El Municipio no deberá pagarle indemnización a la enfermera del caso Aldana Correa
La Cámara de Apelaciones revirtió el fallo de primera instancia que condenaba al Estado local a pagarle los salarios caídos desde 2010 a 2015, momento en el que Elisa Carmen Umeres fue despedida, tras la larga sucesión de medidas judiciales y administrativas relacionadas con la muerte de la pequeña Aldana en 1998, cuando la enfermera le aplicó una inyección con una medicación equivocada.
El caso Aldana Correa, la niña que falleció el 3 de junio de 1998 en el Hospital cuando le aplicaron una inyección con medicación equivocada, todavía sigue produciendo novedades judiciales. A casi 20 años, un nuevo fallo de la Justicia echó por tierra el reclamo económico de la enfermera Elisa Carmen Umeres, responsable de la situación.
En casi dos décadas, las dilaciones de los procesos penal, civil y administrativo en torno al tema dieron lugar a diversas situaciones. La última fue la que la Cámara en lo Contencioso Administrativo dio a conocer la semana pasada, cuando revocó el fallo de la Jueza de primera instancia y determinó que la enfermera del caso no tiene derecho a ningún tipo de resarcimiento económico, tal como pretendía.
El fallo de la Jueza Fulghieri señalaba que el Municipio no había cumplido con los pasos correspondientes del sumario administrativo luego de que en febrero de2010 la Justicia Civil condenara al Estado local a indemnizar a la familia Correa, por lo que dispuso que Umeres cobrara los salarios caídos desde esa fecha hasta el cierre del sumario, hecho que se produjo en 2015, cuando se firmó la cesantía.
Sin embargo, la Cámara consideró que no corresponde pagar ese reclamo –que con intereses y actualización monetaria ascendería a aproximadamente un millón de pesos–, luego de atender los fundamentos de la apelación presentada por el Director de Asesoría Letrada José Ignacio Macchia.
Una apelación exitosa
La decisión de los jueces Cristina Yolanda Valdez, Damián Nicolás Cebey y Marcelo José Schreginger, integrantes de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás revocó tras cuestionar el fallo original de la Jueza de primera instancia, María Isabel Fulghieri.
En defensa de los intereses municipales, el Director de Asesoría Letrada José Macchia argumentó que no había sentencia favorable en ningún ámbito para Umeres, quien ejerció su derecho de defensa en todas las instancias.
Los jueces entendieron que el Municipio ejerció su derecho de suspensión preventiva, la que fue recurrida por la enfermera y rechazada por el Estado local, sin que hubiera insistencia al respecto.
“La relación entre la separación y posterior cesantía radica en la potestad sancionatoria y disciplinaria de la Administración, que ha sido ejercida a través de las actuaciones sumariales”, señaló la Jueza Valdez en su voto, a favor de la apelación de Macchia.
“Al no determinarse la ilegitimidad del accionar del Municipio, cae la posibilidad de acceder a la reparación pecuniaria de los haberes caídos”, dice el fallo, que entendió que la Jueza Fulghieri tuvo “una interpretación forzada” al acceder al reclamo indemnizatorio, por lo que revocó esa decisión.
Casi 20 años en la Justicia
La pequeña Aldana Correa ingresó alHospital ese 3 de junio de 1998. La aplicación de una inyección con un medicamento que no correspondía le costó la vida. A la enfermera que la atendió, una causa penal y un sumario administrativo. A la Municipalidad, una reclamo civil.
La causa penal en contra de Umeres, por “homicidio culposo”, prescribió en la Corte Suprema, por lo que a pesar de haber sido condenada en primera instancia a tres años de prisión, pena ratificada en Cámara, el hecho de que el trámite durara más tiempo que el que debía cumplir como condena hizo que quedara sin efecto la responsabilidad atribuida.
La causa civil condenó a la Municipalidad a pagar una indemnización a los padres de la niña fallecida. Allí quedó expresado que la muerte de Aldana Correa se produjo por el accionar negligente de Umeres.
El sumario administrativo terminó recién el año pasado, cuando luego de cumplidos los términos del acuerdo indemnizatorio con la familia Correa, el Municipio dejó cesante a la enfermera, que estuvo suspendida sin goce de haberes desde que comenzó la investigación.