El Municipio le debe 173 millones a Celulosa San Pedro, por un litigio por 69 mil pesos de la era Barbieri
En 2006, un decreto rechazó una eximición del pago de tasa de seguridad e higiene con la que había sido beneficiada la empresa por el intendente de la Dictadura, Eduardo Donatti. La empresa pagó 69 mil pesos, pero advirtió que iría a la Justicia, donde le dieron la razón.
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El Municipio debe afrontar una deuda de más de 173 millones de pesos que reclama la empresa Celulosa San Pedro tras un fallo judicial que le dio la razón a esa compañía tras un litigio por 69 mil pesos que comenzó cuando gobernaba el intendente Mario Barbieri.
Todo empezó en 2005, cuando el gobierno de Barbieri le reclamó a Celulosa San Pedro una presunta deuda por tasa de seguridad e higiene. La empresa sostuvo que estaba eximida en el período reclamado, pero la Municipalidad siguió adelante.
Celulosa pagó los 69 mil pesos que le reclamaban, pero advirtió que iría a la Justicia por el caso. Finalmente, ganó en Tribunales: le dieron la razón, estaba eximida y no debería haber pagado.
Esos 69 mil pesos de 2005, hoy representan más de 173 millones, según el cálculo actualizado.
La empresa había sido eximida del pago de la tasas, entre ellas la de seguridad e higiene en el año 1977, mediante un decreto firmado por el intendente de facto Eduardo Donatti, que ocupó responsabilidades gubernamentales durante la última Dictadura cívico militar.
Esa exención corrió entre 1993 y 2002, puesto que empezaría a regir cuando la empresa operara a escala industrial. Sin embargo, desde 1999 el Municipio desconoció aquel decreto y en 2005 reclamó por la vía de apremio esos años en los que no cobró la tasa.
En 2006, ante la negativa de la empresa a pagar, porque consideraba que regía el decreto de Donatti, Barbieri firmó otro decreto mediante el que rechazó aquella eximición.
Con dictamen de la asesoría letrada de Rentas, sostuvo que carecía de validez porque la había otorgado un gobierno de facto que se arrogó potestades que eran competencia del Concejo Deliberante, clausurado durante aquellos oscuros años antidemocráticos.
La empresa firmó un convenio de pago, pero hizo reserva de su derecho a plantear en la Justicia la invalidez del decreto que dejaba sin efecto la eximición oportunamente otorgada. El juzgado Contencioso Administrativo le dio la razón.
La sentencia fue dictada y el Municipio, durante este año, pagó los honorarios al abogado de Celulosa San Pedro. Ahora, le toca la devolución de aquellos 69 mil pesos, que son hoy más de 173 millones.
En el Gobierno está en marcha desde hace unos meses un plan para acordar con la empresa una modalidad de pago relacionada con evitar el desembolso del dinero contante y sonante, por la vía de convenio para eximición de tasas o derechos que le correspondería abonar.
Un informe interno al que tuvo acceso La Opinión aconsejaba, desde disntintas áreas, analizar una compensación a través del derecho de vuelco de residuos en el Basural, puesto que la empresa llevaba su desechos al Ceamse.
La Dirección de Ambiente que conduce Gustavo Solá estaba a cargo de gestiones para confirmar la viabilidad, camino a ese acuerdo.

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