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viernes, abril 16, 2021

El Gobierno define el pase a planta entre 140 decretos de ayuda social

Ese es el número de beneficiarios que tienen los programas de ayuda con contraprestación de tareas, que en muchos casos esconde trabajo precarizado, en otros acomodos políticos y en algunos constituyen verdaderos “premios a la vagancia”. El compromiso con los sindicatos es hacer tandas de a tres, que pasarán a ser jornalizados. En la lista hay quienes merecen ser reconocidos como empleados, pero también amigos del poder a los que les allanaron el camino. Los 140 decretos cuestan casi 700 mil pesos al mes.

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El Gobierno municipal comenzó el proceso para pasar a planta de empleados temporarios a beneficiarios de programas de ayuda social con contraprestación de trabajo, los famosos “decretos”.

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En San Pedro son 140. Según el listado que obra en la Dirección de Personal, que es la que liquida salarios, suman 673.875 pesos por mes. La mayoría revisten en el Hospital, el Corralón y Desarrollo Humano. Entre ellos están los que pasarán a jornalizados y, un año después, a planta permanente.

El Secretario de Legal y Técnica Ramón Salazar, en nombre de su padre, el intendente Cecilio Salazar, se comprometió el año pasado a aumentar a 6.000 pesos el monto de la asignación a cobrar por parte de los “decretos” de la Dirección de Servicios Públicos, “el Corralón”. Cumplió. Otros aprovecharon para obtener el mismo beneficio, sin acceder a la contraprestación.

De allí también, aseguró el abogado en ese momento, saldrían los primeros beneficiarios del pase a planta temporaria. Era justo: la mayoría de los decretos del corralón, sobre todo los que suelen ir todos los días y cumplir, son verdaderos trabajadores municipales que desempeñan tareas de las más ingratas pero cobran muy por debajo de lo que perciben sus compañeros que gozan de estabilidad.

Tres por vez

Así acordaron el gobierno y los sindicatos. Aunque el 3 de marzo pasado, cuando depositaron el salario a los empleados, hubo un primer beneficiario del pase. Se trata de un joven con problemas con la Justicia penal aún no resueltos.

Los primeros nueve que pasarán a planta de temporarios en la primera tanda son del Corralón. En las dos iniciales, los beneficiados son trabajadores que cumplen, que nunca faltan, que están siempre al pie del cañón cuando se los necesita y que llevan varios años en condición de precarizados.

Entre ellos hay dos que también tuvieron problemas con la justicia penal. Uno es el que durante la gestión de Nicolás Macchia al frente de Desarrollo Humano ofició de prueba piloto para que empresarios y comerciantes locales compartieran con el Estado la formación de los “decretos” y a quien “devolvieron” por portación de apellido o, mejor, de sobrenombre salido del río.

La tercera tanda sería más vidriosa, si se cumple lo que fuentes de la negociación revelaron a La Opinión: al menos dos de ellos son sobrinos de un sindicalista concejal y hombre de mucha fe, quienes aparecieron entre los “nuevos decretos” apenas asumió Salazar. “No había más lugar en calle Miguel Porta”, bromearon algunos en ese momento.

Fuentes cercanas a la negociación entre el Gobierno y los sindicatos dijeron que un joven que lleva el mismo nombre que un sindicalista y que sería su hijo, quien aparece en el listado de decretos como dependiente de Parques y Jardines, también podría estar en esa tercera tanda.

“Los que no entran son los que no vienen nunca. Tipos que aparecen para ir a cobrar nada más. Nadie va a dar la cara por ellos”, confiaron desde la mesa de uno de los gremios.

La necesidad tiene cara de hereje

Necesidades hay en todas las áreas. El “decreto”, que encubre trabajo no formalizado, permite cubrir vacantes donde es necesario.

“Muchas veces hay decisión política de avanzar en determinados temas, pero no hay forma de hacerlo sin el personal que se requiere. Entonces, como no se puede nombrar personal porque implica un costo político, aparecen los decretos, que además los paga Provincia”, reconoció un hombre de la mesa chica del intendente.
Pasó en Inspección. Tras la decisión, hubo que nombrar 20 empleados nuevos y asumir el costo, que el propio intendente cargó sobre sus espaldas sin miramientos. Esos trabajadores empezaron con 30 horas y ahora pasarían a 48, porque la cantidad sigue sin alcanzar para el horario que hay que cubrir.

El sueño de austeridad en recursos humanos que alimentó Mario Sánchez Negrete en sus tiempos de concejal quisquilloso chocó con la realidad del elefante estatal. Tanto, que ni siquiera pudo cumplir con su famoso decreto contra el show de bonificaciones, que de a poco fue reponiendo para devolver el festival con toda su pompa.

El Hospital es un caso testigo respecto de las necesidades. Es el área que más empleados tiene, el que más “decretos” tiene asignados y en el que mayor problemática respecto de la falta de personal hay.
Uno de los problemas con que los referentes del gobierno de Salazar aseguran haberse encontrado al llegar al Ejecutivo es que “está lleno de administrativos”, entonces “nadie quiere agarrar una pala”.

El año –de elecciones, claro– será complicado para la gestión si quiere cumplir con todo lo que prometió. En varios de los sectores hay nombres que huelen a pago de compromiso de campaña. Algunos directamente lo han confesado en aras de obtener algún que otro beneficio.

Extraña, por ejemplo, ver nombres de beneficiarios de programas de ayuda social con contraprestación de trabajo que además aparecen como subsidiados para, por ejemplo, solventar alquileres. Más extraño es que esos nombres coincidan con reclamantes de diversa índole en las redes sociales. También resultaron extraños los decretos que nombran a la madre de un niño que falleció en el Hospital y que derivó en una investigación por presunta mala praxis o a familiares directos de una estrella del deporte históricamente beneficiada por el intendente.

Como no podrán cumplir con todos, les espera a los funcionarios de Salazar una ardua tarea. En ese marco, deben resolver la queja de los trabajadores del control del Estacionamiento Medido, que el viernes comenzaron con retención de tareas a la espera de que les confirmen el prometido pase a planta temporaria.

La vieja historia del “decreto”

En San Pedro, como en toda la provincia de Buenos Aires, el Estado local, desde hace años, sobre todo desde la crisis de 2001 en adelante, sostiene programas sociales con fondos que aporta el Tesoro bonaerense bajo la denominación de “ayuda social con contraprestación de tareas”.

En la jerga administrativa y entre empleados municipales y beneficiarios se los llama “los decretos”, porque se trata de personas nombradas a través de ese mecanismo para recibir lo que se entiende es un beneficio social no permanente que llega para ayudar en un momento de necesidad extrema.

Los beneficiarios, se supone, son personas en situación de vulnerabilidad social. Provenientes de familias pobres, con dificultades para estudiar o insertarse en el mercado laboral, son ayudados por el Estado con un monto de dinero que se ubica por debajo del salario mínimo vital y móvil a cambio del que cumplen tareas, como contraprestación.

En San Pedro, como en toda la provincia de Buenos Aires, muchos no cumplen con los requisitos, aunque la mayoría sí: de la lista de 140 que ya publicó La Opinión y que ahora renueva, porque hay información fresca, se desprende que hay personas con “decreto” a quienes les resultaría difícil insertarse en el mercado, por diversos motivos. Pero también hay otros que son meros acomodados. De esta gestión y de las anteriores.
Desde siempre, los decretos de ayuda social con contraprestación de trabajo fungen como el primer peldaño hacia el empleo municipal. Los sindicatos, muchas veces con razón, se ocupan de que así sea. Es la “lucha por los compañeros precarizados”, que los hay. Aunque a la hora del pase a planta temporaria, que es el escalón siguiente, siempre hay algunos colados que forman parte de la negociación.

“En este gobierno hubo mucho acomodo”

La afirmación es de un trabajador municipal que espera desde hace varios años su pase a planta y observa cómo mes a mes se incorpora gente que incluso recién ha cumplido la mayoría de edad.

Sin revelar su identidad por temor a represalias indica que Desarrollo Humano es quien convalida estos decretos y que hay muchos que jamás van a trabajar o como en el caso de una agente que figura como personal del Hospital “y siempre presentó certificado” o como un joven que le bajaron de 6.000 a 3.000  que figura como personal de la Dirección de Cultura al que nunca se lo vio ir a trabajar.

“Hay una de 4.500 pesos que se cansó de molestar al Intendente y no se la ve nunca y otras dos que empezaron hace un mes y ya les aumentaron a 6.000”.

“Están los que trabajan cuatro horas, otros seis pero a los que vamos nos prometieron el pase que es por ley”, señaló uno de los agentes que habló con La Opinión y que también mostró varios casos de inspectores municipales contratados con la misma modalidad.

“Cuando fui a preguntar me dijeron que no hay plata para aumentar”, concluyó.

El martes cuatro personas que estaban asignadas al control de Estacionamiento Medido fueron incorporadas a planta transitoria para destrabar la retención de tareas que habían dispuesto para su reclamo desde el lunes.

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