El Gobierno provincial no acusó recibo de la conmoción que causó el asalto y posterior asesinato de un policía

Todavía se escucha el eco de las voces de miles de personas que la semana pasada caminaron desde la Comisaría o desde el centro hasta la Municipalidad en reclamo de mayor seguridad tras el asalto a la joyería Taibo, a media cuadra del Butti, de tarde y a cara descubierta, que terminó con un policía asesinado y otros dos heridos.
Es que son pocos los que han acusado recibo de tamaña muestra de descontento, más allá de las problemáticas puntuales planteadas por los efectivos policiales o por las organizaciones de la sociedad civil que trabajan constantemente con la problemática de seguridad/inseguridad.
Ese día cerraron la mayoría de los comercios y se plegaron a una marcha que tenía cuatro cuadras de participantes. Un militante político recordó que no veía tanta gente junta frente a la Municipalidad desde la asunción de Guillermo Farabollini, de lo que la semana que viene se cumplen 30 años.
Los que salieron a reclamar lo hicieron porque el hecho de la joyería cruzó todos los límites, esos que cada vez son más laxos en la violenta sociedad actual. Tal vez por ello muchos se fueron de la marcha cuando el discurso de los que estaban contra la puerta del municipio que da al despacho del Intendente también se puso violento.
Las respuestas son pocas y pobres. Al otro día de la masiva manifestación vino a la ciudad Fernando Jantus, Subsecretario de Logística y Coordinación del Ministerio de Seguridad que conduce Alejandro Granados. El exintendente de Ezeiza fue a San Nicolás para participar del velatorio del policía Juan Gabriel Reyna pero no pasó por San Pedro, donde estaba la bronca, la impotencia, el dolor y la sangre todavía fresca en pleno centro de una ciudad que supo jactarse de su tranquilidad.
Jantus salió de una reunión en la que hubo gritos para contar los seis puntos del acta que firmaron. 1) Control de accesos a la ciudad; 2) Establecimiento de la Dirección de Narcotráfico; 3) Establecimiento de la Dirección de Investigaciones; 4) Planeamiento y trabajo con Gendarmería Nacional sin límite de tiempo; 5) Entrega para la zona rural por parte del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires de una camioneta 4×4 en el mes de diciembre de 2013; 6) Los estudiantes de la Escuela Juan Vucetich que funciona en la ciudad de Ramallo, luego de ser asignados al Operativo Sol y capacitarse, serán destinados, en principio, al lugar de origen.
Casi un chiste. El año pasado, en octubre, una no tan masiva manifestación obligó al Ministro de entonces, Ricardo Casal, aún funcionario en la cartera de Justicia, a encabezar un encuentro en el Palacio Municipal. Bien lo dijo en sesión Noemí Bordoy: “Vino a guitarrear, estuvo guitarreando y quedaron todos embelesados”.
En aquella oportunidad, las respuestas fueron las mismas de siempre, las que el Gobierno de Daniel Scioli le ha dado a San Pedro en la materia cada vez. Promesas. Más patrulleros, más efectivos, con optimismo.
Sin embargo, no sólo nunca cumplieron sino que además el Ejecutivo municipal, el más deficitario de la historia, erogó en lo que va de 2013 la suma de 1.128.706.86 pesos, correspondientes al Fondo de Seguridad que maneja la Secretaría de Gobierno que conduce Javier Silva.
Esa cartera informó que el Municipio tiene a su cargo nueve móviles policiales, entre ellos los que corresponden a los destacamentos de Río Tala, Gobernador Castro y Santa Lucía; uno de la Patrulla Rural; tres de la Jefatura Distrital; y dos de la comisaría.
El informe difundido señala que esa dependencia municipal “ha erogado la suma de $ 946.206.86, en concepto de mantenimiento (Combustible, gas, aceite, filtros de aceites, reparaciones mecánicas, etc.)” y agrega: “También en concepto de compras de cubiertas la suma asciende a $ 130.000, y se adquirieron equipos de GNC por un monto de $ 52.500”.
Más de un millón de pesos que deberían haber salido de un Gobierno provincial que se da el lujo de suspender un incremento del impuesto inmobiliario rural cuya recaudación destinaría a la seguridad. El mismo Gobierno provincial cuyo funcionario responsable de atender los reclamos sampedrinos vino a pedir “colaboración” del municipio.
Todo el arco político opositor local, por su parte, atinó apenas a cuestionar tanto al Municipio como a la Provincia. Incluido el hasta no hace mucho candidato por el kirchnerismo y aliado de Guacone Daniel Monfasani, hoy electo diputado por el Frente Renovador de Sergio Massa, convertido en uno de los críticos más duros de la gestión Scioli.
Tan es así que el jueves pasado contó públicamente, por primera vez, la pelea que tuvo con Casal cuando el Ministro vino a San Pedro. Algo que La Opinión alguna vez escuchó en off: caliente discusiones entre un Presidente del Concejo Deliberante que, es cierto y hay que decirlo, pocas veces fue obsecuente con sus superiores políticos circunstanciales.
“Es una vergüenza que el nuevo Ministro Alejandro Granados no haya venido y en su lugar envió a un funcionario de cuarta línea”, le dijo al Gobernador en una nota, que Scioli recibió por fax en su Secretaría Privada.
“Le quiero decir lo que los funcionarios municipales y el Intendente Pablo Guacone no se animan a decirle, desde ya bajo mi exclusiva responsabilidad: la verdad, Sr. Gobernador, da la impresión que a Usted la Inseguridad existente en la ciudad de San Pedro nunca le preocupó en lo más mínimo”, disparó Monfasani en la carta.
Como el diputado provincial por la cuarta sección y excomisario local Guillermo Britos, denarvaísta lanzado a la candidatura por la intendencia de Chivilcoy, tierra del Ministro nacional Florencio Randazzo, Monfasani anunció que presentará un pedido de informes cuando asuma en la Legislatura provincial.
Los concejales coincidieron en el análisis (ver página 6). Pocos de ellos estuvieron en la marcha.
Hoy se cumplen ocho días del episodio. Jantus les dijo a los que participaron en la reunión que volvería en quince días, es decir la semana que viene. Mientras tanto, la policía sigue comprándose los elementos que necesita para su tarea (ver página 4); el Ministerio de Seguridad dice que mañana será mejor; la Justicia se encuentra con efectivos de la Bonaerense involucrados en delitos graves.
La población, preocupada y movilizada la semana pasada, parece haber vuelto a la normalidad del trajín cotidiano. Hasta que un nuevo hecho nos sorprenda a todos. Hasta que otra muerte sacuda la abulia de una sociedad que las más de las veces mira para otro lado, hasta que un día llamen a su puerta y puede que sea demasiado tarde.

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La cuarta espada
La investigación a cargo de la Fiscala Gabriela Ates avanza. La semana pasada, los tres detenidos fueron llamados a indagatoria, trasladados desde el penal de San Nicolás, donde permanecen alojados.
Mario Rubén Domine Sieben y Facundo Hernán Díaz, atrapados el mismo día del robo a la joyería Taibo se negaron a declarar mientras que el tercer delincuente, Lucas Balcaza, lo único que dijo es que no sabe manejar automóviles, a pesar de que fue apresado en Arrecifes acusado de manejar el Volkswagen Gol en que los delincuentes arribaron al comercio.
La policía sigue cumpliendo con órdenes de allanamiento libradas por el Juzgado de Garantías interviniente, a pedido de Ates. En San Pedro, buscan a quien sería el cuarto involucrado, un reconocido delincuente local, que habría facilitado logística para la comisión del delito.
Entre tanto allanamiento, la policía detuvo a Juan Mariano “Chizito” Cabrera, otro de los “nombres conocidos”, quien tenía pedido de captura por tentativa de homicidio

Poliladron detenido
Al cierre de esta edición fue detenido el Oficial Principal Facundo Actis, que se desempeñaba en la DDI local y había sido trasladado a la zona de Zárate-Campana. Su detención obedece a que las pruebas recolectadas en el caso del robo a un campo por parte de efectivos policiales uniformados permitieron acreditar su participación, al menos con el grado de certeza suficiente para que Asuntos Internos tomara la medida junto a la Fiscalía.
El lunes, el Fiscal Marcelo Manso salió al cruce de las versiones que indicaban que su convocatoria a una rueda de reconocimiento con policías podría haber dejado desprotegida a la ciudad a la hora del robo. Informó que ese día eran nueve los efectivos citados, en el marco de la investigación por ese grave delito que involucra a uniformados.
“Utilizaron un móvil oficial, uniformes que le provee el Estado y las armas reglamentarias”, detalló y agregó: “Los reconocimientos dieron negativo, pero vamos a profundizar la investigación, tenemos cuatro partícipes y uno está identificado”. Ese es Actis, detenido ayer.
Su detención se suma a los múltiples sumarios administrativos que tramita la Dirección de Asuntos Internos, varios de los cuales tienen causa penal por diversos ilícitos: violencia de género, robo de un motor, connivencia con delincuentes, interrupción de procedimientos, destrucción de pruebas, entre otras cosas.
“Empezaron a correr versiones de que esto sucedió porque se había convocado a policías a ruedas de reconocimiento. Hay personas que hicieron correr esa versión y que serán indagados en los próximos días, por hechos que sucedieron el año pasado. Como las causas empiezan a tener soluciones, empiezan las presiones”, dijo Manso.

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