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viernes, febrero 26, 2021

El último conflicto en Coplac reavivó las dudas sobre la empresa

La fábrica brasileña de alfombras para automóviles fue escenario de un reclamo salarial la semana pasada, por la presencia de empleados que fueron contratados a través de una tercerizadora, que pasaron a planta. Habilitación municipal, disposición final de residuos, informes de seguridad e higiene, parte de sus problemas.

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Los empleados de la Compañía de Planeamiento Acústico (Coplac) mantuvieron la semana pasada un paro que finalizó el jueves, en reclamo por el despido de dos empleados de planta, que desató el conflicto relacionado con la presencia de 50 trabajadores pertenecientes a la tercerizadora Catanzaro Group, de un total de 120 que cumplen tareas en la fábrica.
No sin tensión –con la gerencia y con sus propios representantes gremiales–, los trabajadores lograron que la empresa brasileña tomara a todos como empleados propios. La diferencia entre los tercerizados y los de planta estaba en el sueldo: alrededor de 4.500 para los primeros, y entre 6.500 y más de 7.000 los segundos.
Aun solucionado ese tema, los problemas y reclamos continuarán, porque esta empresa no es precisamente un “modelo”.
La información disponible en el Municipio indicaría que no cuenta con habilitación activa y que las quejas por los problemas de seguridad e higiene planteados por los trabajadores son más que justos. No siquiera habrían presentado el informe de redes de incendio, de acuerdo a lo informado a La Opinión por fuentes del Gobierno.

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Créditos y denuncias
El último contacto que funcionarios del Ejecutivo mantuvieron con el responsable brasileño de la planta, éste no habría mostrado demasiado interés en cambiar el sistema de filtro y ventilación. “Van a empezar a caer las denuncias”, sostuvo una fuente del Gobierno que conoce la situación.
La semana pasada, desde el Ejecutivo mantuvieron conversaciones con el Organismo para el Desarrollo Sustentable (Opds) provincial, que ya recibió en varias oportunidades las múltiples denuncias que hizo el Municipio a la empresa por la mala disposición final de sus residuos, que son indestructibles.
Coplac supo incendiar los restos de alfombra en la propia planta y en campos linderos, y enterrarlos en predios distantes, alquilados. En todos los casos, era ilegal.
El año pasado, en plena campaña electoral, la planta fue recorrida por el Jefe de Gabinete del Gobierno provincial, Alberto Pérez; el entonces Ministro de Desarrollo Social Martín Ferré; y el ahora Ministro de Asuntos Agrarios, Alejandro “Topo” Rodríguez; con ellos estaban el Intendente Guacone y el ahora concejal Dalmy Butti.
En ese marco hubo acercamientos para que la fábrica cumpliera con la normativa vigente, para lo que el Estado local acercó a los funcionarios provinciales, con la posibilidad de lograr alguna línea de crédito que permitiera evitar la advertencia que Coplac supo hacer cada vez que le marcaron dónde tenía falencias: la pérdida de las fuentes de trabajo.
“El problema es que se escudan con la gente y dicen que si invierten tienen que sacar empleados”, escuchó La Opinión en una conversación que mantuvieron dos funcionarios municipales en Palacio. “Era difícil hacerles entender a los dueños que hay que adecuarse a las leyes de este país”, dijo alguna vez el concejal Nicolás Macchia, que supo ser abogado de la compañía.
En el Gobierno no hay ánimo de “perseguir” a las industrias que generan mano de obra y son fuente de la manutención de cientos de familias, pero buscan la forma de que todos cumplan con lo que deben.
“La política de las empresas es que el trabajador trabaje a cualquier costo; nunca falta el que te diga que cierra y que te va a mandar a la gente a la puerta de la Municipalidad”, confió un funcionario cercano al Intendente.

La salud de los empleados
En materia de seguridad e higiene, los empleados y la empresa arribaron “a un acuerdo para trabajar de manera correcta para que no afecte la salud del trabajador”, de acuerdo a lo que explicó el delegado del gremio Setiea en la planta, Flavio Gorbarán.
“Acordamos modificaciones de manera progresivas, en corto plazo”, informó. En Coplac no habría problemas edilicios, pero el personal reclama extractores de aire, porque en el sector donde se elabora el algodón que compone las mantas, habría peligro para la salud.
“Lleva un componente que se llama resina fenólica, que al ser denso, quedaba suspendido en el aire, y en contacto con los trabajadores provocaba alergias, bronquiolitis y otras enfermedades. Necesitamos que las partículas ya no queden en el aire”, señaló Gorbarán.
El sindicalista informó que “hubo mucha gente que renunció al trabajo porque no aguantaron las condiciones, porque era como que estaban respirando talco”. En la última visita de este semanario al interior de la fábrica, como en tantas otras, no dejaron ingresar a los periodistas al espacio de producción.

Cinco años de idas y vueltas
Vanderlei Rezende Da Costa Sales y José Luiz Lima Ricardo son los socios propietarios de esta empresa. Rafael Ricardo, hijo del segundo, es el Gerente de la planta. La fábrica funciona en la ciudad desde 2009, cuando tras varias idas y vueltas comenzó la producción en el predio ubicado sobre Crucero General Belgrano.
El último gran conflicto terminó con la participación de Catanzaro y una extraña situación que señalaba el arribo del sindicalista Víctor Hugo Ríos como “encargado de personal”, algo que luego fue desmentido a pesar de que dentro de la planta circulaba un documento que lo anunciaba como tal.
Antes, habían desligado al Gerente Alberto López Alonso, al asesor legal Nicolás Macchia y al estudio contable Geoghegan. Desde entonces, el abogado Sergio Villarruel es el referente para las mediaciones.

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