El Gobierno cerró 2016 con una deuda flotante de 30 millones
Así se desprende del análisis de la documentación presentada al Concejo Deliberante. Son más de 280 acreedores. El monto mayor es por los 12 millones de sueldos de funcionarios y concejales que no se habían pagado. La mayoría de las deudas importantes son con bienes y servicios médicos.
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El Concejo Deliberante analiza la Rendición de Cuentas del ejercici0 2016, el primero de la gestión de Cecilio Salazar como intendente y de Mario Sánchez Negrete como secretario de Economía.
Al anuncio que hizo el jefe comunal en el mensaje anual acerca del superávit de más de 15 millones, que surge de restar los recursos devengados sobre los ingresos percibidos por todo concepto, le sigue otro análisis duro de suma y resta: la deuda flotante.
El monto que aparece en el anexo entregado a los concejales para su análisis es de casi 30 millones de pesos. Son 29.821.647,54 exactos, distribuidos en más de 280 proveedores que al final del ejercicio –es decir al 31 de diciembre– no habían percibido el pago.
El análisis se corta en esa fecha. Muchos vieron regularizada su situación a las pocas semanas. Incluso el monto mayor de la deuda corresponde a salarios del personal jerárquico: intendente, funcionarios y concejales, que suman en total unos 12 millones de pesos, que fueron abonados en el transcurso de enero.
Los políticos cobran en San Pedro con retraso desde el descalabro guaconista y la situación en ese sentido no ha cambiado.
De cualquier manera, la evaluación del devenir del estado financiero local es un análisis por un lado político y por otro técnico que debe hacer desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Si el Ejecutivo decidió pasar deuda para el ejercicio siguiente, es una decisión contablemente válida, políticamente justificable pero que es pasible de cuestionamientos de la oposición y prudencia para manejar el gasto en el nuevo período.
Sobre todo luego de que Salazar anunciara con pompa que su primer año de gestión era superavitario. Después de todo, no tanto.
Qué significa la deuda
La “deuda flotante” se define como aquella que el Estado contrae a muy corto plazo, con el objetivo de atender necesidades de caja urgentes. A veces los recursos ordinarios de coparticipación se retrasan y hay que elegir a quién pagarle. Se supone que esas deudas no deberían pasar al ejercicio siguiente, aunque es habitual en los municipios, sobre todo en los de economía delicada como San Pedro.
La deuda está compuesta por compromisos de pago asumidos que no se habían cumplido al final del ejercicio. Hay que decir que del total de recursos con los que contó finalmente el presupuesto, unos 600 millones de pesos, lo que se quedó debiendo a los proveedores al final de 2016 representó apenas un cinco por ciento.
Pero si se quiere hablar de porcentajes sobre el total, también debe decirse que el celebrado “superávit” –la diferencia entre lo que se percibió y lo que se devengó– fue del 2,5 por ciento.
A quiénes se quedó debiendo
La deuda mayor, como se dijo, fue en salarios políticos que pasaron al ejercicio siguiente y se pagaron en enero. El Gobierno tiene dificultades todos los meses para cumplir con ese compromiso fundamental, por lo que cada vez debe echar mano a recursos afectados para pagar en tiempo y forma, como lo hace desde que asumió.
Aparece deuda de más de 600 mil pesos con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, 50 mil pesos con Ioma y 125 mil con Ips.
El proveedor a quien mayor cantidad de dinero le quedó “colgado” a fin de año es el constructor Rafael Crellier, por más de 1,5 millones de pesos. En general, se trata de obras de importantes sumas relacionadas con aplicación del Fondo Educativo, por lo que el porcentaje respecto del monto total no es tan alto.
A Ignis Lighting, empresa proveedora de las nuevas luminarias led, el Estado local le quedó debiendo del ejercicio anterior unos 918 mil pesos.
Otro acreedor importante al final del año fue Coopser. La cooperativa eléctrica, que además del alumbrado público y la reposición de lámparas mantiene y alimenta las bombas de agua, tenía un crédito por más de 785 mil pesos a fin del año pasado.
Otra empresa a la que le quedó un pago importante sin percibir antes de que termine 2016 fue Grupo Custodia SRL, adjudicataria de la licitación para prestar el servicio de seguridad privada en el Hospital. El monto era de más de 650 mil pesos.
Aparecen luego una serie de proveedores de insumos médicos como el laboratorio Otto Hess, la empresa de recolección de residuos patogénicos Econorba, el mayorista de medicamentos Dukbart y otras droguerías, a las que se les quedó debiendo a fin del ejercicio por sumas de entre 200 y 250 mil pesos cada una.
Hay también una gran cantidad de emprendimientos, comercios y prestadores de servicios locales que no habían cobrado a fin de año: hoteles, panificadoras, proveedores de insumos informáticos, entre otros tantos rubros.
El análisis en el HCD
Semanalmente, los martes a las 9.30 de la mañana se reúne la Comisión de Presupuesto que preside la concejala oficialista Mónica Otero.
El secretario de Economía Mario Sánchez Negrete habilitó clave de Rafam para que los ediles puedan ingresar al sistema para completar su análisis de la documentación, que fue elevada en tiempo y forma el 31 de marzo pasado.
Hasta el momento, 40 días después de la recepción y a 20 de que finalice el plazo, los concejales opositores no han señalado públicamente objeciones, aunque este semanario supo que trabajan sobre algunos temas puntuales.
Aun así, hay experimentados ediles que todavía no accedieron a Rafam a mirar el detalle. Quizás estuvieron muy preocupados en otros temas, aunque por cierto pocos hay tan relevantes como este.
