El Municipio contratará a un penalista para recuperar las casas usurpadas

Las causas penales relativas a la ocupación y construcción del Barrio San Francisco de Asís se acumulan, y la titular de la Asesoría Letrada de la Municipalidad, Doctora Paola Basso, se excusó de intervenir en las mismas, por considerar que se encuentran fuera de su especialidad.
Por ese motivo, el Departamento Ejecutivo Municipal ha decidido contratar un abogado de Capital Federal, para ocuparse de las diferentes cuestiones penales relacionadas con la ocupación y construcción del Barrio San Francisco. En la sesión ordinaria de mañana, el Honorable Concejo Deliberante tratará (y se descarta aprobará), la autorización del Departamento Ejecutivo para la contratación del Doctor Xavier Andrés López, por $ 24.000 por un año. Ni más ni menos que un abono de $ 2.000 mensuales.
Desde el Ejecutivo, argumentan que la contratación apunta esencialmente a “fortalecer la posición jurídica del municipio en la causa de las usurpaciones”, pero que lógicamente, también se le pedirá al mismo abogado que se haga cargo de la denuncia del Defensor Oficial Gabriel Gannon por incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, y la presentación del Bloque Justicialista en la Fiscalía de Estado de Juan Patricio Murray, por irregularidades y defectos en la construcción de las casas.

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Tenemos que recuperar las casas
Consultado el Secretario de Coor-dinación Dr. Facundo Vellón, en relación a si ese “fortalecimiento de la posición jurídica” obedecía a una intención por recuperar las casas usurpadas, el mismo respondió que “estamos ante la comisión de un delito” y se preguntó si “¿no tendríamos que hacer algo para recuperarlas?”. Aunque también reconoció que, ante la imposibilidad de llegar efectivamente alguna vez a un desalojo de las viviendas, intentarán al menos “perseguir a quienes usurparon para hacer negocios, porque esos son además de usurpadores, estafadores”. La intención del municipio, sería sostener el criterio que había propuesto inicialmente la Jueza que entiende en la causa: Que quienes realmente se ubican dentro de los requisitos para ser beneficiarios de un plan de viviendas de ese tipo, sean adjudicados “legalmente” a pesar de su condición de “usurpadores”, pero quienes no, puedan ser desalojados.

Las sospechas del justicialismo
El bloque de concejales Justicialistas, anticipó a “La Opinión” que durante la sesión de mañana, votarán negativamente la contratación del Dr. Xavier López.
El presidente del bloque, Jorge López, comentó que “son todas causas que no tienen a nadie para defender. El municipio como figura jurídica no fue el que puso más o menos ladrillos. Y si hay responsables, son individuales, y se tienen que defender solos”. “Al final, nosotros estamos denunciando y al mismo tiempo poniéndoles un abogado” dijo el edil. López manifestó también su disconformidad por la forma en que se eligió al abogado. “La Ley Orgánica prevé que cuando se excusa un profesional, se puede contratar a otro, pero habla de hacerlo a través de un listado, y acá no se abrió ningún listado”. Al mismo tiempo comentó que les “genera sospechas que sea el mismo abogado que defiende a dos funcionarios por la causa de los planes sociales”. “Tendría que haber sido un Estudio Jurídico de San Pedro” remarcó.
También dijo que la contratación, cuando el Juez comience a citar gente, “se entiende”, pero que ahora “no tiene sentido”. “El tipo va a estar un año para ir a ver papeles” remató.

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Un contrato, dos interpretaciones
Otra de las cuestiones que generó polémica, son los honorarios del penalista. Es que hay, al menos, un desentendimiento entre el Ejecutivo y los Concejales de la oposición al respecto de la vigencia del contrato, y por lo tanto, del monto definitivo de los honorarios.
El contrato, habla de una suma total de $ 24.040, de los cuales $ 7.000 se abonarán al momento de la aprobación del mismo y la suma restante en 12 cuotas mensuales, de $1.420.
Según el Dr. Vellón, con ese dinero, se paga el servicio del abogado, hasta el final de las causas. Sin embargo, la interpretación de los justicialistas es muy diferente.
El contrato, en su artículo segundo dice que el mismo “tendrá vigencia de un año, contado a partir de su aprobación por el Honorable Concejo Deliberante, transcurrido dicho plazo se producirá su vencimiento de pleno derecho, sin necesidad de notificación alguna, salvo que las partes acuerden, en forma expresa y por escrito, la renovación del mismo”.
Para Jorge López, está claro por esta cláusula, que “los honorarios son anuales”, y por eso opina que “el precio es excesivo por una defensa de un año, distinto seria si fuera por toda la causa”. El concejal opinó que ese tipo de causas “pueden demorar más de 3 o 4 años”, y que entonces, en esos valores, el servicio de Xavier López podría llegar a terminar costando $ 96.000.
“La Opinión” consultó en ese sentido, a un prestigiosísimo abogado penalista de la zona, quien coincidió con López en que, “esas causas demoran eternidades”, y que un precio “razonable” para llevarlas hasta su desenlace serían $ 20.000. “Esas causas se llevan de taquito” dijo el abogado.
“Además, el municipio no debería haber contratado un abogado de Capital Federal. Con cualquier estudio de San Nicolás hubiera tenido diez veces más éxito. Nunca conviene contratar a alguien que no trabaje habitualmente dentro del Departamento Judicial en el que se desarrolla la causa”, opinó.
En relación a esto, el Secretario de Coordinación de la Municipalidad aseguró a “La Opinión” que hay una equivocación en la interpretación que hace el bloque justicialista del contrato, y que los $24.000 de honorarios, son “por toda la causa”.

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