El mapa de las construcciones sin declarar en San Pedro
Un trabajo de la Secretaría de Economía que empezó el año pasado con un cruce de información con Arba y el uso de herramientas satelitales permitió detectar una gran cantidad de construcciones y mejoras en viviendas que no fueron declaradas al Estado. En la ordenanza impositiva aprobada en diciembre figura un "plan de sinceramiento de derechos de construcción" tendiente a regularizar el tema. “Estamos trabajando en eso", dijo esta semana el contador Hernán Abatángelo.
A fines del año pasado, cuando preparó las ordenanzas fiscal e impositiva para el Presupuesto 2018, el equipo de Economía del gobierno municipal, encabezado por el secretario en uso de licencia, Mario Sánchez Negrete, y el director de Rentas, Hernán Abatángelo, elaboró una serie de mapas que muestran dónde están los deudores de las distintas tasas.
Red Vial; Seguridad e Higiene; Servicios Sanitarios; y Alumbrado, Barrido y Limpieza forman parte de esa tarea, que quedó registrada en mapas elaborados con el sistema de mapeo digital Carto (Cartografía Territorial Operativa), creado por la Agencia de Recaudación bonaerense, Arba.
Además de marcar en ese mapa cuáles son los inmuebles que registran deudas, el gobierno conformó uno en el que aparecen todas las “mejoras no declaradas”. Es decir, construcciones que fueron apareciendo sin que pasaran por la Municipalidad a pagar el denominado “derecho de construcción” previsto.
Cuando fueron a explicar el presupuesto 2018, Sánchez Negrete y Abatántelo explicaron a los concejales el denominado “plan de sinceramiento de derechos de construcción”, que apareció en la ordenanza impositiva como ítem a autorizar por el Concejo Deliberante con la aprobación de esa norma.
Entrando en la mitad del año del ejercicio fiscal, el gobierno todavía no puso en marcha el programa anunciado, que consiste en convocar a quienes construyeron sin declarar para que lo hagan y paguen un tributo diferenciado que fue establecido en la ordenanza impositiva que está vigente.
“Estamos trabajando en eso. Cuando tenga organizado el tema, tendran novedades”, dijo el secretario de Economía interino y director de Rentas, Hernán Abatángelo, consultado por La Opinión respecto de los avances del denominado “plan de sinceramiento de derechos de construcción”.
Además de marcar en ese mapa cuáles son los inmuebles que registran deudas, el gobierno conformó uno en el que aparecen todas las “mejoras no declaradas”. Es decir, construcciones que fueron apareciendo sin que pasaran por la Municipalidad a pagar el denominado “derecho de construcción” previsto.
Según la ordenanza impostiva, los derechos de construcción se pagarán de la siguiente manera: construcciones, ampliaciones o modificaciones deben abonar un gravamen cuyo costo es del “uno por ciento del monto de obra declarado en la planilla de liquidación de honorarios del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, presentada en expediente de obra para visado municipal”.
“Cuando se trate de construcciones a las que les correspondan tributos sobre la valuación y por su índole especial, no puedan ser valuadas conforme a lo previsto precedentemente, el gravamen se determinará conforme al valor estimado de las mismas”, aclara la ordenanza.
La solicitud de aprobación de planos con una antigüedad de construcción que vaya entre 1998 y diciembre de 2018 pagarán un 200 por ciento de recargo, según establece la norma en el apartado en el que se deja asentada la modalidad del “plan de sinceramiento”.
Las “mejoras” por las que se pagan derechos de construcción incluye piletas de natación, canteros y también las refacciones que no modifiquen la superficie ni la distribución interna de la propiedad. El gravamen tiene en cuenta si hay afectación de la vía pública o no. Las demoliciones también deben ser declaradas y tributan.
La ordenanza prevé una inspección de obra trimestral obligatoria. Por cada visita se debe pagar un monto “equivalente al 4 % del valor correspondiente a los Derechos de Construcción” que la obra paga según el inciso uno del artículo que los regula.
En 2014, el Colegio de Arquitectos local denunció la “proliferación de obras particulares con un control mínimo o sin control municipal” y señaló una gran cantidad de construcciones en proceso sin el cartel reglamentario
Allí advertían que esas obras “no cumplen con las normativas mínimas de los códigos municipales, ya sea de áreas cubiertas, áreas libres, dimensiones mínimas de locales, escaleras antirreglamentarias, incumplimiento de las leyes de seguridad de prevención de incendios”.
Antes, en 2012, la oposición en el Concejo Deliberante —con miembros que hoy forman parte de Cambiemos en el Ejecutivo y en el Deliberativo— había elevado un pedido de informes. “Hay un incumplimiento de los requisitos y de control, queremos saber cuántas obras se hicieron, cuánto dinero ingresó y cuánto quedó sin ingresar”, había dicho entonces Sánchez Negrete.