El gobierno espera el borrador del convenio para adherir a la Policía Comunal
La semana pasada, desde el Municipio informaron a quienes marcharon por seguridad que “en un mes” la policía Local y la de la Comisaría se fusionarán y dependerán directamente del intendente. El expediente fue iniciado en el Ministerio de Seguridad, pero todavía no está claro en qué términos será el traspaso.
La marcha por seguridad y justicia convocada por comerciantes la semana pasada permitió que el gobierno revelara sus intenciones de crear en San Pedro la Policía Comunal, para que la fuerza de seguridad bonaerense dependa directamente del intendente Cecilio Salazar.
En una jornada en la que los dardos apuntaron a los jueces de Garantías –que no hablan mucho con la prensa pero cuando lo hacen no dejan de señalar que ellos aplican las leyes y que la prevención no les corresponde–, y mientras el intendente recorría la obra de urbanización del asentamiento precario conocido como barrio El Argentino, los funcionarios que recibieron en Palacio a los representantes de los manifestantes pusieron el acento en el traspaso a la órbita municipal de la estructura policial.
El secretario de Gobierno Silvio Corti, su par de Seguridad, Eduardo Roleri, el director de Coordinación Policial, Juan Carlos Agüero, el concejal presidente de la Comisión de Seguridad, Damián Lafalce, y sus compañeros de bloque Iván Paz, Juan Garavaglia y Eduardo Pelletier fueron los voceros. Eran más los políticos que los representantes de comerciantes y vecinos, que afuera tampoco eran muchos, por cierto, y apenas si duplicaban la cantidad de uniformados convocados para custodiar la Municipalidad.
“El mes que viene, la Policía Local y la Comisaría se van a unificar para que sea Policía Comunal, se van a fusionar”, reveló uno de los comerciantes que participó de la reunión ante el resto, cuando salió.
La novedad, que pareció expresada como un hecho, todavía no es más que una solicitud del gobierno de San Pedro al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. Presentada hace cuatro meses, la propuesta podría llegar a buen puerto con la firma de un convenio en el transcurso de septiembre, aunque en Palacio saben que todavía debe correr bastante agua bajo el puente.
La modalidad de Policía Comunal, que corresponde a ciudades de menos de 70.000 habitantes que deseen adherir, fue creada durante la gestión de Felipe Solá y León Arslanian. El plan fue darle injerencia directa a los intendentes, que se hacen cargo de la conducción de la policía de seguridad de su distrito.
En 2014, el entonces gobernador Daniel Scioli creó la Policía Local. La camada que se formó en San Pedro fue la última de esa fuerza de proximidad, luego de que la gobernadora María Eugenia Vidal decidiera el traspaso de esos oficiales a la Bonaerense. Puede verse en las calles de la ciudad: ya no hay “pitufos” y todos los egresados de la escuela que vestían el uniforme celeste hoy patrullan con el clásico azul de los “Patas negras”.
En la zona, Baradero tiene Policía Comunal desde la era Carossi y Ramallo adhirió este año.
Para que el traspaso se haga efectivo tienen que suceder dos cosas fundamentales: la firma del convenio entre el Ministerio de Seguridad y el Municipio, y su convalidación por parte del Concejo Deliberante.
Del convenio todavía ni siquiera hay borrador para el debate. En el gobierno local esperan dejar plasmada una serie de compromisos de corto plazo por parte de Provincia, que se traduzcan en el envío inmediato de patrulleros y efectivos.
El Ministerio de Seguridad seguiría pagando los sueldos del personal y el Municipio recibiría transferencias para el sostenimiento de la operatividad cotidiana. En el gabinete local entienden que esos recursos estarán garantizados.
La ley dice que los recursos “se determinarán al suscribir el convenio en función de” ítems como “la cantidad de habitantes, la superficie territorial y el índice de criminalidad”, que en San Pedro es el más alto del departamento judicial. Cada año, cuando se formule el presupuesto provincia, podrán revisarse.
Para “sueldos, horas extraordinarias, combustible, mantenimiento y reparación de vehículos, entre otros” son los fondos que debe enviar Provincia, aunque a nivel municipal el gobierno invierte en combustible, reparaciones de patrulleros, alquiler de la Jefatura Distrital, entre otros gastos.
Salazar quiere ponerse al frente de la Policía y para ello cuenta con dos referentes de la fuerza que, retirados, forman parte de su gabinete: Roleri y Agüero. En principio, es intención del gobierno mantener a los comisarios Gallo y Catalano en sus puestos, bajo la estructura de la Policía Comunal. Por su parte, el titular de la Policía Local, Carlos Calderón, deberá buscar nuevo destino. El resto de las fuerzas que actúan en la ciudad –DDI, GAD,
CPR– seguirán como hasta hoy.
Las decisiones del intendente serán omnímodas: podrá conducir operativamente a la fuerza, pero también administrativamente, lo que implica decidir cómo y en qué se gastan los recursos disponibles. Ello, entienden, les permitirá dar respuestas inmediatas a los reclamos populares, sobre todo cuando llegan a las puertas de la Municipalidad con una marcha.
En la manifestación de la semana pasada les dijeron a los presentes que el distrito cuenta con 20 patrulleros, de los cuales cinco son de la Policía Local, adquiridos por el Municipio, que no pueden circular porque no están blindados y por lo tanto no fueron homologados por el Ministerio, lo que explica por qué se ve a móviles parados en determinados puntos de la ciudad todo el día.