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    El monumento al robo y la chatarra

    El seguimiento de la subasta reveló las dificultades que el Municipio tiene desde hace una década para cumplir con la normativa relacionada a la proteccón de las motos secuestradas y que luego pasan a ser patrimonio público.

    9 de septiembre de 2015 | 14:05
    El monumento al robo y la chatarra

    El anuncio de un  remate de motos en el mes de mayo y la llegada de un rematador fueron el puntapié inicial para que La Opinión publicara un informe que –guste o no– abortó la posibilidad de una subasta poco clara para bienes incautados y en custodia del Estado local.

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    Sin querer, desde ese momento comenzó a deshilarse una madeja que consolida conductas delictivas que terminan legalizadas por el propio municipio, el Juzgado de Faltas, la Policía y la Justicia.
    Parece exagerado, pero el raciocinio y la lógica invitan a reclamar por un desempeño ordenado y a la búsqueda de responsables que paguen por su acción o negligencia.

    Las motos que han sido secuestradas en la vía pública durante la última década forman una montaña de restos de vehículos que cuesta y costará clasificar aunque desde el área de inspección se sostenga que “todo está en un listado”. Bajo el alero externo de un galpón que fue alquilado por la municipalidad se emplaza el monumento en homenaje a la inoperancia y la complicidad de varias gestiones de gobierno.

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    No hace falta ser un genio para entender que las explicaciones oficiales chocan con el sentido común y violentan todo principio de honestidad en el ejercicio de las funciones.

    No se sabe cuándo y cómo empezó pero sí cómo termina el patrimonio de los ciudadanos en manos de ladrones comunes y de los de guante blanco siempre protegidos por la indiferencia del funcionariado.

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    Estos rodados que fueron retenidos por falta de documentación o por circular en infracción fueron guardados en depósitos cuyos alquileres pagaron todos los contribuyentes para que sean custodiados por personal que también abonan los ciudadanos. Estos vehículos entonces, pasados los seis meses en los que no son reclamados o recuperados, pasan al patrimonio municipal hasta tanto sean compactados o rematados según lo permite la ley, cumplidos los pasos para darlos de baja en el Registro Automotor y una vez que se comprueba que no han sido producto de un robo.

    Se presume entonces que una parte de los infractores no pagó la multa y no retiró su vehículo del depósito; se presume que los que carecen de documentación pueden haber sido robados; se presume que por tener una procedencia ilícita alguien fue víctima y a la vez dueño del rodado; se presume que si chasis y motor no coinciden con denuncia, debe existir un desarmadero que los pone en condiciones de circular; se presume también que en el caso de los más nuevos puedan ser parte de los bienes de una concesionaria que los vendió lícitamente y cuyas cuotas están impagas; se presume que quien ha comprado una motocicleta con pagos diferidos opta por adquirir una nueva para no pagar la multa y el saldo de la anterior; se presume que quien está a cargo de vigilar que los elementos secuestrados no se deterioren ya sea para devolverlos en el mismo estado o para preservar su valor; se presume en síntesis que hay alguien velando por lo que es de todos; sólo se presume.

    Las fotos son una afrenta tanto para quienes han sido víctimas de un robo como para quienes por el sólo hecho de ser parte de esta sociedad pretende comportamientos transparentes.

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    No hay un solo vehículo en esa montaña que posea todos sus repuestos. Si fueron secuestrados en plena circulación no pueden faltarle ruedas, motores, escapes, cableado, asientos, accesorios.

    Hilando un poco más fino, también se supone que el combustible de tanta chatarra al menos haya sido acopiado para alimentar algún vehículo municipal. Entonces ¿Quién ha robado todo lo que falta?

    Son pocas las respuestas para tan elemental pregunta porque el círculo se cierra sobre muy pocas personas. Todo ello sin contar las decenas que han desaparecido completas ya sea por connivencia o por falta de seguridad. Sin ir más lejos, la profusa difusión que tuvieron los videos y las imágenes difundidas por este medio desde el pasado viernes animó a los ladrones a llevarse varias piezas durante el fin de semana huyendo y cortando alambrados de campos linderos, como lo vienen haciendo desde hace más de un mes y con una periodicidad que despierta aún más sospechas.

    Nadie pagará ni será sancionado por un delito que se termina naturalizando por obra y gracia de la impunidad con la que se gobierna en medio de una crisis que hace que “lo de las motos sea una boludez”. Bueno: no lo es.

    En otro galpón donde los rodados secuestrados en el último período están ordenados y supuestamente clasificados, los registros están en un cuaderno. Sí, en un cuaderno y anotados cual libreta de almacenero. Se presume que alguien debía clasificarlos; se presume que otro debería publicar los números de motor y chasis para que los damnificados por robo puedan recuperarlas y enterarse de su procedencia; se presume que además del cuaderno hay un registro en una computadora para cotejar con las denuncias que posee la policía y la Fiscalía; se presume que el cruzamiento de datos se cumple con periodicidad semanal; se presume que toda persona que no paga su multa para recuperar su vehículo ha sido notificada una y otra vez de manera directa y a través de publicaciones en el Boletín Oficial y por qué no en la página web del municipio; se presume que entre los más de 1200 empleados municipales hay algunos capacitados para clasificar por marca y orden alfabético los chasis; se presume que por cada rodado hay un acta y un archivo; se presume lamentablemente que muy poco de lo que se presume se concreta en la realidad.

    Se consolida así la idea de que un primer robo con su posterior intercambio de motopartes será inexorablemente sucedido por otro robo que se perpetrará dentro o fuera de un espacio cerrado que renta el municipio y que como conclusión habrá un tercer robo a la ciudadanía toda vez que no se custodian los bienes que, de no ser reclamados, ingresan al patrimonio público.

    Cabe pedir a los responsables la investigación de tantos ilícitos la confección de un prolijo inventario de todos y cada uno de los restos que aún reposan a la intemperie, aunque más no sea para que aquel que después de varios años sigue buscando en las calles su herramienta de traslado obtenga al menos un indicio que le permita con todo derecho recuperar un pedacito de lo que queda tras el saqueo que amparó y ampara un municipio a todas luces ineficiente hasta para lo mínimo.

    Aquí no se puede culpar a la crisis financiera ni a la falta de personal, ni al oficialismo o a la oposición. Aquí hay responsables directos de robar y dejar que roben aunque el final sea un remate o subasta en el que los mismos damnificados terminen comparando como chatarra aquello que le han arrebatado.

    Se presume también que lo que aquí se escribe logre alguna acción de cara al modo en que debe organizarse la confiscación de vehículos y su correspondiente custodia y registro.

    Una ideíta
    ¿Publicar semanalmente los datos y fotos del vehículo secuestrado será tan difícil en época de celulares y portales digitales?

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    • Edición N° 1223
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