El Municipio va por los terrenos fiscales

En las calles sampedrinas retumban las palabras del dirigente social Raúl Castells, quien supo gritar a viva voz que esta ciudad es “la capital nacional del negocio inmobiliario”. Sin planes de vivienda desde la usurpación del San Francisco en 2007, con promesas que se diluyen luego de cada campaña, programas que Scioli anuncia y reanuncia, el Procrear que despierta esperanzas en cada sorteo, la población mira a su alrededor en busca de un pedazo de tierra donde soñar el techo propio.
Mientras en la Legislatura bonaerense ingresaba el proyecto de ley de acceso justo al hábitat, que contempla la generación de proyectos habitacionales, de urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de barrios, e incluye la cesión de un diez por ciento de las tierras de todo emprendimiento tipo country, en San Pedro reavivaron la polémica por los terrenos fiscales existentes y en muchos casos usurpados por privados que intentan hacerlos propios.
Durante la última sesión del Concejo Deliberante, el Frente para la Victoria local puso nuevamente en debate el tema, al ingresar un pedido de informe sobre un predio municipal cedido por ordenanza en 1996 y cuyo contrato venció en 2001.
En ese marco, el concejal de Unión Peronista Damián Mosqueda volvió a reclamar al Ejecutivo que ponga en marcha la ordenanza sancionada merced a un proyecto de su bloque, en la que quedó establecida la creación de un registro de inmuebles fiscales que permita saber al Estado local con qué se cuenta, luego de que el famoso banco de tierras del que aún se ufana el pangarismo fuera ejecutado con las más de mil viviendas que llegaron desde el Gobierno nacional en la era Barbieri.

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Una casa en la barranca
El Frente para la Victoria, con la concejal Cecilia Vázquez a la cabeza, comenzó una investigación respecto de las tierras fiscales, su disponibilidad, cesión, compra y venta, de acuerdo a lo que existe en la legislación vigente en el distrito.
En ese sentido, ya revisaron unas 70 ordenanzas relacionadas con terrenos y según informó la edil “hay de todo: contribuyentes que pagaron deudas con terrenos, otros que pasaron del dominio provincial al municipal, de todo”.
El primero que llamó la atención fue un amplio terreno municipal ubicado detrás de Papel Prensa, sobre la cresta de barranca, cedido en tenencia precaria a Juan Ricardo Guzmán, por ordenanza sancionada en 1996. Ese convenio preveía el pago del 10 por ciento anual del valor fiscal del terreno, a cambio del usufructo.
Como vencía en 2001, el pedido de informes quiere saber qué pasó desde entonces con ese predio, que está anexado a una propiedad que Guzmán posee allí, aunque reside en Buenos Aires.
El titular de ese convenio vencido es conocido en la zona. Así lo señalaron los vecinos que guiaron a La Opinión para llegar hasta el terreno en cuestión. Para ello hay que ingresar en un callejón previo a Papel Prensa y avanzar en dirección sudeste. Tras unos mil metros de recorrida, hay un tranquera con una quinta, más allá otra tranquera y un monte de naranjas; otra tranquera y otro campo; al fin, una tranquera más, con candado.
Detrás de esa última hay un campo con pastizales y malezas que parece abandonado. A un centenar de metros en dirección a la barranca está emplazada la casa blanca con techo de tejas y rejas verdes, detrás de un galpón de chapas. Custodiada por dos perros, hay también un cuidador al que los vecinos reconocen. En el Ejecutivo buscaban los datos para responder al pedido de informes. Hasta el momento no hay registro de que haya pagado lo que correspondía según la ordenanza ni se sabe por qué durante la gestión Barbieri nadie recordó en 2001 que tenía que devolver ese privilegiado terreno o acaso gestionar un nuevo contrato.

El mapa necesario
Los datos disponibles están desactualizados y la ordenanza que creó el registro de inmuebles fiscales lleva lenta ejecución (ver aparte). Pensado para permitir “tener un acabado conocimiento de todos los inmuebles de propiedad del Municipio y de la Provincia de Buenos Aires”, la intención es recabar información respecto del estado actual de esos predios, si están ocupados y cuál es la condición de quienes estuvieran haciéndolo.
“La información existente en la Oficina de Catastro de nuestro Municipio arroja que en nuestro Partido existen más de un millón de metros cuadrados de tierras municipales y casi tres millones de metros cuadrados de tierras provinciales”, afirmaron desde Unión Peronista, aunque aclararon que esa información está desactualizada.
Ese registro existente señala que hay unos 59 predios municipales y otros 55 provinciales, con tamaños que van desde una manzana a varias hectáreas. La Opinión tuvo acceso a ese mapa, donde puede verse una gran cantidad de terrenos fiscales entre 11 de Septiembre, 3 de Febrero, Mateo Sbert y el río.
Muchos de los predios provinciales tienen ocupación histórica. Algunos de ellos hoy son barrios que deberán ser regularizados (ver aparte). Otros son los que, como dijo Sergio Rosa durante la sesión, han tomado “los privados pícaros” que buscan especular y quedarse para sus negocios las tierras que son de todos.

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Regalar por regalar
Lejos de las justas escrituraciones de los vecinos de Las Canaletas, que en algunos casos ya sufren el embate del negocio inmobiliario, las tierras fiscales de San Pedro se dividen entre las que “nadie quiere” porque su paisaje es sólo un pequeño negocio de loteo, como lo viene haciendo una familia que vende terrenos usurpados en parcelas, y aquellas “privilegiadas” que se establecen en zona de barrancas, a la vera del río o constituyen un patrimonio para maniobras especulativas, como sucedió en Vuelta de Obligado.
El 14 de julio de 1987 se promulgó la Ordenanza 4.105 que autorizaba al Municipio a poner a la venta o remate terrenos fiscales otorgando prioridad a quienes habitaban los mismos, siempre que pudiesen demostrar un período de ocupación superior a los dos años y no poseer otro inmueble. Algunos memoriosos recordarán que por entonces en algunas crestas de barrancas y a la vera del riacho San Pedro se comenzaron a hacer mejoras. Nunca pudo comprobarse la ocupación por parte de al menos dos funcionarios de la comuna y que hubiesen accedido a sus lotes de privilegio a través de esta herramienta legal.
Dos años después, el 10 de agosto de 1989, la norma fue modificada en varios artículos y adjuntaba la nómina de terrenos que estaban en condiciones de ser puestos a la venta. En aquellos tiempos se consolidaron varios proyectos que en los años que corren lucen como polos turísticos “envidiables”, aunque ya con la obligación de pagar la extensión de servicios públicos y en muchos casos acceder por venta directa del municipio al propietario con gastos de escrituración a cargo de este último.
Pero, ¿qué sucedió con las tierras de Juan Ricardo Guzmán?
La historia del predio dice que este Municipio decidió el 6 de diciembre de 1991 sancionar la Ordenanza 4.593 que simplemente autoriza la inclusión y venta del siguiente inmueble: “Art. 1*.- Incorpórese al Anexo I de la Ordenanza 4.105 la siguiente nómina de inmueble con su respectiva nomenclatura catastral: Circ. I, Sec. N, Chacra 117/3, Pc. 3b. Propietario: Municipalidad de San Pedro (Plano 99-91)”. Casi siete meses después, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza 4.626, que dice: “Art. 1*.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a proceder a la venta del inmueble fiscal de Nomenclatura Catastral: Circ. I, Secc. N, Chacra 117/3, Parc. 3b, de acuerdo a lo normado por las Ordenanzas N* 4.105/87 y 4.362/89 y Ley N* 9.533, debiendo dicho predio encontrarse libre de ocupantes al momento de su venta”. Dos veces, sí, dos veces la misma norma con el mismo predio. Ambas fueron derogadas en 1996 por la Ordenanza 4.902.
En 1993, mediante un pedido escrito, el Sr. Guzmán preguntó por la posibilidad de adquirir un terreno fiscal, “considerando que por ser ‘Cresta de Barranca’ el mismo tiene suma importancia estratégica y ecológica, que el criterio de que se debe preservar para las generaciones venideras (sic), como también preservar dicho predio para futuras necesidades del municipio”.
Así, se procedió a dictar la Ordenanza 4.902, tres años después de la solicitud de Juan Ricardo Guzmán. En el texto de la nota de pedido, el Expediente 322 de 1993 no se hacía mención a la nomenclatura de la porción que requería el particular. Tampoco se hace mención, nunca, del DNI o el domicilio de ese ciudadano.
Sin embargo los ediles levantaron la mano para aprobar en lugar de una venta una cesión. “Otórguese con carácter de tenencia precaria al Señor Juan Ricardo Guzmán el inmueble Nomenclatura Catastral: Circ.I, Sec. N, Chacra 117, P. 4 de propiedad Municipal”. Es otro predio, su nomenclatura es diferente a las que se vendieron por los instrumentos legales anteriores. La última norma sancionada deroga las ventas autorizadas en 1987 y 1989 para que el municipio recupere el control ya bajo la gestión de Julio Arturo Pángaro. Entonces Guzmán consigue “la tenencia precaria otorgada por el Art. 1* en la presente Ordenanza”, que “se realizará mediante un contrato por el usufructo del bien Municipal, el que no podrá exceder de 5 (cinco) años de acuerdo al inciso b), Art. 28o, Capítulo IV – ‘Concesión de Uso’, de la Ley Provincial 9.533 – Régimen de los Inmuebles del Dominio Municipal y Provincial”. En el mismo texto se deja expresamente sentado que Guzmán debería pagar un canon del 10 por ciento anual de la valuación fiscal de las tierras.
En síntesis, la mora del Estado en reclamar algo que le corresponde podría constituir un derecho para quien ha ocupado el lugar.
Claro que quedan muchas más tierras por investigar. Tal vez la más emblemática sea la del Tiro Federal, que entre gallos y medianoche pasó de un durísimo “echemos al usurpador” cuando venció el contrato de concesión de quien explota el camping para pasar a una construcción de proporciones violando aún el texto de una nueva Ordenanza que estipulaba la caducidad de toda adjudicación en zona de barrancas para ser destinadas al espacio público, cuya autoría corresponde al exedil Abel González.
De punta a punta, la ribera de San Pedro presenta curiosidades y necesidades, aunque revela la escasa voluntad de las gestiones municipales por ponerle luz a un negocio que ya se llevó demasiados paisajes.

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