció que “el Estado verifica bastante poco, por su propia ineficiencia”.
“Si verificara más, habría conciencia de la magnitud del trabajo que hacen estos hombres y mujeres por tan poco dinero: nadie puede vivir con esa plata, por eso es salario complementario, viene a complementar tareas que hacen los trabajadores y por la que no tienen sueldo, como por ejemplo los cartoneros, las costureras, etc.”, explicó.
En el país se estima que hay más de 400.000 beneficiarios del salario social complementario, lo que significan más de 3 mil millones de pesos al mes.
Relatos de la necesidad
Este medio recibió en su redacción a dos mujeres que llegaron en representación de un grupo de personas que aseguraron sentirse defraudadas por parte de dirigentes políticos que durante la campaña electoral previa a las Paso les prometieron que accederían a un plan social del que no obtuvieron respuesta alguna.
“La promesa era sobre unos planes, una promesa que se le hizo a mucha gente, de que iba a haber un cobro, del que se iba a descontar un 10 por ciento para ellos, para ayudar a comedores”, contó una joven de 25 años que fue a una reunión con la esperanza de “conseguir un trabajo”.
Desempleada y con el sueño de estudiar, se aferró a esa promesa como una posibilidad de obtener un ingreso a cambio de “cuatro horas de trabajo comunitario” como “pintar el Hospital, la Casa de Ancianos, ayudar en las escuelas y en los comedores”.
Como ella, otras tantas personas fueron a esas reuniones, escucharon discursos de campaña y entregaron fotocopias de su DNI con el objetivo de “obtener un plan no para sentarse a tomar mates en la casa sino para hacer trabajo comunitario”.
Los relatos comenzaron a repetirse y abarcan a una gran cantidad de organizaciones sociales locales. Las más nombradas fueron Libres del Sur y la corriente Patria Grande, probablemente porque ambas cobraron mayor relevancia al encabezar el armado de dos listas para las elecciones Primarias, las que llevaron a Mauricio Rodríguez y a Luciano Juhant, respectivamente, como precandidatos a intendente.Pero no son las únicas que, como se dice en la jerga política, “manejan planes”.
Contaron que en diversas reuniones en casas de familia, el precandidato a intendente por Libres del Sur en Consenso Federal, Mauricio Rodríguez, y su pareja y primera precandidata a concejal, Ángela Basoalto, inscribieron a mucha gente, a quienes les requirieron fotocopias de su DNI, con la promesa de que cobrarían dinero proveniente de programas sociales que ellos “bajaban” a través de su organización política.
“Yo fui a una reunión, se juntó mucha gente, los que hablaron fueron Ángela Basoalto y Mauricio Rodríguez, que nos prometieron esos planes y que íbamos a tener que trabajar. Había de todas las edades. Yo me re ilusioné. Los planes eran de 7.500 pesos, nos daban esa plata y ellos nos mandaban un cobrador para que paguemos 1.500 pesos, que les teníamos que dar a ellos”, contó Karen, otra de las que se entusiasmó con la posibilidad.
En las reuniones les decían que los planes venían “de arriba” y que las víctimas de violencia de género y las personas que tuvieron conflicto con la ley penal tendrían prioridad. En los barrios donde hubo reuniones aseguran que los planes que llegaron “eran para los familiares de ellos”. A todos les pidieron su documentación
“En las reuniones ellos hablaban más de lo político, pero cuando uno preguntaba salía el tema, ellos decían que se iba a cobrar a 60 días, que había que dejar la fotocopia de DNI con el número de CUIL, el plan nunca llegó”, dijo una joven de 25 años que estuvo en una reunión en La Buena Moza, donde casi todas las familias del paraje participaron y dejaron sus datos.
Consultada acerca de por qué la gente se acercaba a esas reuniones, señaló: “Fue la necesidad, la mayoría fue por la necesidad del trabajo y de la plata, ellos aprovecharon eso para hacer su campaña”.
Pasados los 60 días desde la entrega de la documentación, como no tenían novedades comenzaron a preguntar en el grupo de WhatsApp, sin respuestas. “Hay mucha gente enojada, porque nos saben qué hicieron con la fotocopia de su DNI. Uno no sabe qué pudieron hacer con eso”, indicó la joven.
Las respuestas
de Libres del Sur
La señalada por los relatos fue Ángela Basoalto, referente local de Libres del Sur, el partido que fundaron Humberto Tumini y Jorge Ceballos como brazo político del movimiento Barrios de Pie. En diálogo con este medio, Basoalto dijo que “los planes sociales se manejaron siempre” desde la organización a la que pertenecía.
En su descargo, contó que el coordinador general de la segunda sección, el pergaminense Enrique Schierloh, exfuncionario del gobierno de Cachi Gutiérrez en Pergamino y precandidato a intendente que perdió la interna de Consenso Federal con ese histórico dirigente radical, fue el que le explicó cómo funcionaba el tema de los planes.
“Me dijo que los únicos recursos disponibles para trabajar en la campaña y durante todo el año con la gente y que la gente pueda tener la posibilidad de trabajar en lo social. Concretamente, me dicen que había para hacer salario social complementario, el programa de cobro, para inscribir personas que hayan sufrido violencia de género o que estén firmando en el Patronato de Liberados”.
Por eso, dijo, comenzaron las reuniones. Quienes obtuvieran el plan debían, confirmó, hacer tareas sociales con Libres del Sur. Respecto de solicitar reintegro para la organización, aseguró que sólo lo hizo durante los últimos meses previos a las Paso, porque así se lo exigían desde Pergamino.
“Yo jamás le pedí un peso a nadie, este año, el coordinador de la segunda, Enrique Schierloh, me dijo que había que cobrar el 10 por ciento, era una orden que venía y yo la cumplía”, sostuvo.
La referente local del movimiento señaló que cuando había movilizaciones en Buenos Aires, a nivel local se reunían en un espacio público para tomarse una foto y enviarla en señal de apoyo. “A los acampes les decíamos que no”, aseveró.
Ángela Basoalto y su pareja, Mauricio Rodríguez, fueron expulsados de Libres del Sur luego de que él se mostrara en una reunión política que el intendente Cecilio Salazar encabezó en la UCR como parte de la campaña de Juntos por el Cambio hacia octubre.
Enrique Ferroni Carlés, Yésica Barrios y Marcelo Pérez son los que quedaron a cargo. Los tres integran la lista de Consenso Federal que tiene a Fernando Nouet como candidato a intendente, que se impuso en las Paso, a la que se sumaron tras la derrota en la interna.
Ferroni informó que quedó “a cargo de la gente que está cobrando” el plan denominado “salario social complementario” y aseguró que entre ellos “figuran la señora Basoalto, el señor Rodríguez y familiares de ellos”. Informó que “habrá unos 40 en San Pedro” y que, en efecto, a los beneficiarios se les solicita “una contraprestación”. Sobre los reintegros, dijo que “esa plata, se supone, es para el movimiento, para pagar los fletes cuando va la mercadería a algún lugar, para pagar el local”.
No fue el primero ni el único problema que Libres del Sur San Pedro tuvo camino a las Paso. Una precandidata a concejal que manejaba un merendero en Santa Lucía tuvo que afrontar un juicio por comercialización de drogas y no se presentó. Una precandidata a consejera escolar renunció a la lista porque no le gustó “cómo se manejaba el tema de los planes”. Una serie de audios que llegaron a esta redacción tenían la voz de Basoalto reclamando a beneficiarios del salario social complementario por no colaborar ni aportar el reintegro, con advertencia de “te saco el plan ahora mismo a vos y a tu marido” incluida.
El resultado en las Paso fue pobre y perdieron la interna. Luego de la visita de Rodríguez al comité radical, Schierloh vino a San Pedro y anunció la expulsión de él y de Basoalto del partido. Esa pérdida de poder animó a quienes escucharon las promesas a contar lo sucedido.
LOS PLANES QUE SE PAGAN CON DINERO DE LOS ARGENTINOS
La “Guía de programas sociales” del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación que conduce desde el día 1 de la administración Macri la licenciada Carolina Stanley tiene más de 50 páginas en las que enumera y explica cada una de las prestaciones en las que el Estado argentino invierte para la contención social de los más necesitados.
Hay pensiones no contributivas, un Plan nacional de Seguridad Alimentaria, está el Argentina Trabaja y el Ellas Hacen, el Monotributo Social y el Manos a la Obra, los microcréditos, los programas de formación, capacitacion y asistencia técnica, los planes de promoción de comercialización; el Creer y Crear; el programa “Empalme” para pasar de la AUH a las asignaciones familiares cuando se obtiene trabajo en blanco; el de Abordaje Territorial; el plan nacional de Protección Social; el apartado de “situaciones especiales” y el de “ayudas urgentes”; y también el de "asistencia directa a instituciones”.
“Hacemos futuro” y “Proyectos Productivos Comunitarios” son, en el Ministerio de Desarrollo Social, los que ofician de eje del “salario social complementario”, que también está contemplado en el Ministerio de Trabajo a través de los programas Trabajo Autogestionado, Construir Empleo, Entrenamiento en el Trabajo de Organizaciones, Transición al Salario Social Complementario y Programa Jóvenes.
Las contradicciones del señor Schierloh
Enrique Schierloh es un dirigente de Libres del Sur de Pergamino que coordina toda la segunda sección electoral desde hace más de una década. Fue funcionario del gobierno municipal de esa ciudad entre 2011 y 2015, cuando estuvo al frente de la Subsecretaría de Organización y Capacitación Ciudadana.
El sábado fue señalado por Ángela Basoalto como el encargado de coordinar la distribución de planes y mercadería, así como de ser el que solicitaba los reintegros que debían pedirles a los beneficiarios del salario social complementario.
El dirigente Javier Sierra, que pertenece a la rama de Barrios de Pie que se escindió de Libres del Sur para formar el partido Somos, con Daniel Menéndez y Victoria Donda a la cabeza, fue tajante: “El que se lleva toda la torta es el de Pergamino”, dijo.
Javier Sierra, a nivel local maneja “10 planes, que trabajan en comedores, pero no se le pide plata a nadie, ni de arriba dijeron que necesitaran algo”. Fue él quien recordó una anécdota con el referente regional y otro de los que supo tener a su cargo, a nivel local, a Libres del Sur, cuando circulaba una captura de pantalla en la que le reclamaba por los “reintegros regionales”.
“Los planes no son un negocio”, sostuvo Schierloh, por su parte, y contradijo a quienes supieron ser sus referentes en San Pedro: “Nadie le descuenta nada a nadie, no es cierto. No le sacamos plata a nadie. Es un disparate”. Dijo, además, que en el distrito “debe haber 10, 15 planes, 20 puede haber, no más de eso”.
No pudo dar precisiones. O no quiso. Pero ratificó que su organización se financia con “aportes voluntarios de nuestra actividad privada”. Él, por ejemplo, dijo que es “techista, monotributista” y que lo que gana le alcanza para mantener a su familia, compuesta por tres hijos adolescentes, y aportar al partido. “Yo no vivo de la política”, aseguró.