El Gobierno puede rematar y compactar vehículos secuestrados
Pasados los 180 días desde el secuestro, el Ejecutivo puede disponer de motos, autos, camiones y camionetas, si nadie los reclamó. Los que estén en condiciones de circular pueden ser utilizados por el Municipio o cedidos a instituciones, o bien rematados. Los que no estén aptos para rodar, serán compactados. Hubo debate en el Concejo.
En tiempo récord y con quejas de la oposición por la falta de debate en comisión, el oficialismo y sus aliados aprobaron el régimen de disposición de vehículos que permitirá afectar al municipio o a entidades de bien público, rematar o compactar todas las motos, autos, camiones y cualquier otro rodado que sea secuestrado en operativos de control de tránsito, que no hayan sido reclamadas tras seis meses de depósito.
El Ejecutivo tenía premura para la aprobación de la norma, ya que, tal como quiso y no pudo Manchone el año pasado, buscan dejar de alquilar tres espacios para contener los vehículos secuestrados, cuyo número aumenta ante cada operativo de control.
La norma aprobada el lunes -no sin un debate que presagia lo que vendrá en el Concejo- establece el régimen mediante el que se dispondrá de los rodados una vez que los dueños hayan perdido del derecho a reclamo.
Afectar, subastar, compactar
Para disponer de los vehículos secuestrados que no hayan sido retirados en los 180 días subsiguientes, el Ejecutivo debe primero publicar en Boletín Oficial y en un diario local por al menos un día la medida elegida para el vehículo en cuestión, de manera tal de intimar al titular a que pague multas, derechos de oficina, accesorios, honorarios y guarda en depósito (eso solo cuesta 300 pesos diarios, es decir 54 mil pesos en 6 meses), con actualización e intereses.
Si no se presenta, el vehículo será considerado “abandonado” y el Municipio podrá disponer de él de acuerdo al estado en que se encuentre: compactación, si no puede rodar; subasta pública; afectación al Estado o a entidades de bien público.
Para que todo ello pueda suceder, la Dirección de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad que conduce Eduardo Roleri debe clasificar en “apto” o “no apto” para rodar a cada moto, auto, camión, camioneta, etc. que se encuentre en los depósitos, “por ante funcionario público y/o escribano público”, según dice el texto.
Para pasarlos al patrimonio municipal con fines de uso, los vehículos no reclamados deberán pasar por la verificación técnica obligatoria.
Para los remates, deberá publicarse la fecha y hora de la subasta, con descripción de los rodados ofrecidos. Un martillero matriculado en la jurisdicción del municipio será el encargado de oficiar el acto, con la intervención de un funcionario del Gobierno. También está prevista la “subasta electrónica”, sobre cuyos detalles no versa la ordenanza sancionada.
La compactación corresponde también a autopartes, piezas, rezagos, cascos o restos de vehículos considerados como chatarra y aquellos que ya no estén en condiciones de circular.
Los afectados o rematados gozarán de la condonación de las infracciones y dudas contraídas, con excepción de los reclamados por sus titulares.
Sin números oficiales
El Gobierno reconoció en el proyecto de ordenanza que no posee datos acerca de la cantidad de vehículos acumulados en los depósitos. El año pasado, Manchone intentó sistematizar la información disponible, que estaba volcada en cuadernos, a mano, y tenía un listado que fue remitido al Registro de la Propiedad Automotor para su verificación previa, antes del remate que nunca fue ni, hay que decirlo, podría haber sido en las condiciones en que estaba planteado.
Los únicos vehículos que no serán sometidos a algunas de las posibilidades previstas son aquellos que están bajo la órbita del Poder Judicial, lo que implica que se deberán cruzar los datos de todos los que existen con los que tienen pedido de secuestro activo por estar relacionados con la comisión de delitos.
El oficialismo hizo valer el número
El proyecto de ordenanza fue sancionado en sesión extraordinaria el lunes. El oficialismo había querido tratarlo sobre tablas en la anterior, pero no logró el consenso necesario y decidió aceptar el pase a la Comisión de Peticiones que preside Sergio Rosa, de Cambiemos. Una vez allí, en una sola reunión, obtuvo dictamen.
Antes de la sesión, el oficialismo manifestó su intención de modificar tres artículos en la reunión de Labor Legislativa, aunque el expediente ya tenía dictamen. Ante ello, el tratamiento comenzó una hora después de lo previsto.
El resultado de la votación fue 14 a 4. Cambiemos, Frente Renovador y Dalmy Butti votaron a favor. El Frente para la Victoria y Américo Quintana, en contra.
Además de la “falta de debate en comisión”, los que rechazaron la propuesta se quejaron, en general, por al “apuro” en el tratamiento y por el hecho de que los concejales que responden a Salazar hicieron valer el número: sus 10 concejales les alcanzaban para aprobar la norma sin si quiera este debate que se vio en sesión extraordinaria, que presagia lo que sucederá desde la semana que viene.
