El fin del “festival de bonificaciones” tendrá un capítulo más en la Justicia
Una gran parte de los afectados por el decreto que recorta la asignación de premios por conducción, función, títulos y dedicación exclusiva hará un planteo judicial contra el Gobierno, ya que consideran que se tocaron “derechos adquiridos”. En el Ejecutivo aseguran que la decisión es “una reparación” y que “hace justicia” para todo el personal municipal. Sindicalistas y acostumbrados a saborear las mieles del poder perdieron sus beneficios. Hay casos que serán revisados y otros cuyas quejas prometen recurrir hasta las últimas instancias.
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El documento que reveló en exclusiva La Opinión el jueves pasado el decreto 0389, del 31 de mayo pasado, que no fue publicado en el Boletín Oficial, y que, en el marco de la emergencia económica vigente en San Pedro, tras un exhaustivo análisis área por área sobre el personal, dejó sin efecto una gran cantidad de bonificaciones que cobraban más de 70 empleados, las que formaban parte del “festival” que investigó este semanario durante la era Guacone y que cuestionó el Tribunal de Cuentas.
Son 77 las bonificaciones que se dejaron sin efecto, se recortaron o se modificaron para pagar menos. En cada caso, hay una justificación vinculada al análisis que hicieron los funcionarios del gabinete luego de que cada secretario elevara un informe de los empleados que tiene a su cargo, las tareas que hace y la liquidación salarial correspondiente.
En algunos casos, no sorprendió la cantidad de beneficios que cobraban ciertos agentes, porque era vox populi que así sucedía. En otros, llamó la atención que algunos que están vinculados a sindicatos, hombres de la política u organizaciones hayan sido “premiados”, a pesar de que, según explica el texto al que accedió este semanario, no había argumentos válidos para pagárselos.
Del otro lado del mostrador, casi todos los que verán recortado su salario –hay casos donde el monto es muy importante– una vez que hayan sido notificados y se haya instruido al Director de Personal para que liquide salarios sin esos plus, irán a la Justicia para reclamar que les repongan la bonificación derogada o recortada, con los argumentos de los “derechos adquiridos” y la afectación del ingreso familiar como principales puntos en su defensa.
El decreto lleva la firma de los ocho secretarios que había en mayo, cuando todavía no había asumido Roleri, pero todos los dardos apuntan al de Economía, Mario Sánchez Negrete, como el ideólogo del recorte, sobre todo por su trabajo como concejal, aunque también porque, sostienen, la disputa en el gabinete por el tema lo tuvo como un líder irreductible que se enfrentó a los más “componedores” sobre el tema, que los hubo, aunque finalmente todos suscribieron.
Las bonificaciones que se quitaron
Los recortes abarcan a 13 empleados que tenían premio por conducción, que dejarán de cobrarlos. Entre ellos hay sindicalistas (ver recuadro), hombres ligados a los sindicatos y hasta quienes supieron tejer buenos vínculos políticos. No está, sin embargo, uno que fue objeto de crítica en el Concejo Deliberante hace ya algunos años, cuando el entonces concejal Martín Pando se preguntó si en su puesto de trabajo tenía “un autito a control remoto” porque era imposible que manejara algún vehículo en ese lugar.
La defensa que esgrimen varios de los de este listado, sobre todo los que están bajo licencia gremial, es que manejaban vehículo antes de dedicarse de lleno a la tarea sindical, por lo que los ampara la ley.
El recorte incluyó a once que ocuparon cargos políticos y que cobraban, como miembros del gabinete, bonificaciones por función, las que siguieron percibiendo a pesar de que ya no formaban parte de la gestión gubernamental.
Para estos casos, la defensa es que las bonificaciones por función y gastos de representación corresponden al personal jerárquico, como los Jefes de Departamento, y que pasado los cinco o seis años desde su percepción original serán considerados “derechos adquiridos”.
Hay 14 que cobraban “bonificación por función especial”. Algunos de ellos, en efecto, tenían tareas específicas que sobrepasaban las propias del puesto asignado, aunque el decreto dice que se las quitaron “en razón de no cumplir ninguna actividad por fuera” de la establecida. Otros, queda claro al leer sus apellidos, fueron beneficiados por esa portación familiar. Hay quienes supieron disfrutar de su condición de laderos de personajes fuertes de los tantos que pasaron por el gabinete en los últimos años, a los que les llegó la hora.
Hay ocho bonificaciones por “dedicación exclusiva”, de las cuales varios se “dedicaban exclusivamente” a otras cosas que no son las tareas específicas encomendadas por el Municipio. Aquí también hay personajes conocidos, sindicalistas, exfuncionarios y portadores de apellido.
Cinco empleados del área de Inspección que estaban abocados a la tarea de “digitalización” en el sector de licencias de conducir y cobraban un plus por ello. El Gobierno de Salazar entiende que esa es una labor “propia” del puesto administrativo, por lo que se las dieron de baja.
El recorte también incluyó a cinco médicos que cobraban “bonificación por destino centro de salud” pero “sin que realicen actividades asistenciales” en esos lugares. Forman parte de los denominados “acuerdos históricos” que existen en el sistema de salud y que este semanario expuso en sendas investigaciones cuyas revelaciones persisten.
Además, quitaron ese mismo beneficio a seis empleados de la carrera médico hospitalaria que no son galenos –por ejemplo, trabajadoras sociales– y a otros nueve profesionales que sí se desempeñan en esos lugares desfavorables, que reclamarán desde Cicop por la “suspensión” para “un pormenorizado estudio” de cada una, entre ellas la del sindicalista de los médicos Leonardo Carrión.
Los títulos, en debate
Por último, el decreto 389 puso en marcha el 311, que estableció una nueva modalidad de liquidación de las polémicas bonificaciones por título al modificar el famoso decreto 48/08 que las instauró.
Ahora, el máximo que se puede cobrar por este concepto desde 36,36, contra el 90,9 que cobraban varios de los que verán sesgado su salario de bolsillo cuando liquiden según la nueva norma vigente.
Allí aparecen un abogado exfuncionario que cobraba el título de grado, el intermedio (Procurador) y el secundario, además de tres cursos, de los cuales sólo uno está relacionado con las labores que cumple como empleado municipal. Así, se le redujo el porcentaje al 21,8 por ciento del básico.
Una colega suya, que cobraba por dos títulos y siete cursos, percibirá asimismo un 21,8 por ciento. Otra, cobrará el 33,09, ya que le reconocen el título de abogada, una certificación docente y el máximo de cursos del 9 por ciento.
Un joven veterinario cobrará el 27,18, mientras que un colega suyo, que recibía el máximo posible, ahora percibirá el mismo porcentaje.
Un familiar de un sindicalista, que cobraba el 90,09, verá reducido su porcentaje por títulos al 18,8. Se trata de una persona formada en posgrado, pero el Gobierno señaló que los títulos, certificaciones, cursos y jornadas que obtuvo luego del grado “no tienen vinculación alguna con la tarea específica que realiza, ni fueron requeridos por el Ejecutivo”. En algunos casos, habría hasta decretos que benefician a la agente en cuestión, por lo que se descuenta su reclamo en la Justicia.
“No va a quedar ninguno”
Así soñaban quienes estuvieron a cargo de la redacción del decreto cuando enviaron al Concejo Deliberante la emergencia económica. Aunque el Tribunal de Cuentas supo hablar hace unos años de alrededor de 2 millones de pesos, todavía no está claro a cuánto ascenderá el monto que el Ejecutivo se ahorrará con el recorte decretado.
Lo que sí puede establecerse a simple vista es lo que dijo por ejemplo el sindicalista Juan Cruz Acosta –quien se manifestó a favor de la revisión de las bonificaciones, aunque va a “revisar uno por uno con el Ejecutivo”– respecto de que “faltan algunos nombres”.
Los reclamos en la Justicia comenzaron a organizarse. Un abogado exfuncionario ya prepara el suyo, y reclutó a otros que padecieron el recorte. El Sipem de Kasta hace lo propio a través de su representante legal Mirta Cardoso, esposa de Eduardo Descalzo, tan conocedor como el propio Kasta de los vericuetos legales del funcionamiento de la Municipalidad.
En el antiguo sindicato de Parzon preparan su queja formal y en ATE revisan la afectación, tal como hace Cicop.
Todos planear ir al Juzgado en lo Contencioso Administrativo de María Isabel Fulgheri y confían en que una cautelar suspenderá los alcances del decreto hasta tanto haya resolución en la cuestión de fondo.
Los argumentos principales son la afectación del salario para jefes de familia; los “derechos adquiridos” que no se podrían tocar y mucho menos con un decreto que modifica otro, como el de los títulos, que actuaría de manera retroactiva, algo que una norma no puede hacer; citan fallos del Tribunal de Cuentas; y hasta quejas por “discriminación” y “persecución”. Si no gana la justicia al menos se impondrá la verdad sobre nombres, apellidos y merecimientos que se sostienen con dinero público.
