El Gobierno doblegó a los sindicatos y fijará el aumento según sus parámetros
Los sindicatos municipales hicieron un paro que no resintió la actividad de la Muncipalidad. El que conduce Juan Cruz Acosta dio marcha atrás y suspendió la medida de fuerza tras la primera jornada, mientras que ATE mantuvo la huelga, pero sin un acatamiento que hiciera mella en la posición del Gobierno. Un decreto para desfinanciar a las organizaciones y el rechazo a dialogar en medio de la protesta lograron fortalecer al Ejecutivo, que definirá el porcentaje de aumento.
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El Gobierno de Cecilio Salazar ganó la pulseada con los sindicatos municipales y se apresta a cerrar un acuerdo de aumento salarial en los parámetros en los que el secretario de Economía Mario Sánchez Negrete fijó.
Las organizaciones gremiales pasaron de pedir un 30 por ciento para el primer semestre al 20, para luego convocar a un paro que quedó a mitad de camino y que provocó medidas del Ejecutivo que, aunque legales algunas, fueron un elemento de presión.
La Mesa de Relaciones Laborales volverá a reunirse cuando lo disponga el Municipio, que ofrecerá, otra vez, un incremento basado en las mediciones oficiales de inflación. El último número que manejaban era del 6 por ciento para el primer trimestre, que podría alcanzar hasta un punto más.
Los sindicatos pretendieron hacer una demostración de fuerza, votada en asambleas en las que la arenga ganó al análisis. Entre los propios sindicalistas había quienes consideraban que aunque “la asamblea es soberana”, el paro por 48 horas era un error táctico, porque implicaba cortar el diálogo e ir a una guerra sin cuartel para la que no estaban lo suficientemente pertrechados. Así fue: perdieron la batalla y ahora se sentarán a debatir en desventaja.
Una mañana de presiones
El lunes a primera hora, el intendente Cecilio Salazar, madrugador por costumbre, salió a recorrer personalmente las áreas municipales para verificar el acatamiento al paro por 48 horas que habían anunciado el viernes los dos sindicatos habilitados para representar a los trabajadores. En el medio de la recorrida, su hijo Ramón, secretario de Legal y Técnica, acuñó una frase que hicieron propia en el gabinete: “Esto, más que una medida de fuerza, es una medida de debilidad”. Tenía razón: doce horas más tarde, el sindicato mayoritario levantaba la huelga y el otro la mantenía a fuerza de coraje pero sin incidencia.
El secretario de Gobierno Silvio Corti, como siempre, fue el vocero. “El paro es un fracaso. El municipio funciona normalmente”, sostuvo. En el municipio hablaban de “un 95 por ciento de presentismo”.
Los sindicatos, por su parte, aseguraban que el acatamiento era “alto”, al menos entre los empleados de planta que gozan de estabilidad. “Hay muchos pasantes, contratados y decretos”, dijeron para señalar quiénes estaban trabajando.
El Ejecutivo jugó una carta peligrosa para lograr que los empleados vayan a trabajar: los funcionarios recorrieron las áreas personalmente para “explicar la oferta” de incremento y de paso dejar en claro que “a Cecilio le molestaría” que pararan.
Los sindicatos lo llamaron “apriete” en conversaciones privadas, pero no denunciaron siquiera al secretario de Salud Edgar Britos, que no tuvo pruritos en mandar mensajes intimidatorios para “informar” a sus empleados qué pasaría si se plegaban a la medida de fuerza, enviar audios por WhatsApp en los que sostenía que la huelga “es constitucional, pero…” y hasta ratificarlo el lunes en todas las radios de la ciudad, en las que dijo que era “apenas una opinión”, como si su posición de autoridad no implicara un condicionamiento.
Al mediodía, mientras Salazar se reunía en privado con el Ministro de Gobierno bonaerense Joaquín de la Torre, Corti, Sánchez Negrete y Ramón Salazar se mostraban exultantes mientras blandían el decreto 338 mediante el que suspendieron por 90 días la retención del dinero que los trabajadores les deben a los sindicatos.
Ya lo habían hecho como elemento de presión el año pasado: de oficiar como agente de retención del 100 por ciento de las deudas de los empleados con los gremios –transformados en verdaderas financieras–, decidieron no descontar más que el 40 por ciento por tres meses y el 20 por ciento luego. Fue un golpe duro para las organizaciones sindicales, que tuvieron que ir casa por casa, empleado por empleado, para gestionar los pagos.
Ahora les quitaron por tres meses también ese 20 por ciento. Calcularon que el monto podría alcanzar más de la mitad del millón y medio que les depositaba por mes.
Como el Gobierno no tiene ningún empacho en reconocer que la decisión fue una herramienta de presión sobre los sindicatos, hasta lo escribieron en el decreto, que, como muchos de esta gestión, carece de los elementos mínimos de la técnica de redacción habitual y en los considerandos, donde deben escribir los argumentos que justifican la decisión, dicen que “los gremios municipales están exigiendo un importante aumento de salarios que excede lo que el municipio puede afrontar”.
Marcha atrás “para dialogar”
“Nos vamos a dedicar a trabajar para darle a los trabajadores el mejor aumento posible y que se dé el 31 de marzo”, dijo Ramón Salazar para anunciar la decisión de otorgar aumento por decreto, de manera unilateral. “Si los sindicatos deciden levantar el paro, en ese caso lo vamos a charlar como lo veníamos haciendo”, advirtió.
El Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz Acosta, en cuya mesa de conducción hay quienes tienen cierta inclinación hacia el oficialismo gobernante, tuvo por la tarde su asamblea de capitulación en la que votaron levantar la segunda jornada del paro.
La condición que pusieron es que las reuniones de debate las encabecen, por parte del Ejecutivo, el propio intendente Cecilio Salazar o el secretario de Legal y Técnica. “Corti y Sánchez Negrete cortaron el diálogo, Ramón Salazar dijo que quiere diálogo y nosotros somos un sindicato que quiere dialogar”, dijo a La Opinión el secretario adjunto del STM, Raúl “Chipi” Benítez y agregó: “Pedimos específicamente que estén Ramón o Cecilio, que conocen la rama sindical y puede decirse que están cerca del trabajador”.
Por su parte, el otro gremio, la Asociación de Trabajadores del Estado, mantuvo la medida de fuerza. “ATE ratifica la mediada de paro por 48 horas, dado que el Ejecutivo no ha hecho ninguna oferta superadora hasta el momento”, informó Gustavo Gauna, tras una asamblea de su sindicato.
Aunque la decisión de ATE no hizo mella en el Ejecutivo –su representación es menor y el acatamiento no fue importante–, en el sindicato que históricamente condujo Marcelo Marelli consideraron que no podían dar marcha atrás. El año pasado ya habían tenido una experiencia de paro sin éxito, el primero contra el intendente.
Son 40 millones por mes
La última liquidación de sueldos implicó 38 millones de pesos, en total. El secretario de Economía calculó que cada punto de aumento implica 300 mil pesos. De 6 a 7 por ciento de incremento insumirá entonces de 1,8 a 2 millones de pesos más, lo que llevará a 40 millones la masa salarial. Son 26 millones de pesos más que la liquidación de mayo del año pasado, por ejemplo.
En el Gobierno hay una preocupación al respecto, que aparece en las discusiones con los sindicatos pero que es soslayada a la hora de sumar personal o liquidar horas extras, que a estas alturas superan las marcas históricas que le endilgaban a Guacone.
En el gabinete se sinceraron ante La Opinión: “Para hacer cosas, se necesita gente”. Mario Sánchez Negrete, por las dudas, no dice nada. Preso de sus largas intervenciones cuando era concejal, le toca encoger los hombros cuando se ve parte de un gobierno que repite algunos aspectos que él cuestionaba con fervor.
Por ejemplo, hace cinco meses que no publican boletines oficiales; los decretos llevan un mes y medio de retraso (mostraron el 338 pero el último publicado es el 225) ; las resoluciones no están disponibles; los últimos sueldos que se conocen son los de octubre; el último análisis de agua, de noviembre; las licitaciones y concursos de precios sólo se publicaron durante el primer trimestre de 2016; el balance anual obligatorio lleva tres meses de demora; entre otros, muchos puntos, que a Guacone le costaban dolores de cabeza porque en el Concejo Deliberante había ediles dispuestos a trabajar de oposición, o al menos a trabajar.
