El escándalo del millón “estacionado”

Diecisiete, fueron los Concejales que estuvieron presentes en la sesión extraordinaria donde, luego de los llamados a licitación y todas las discusiones previas que se realizaron sobre el transporte público de pasajeros, se aprobó la Ordenanza 5.721, que autorizaba a la Empresa Jorge Caso S. A. a prestar el servicio tras haber cumplido con todos los requisitos exigidos en el pliego.
En la misma, los concejales demostraron que no estaban muy al tanto de la ley que regula a los municipios (L.O.M.: Ley Orgánica de las Municipalidades) y el reglamento del Concejo Deliberante, que por su importancia se asemejan a la carta magna para desarrollar el trabajo de los legisladores locales. Es comprensible, que no la sepan de memoria o tengan estudiados todos y cada uno de los artículos, pero lo que es previsible, es la lectura o búsqueda de los requisitos que hacen alusión a los temas que se están por tratar. En el caso de las licitaciones, el artículo 232, es el que indica que ante un solo oferente, es el HCD, el que debe hacerse cargo de analizar y decidir quien será la empresa adjudicada. En caso de ser dos o más los interesados en el concurso, es directamente el Departamento Ejecutivo quien analiza y decide en forma directa. El punto que no fue tenido en cuenta, apunta de lleno a la votación. La aprobación de la licitación, debía haberse realizado por mayoría absoluta, o sea la mitad (nueve), más uno. En el caso de la composición del cuerpo deliberativo local, son diez los ediles que forman parte del bloque oficialista, conformado por el Partido Radical y el Partido de Acción por San Pedro. Con este número, era absolutamente suficiente, pero… esa noche, el Concejal de la UCR, Abel González, faltó y sin aviso (aunque luego se dijo que había tenido un inconveniente en la ruta).
El resultado es el ya conocido, puesto que el Justicialismo realizó varias observaciones sobre la entrega de este servicio a esta empresa; por ende, mayoría simple, pero no absoluta. Error, que no advirtieron, ni mencionaron ninguno de los 17 Concejales ni los dos secretarios legislativos.

Ads

Plata guardada
El pliego, confeccionado en base a lo que estipula la Provincia de Buenos Aires, pide en el punto número 11 (contenido de las ofertas), precisamente en el inciso h: “Nómina del parque móvil a afectar a los servicios, con especificación de la cantidad de unidades, marca, modelo, año y características de las mismas. La edad máxima de las unidades individualmente consideradas se establecerá en las “Cláusulas Particulares” del correspondiente Pliego de Bases y Condiciones. En ambos casos se tomará como referencia el último día del mes inmediato anterior al de la fecha de presentación de la oferta. Todas las unidades de transporte físicas ofrecidas deberán tener radicación en la Provincia” al menos así, solicitaba la adquisición de los vehículos, motivo que dejó afuera del concurso a la empresa Caso en el primer llamado.
Es por esto que se invirtíó casi un millón en la compra de varias unidades que cumplían con todo lo solicitado por el pliego. Para ello, adquirieron colectivos de última generación, que constan entre otras cosas con acceso a través de rampas, para personas con capacidades diferentes, letreros electrónicos, indicadores para la venta de boletos, etc. Estos vehículos son los destinados a los viajes entre la ciudad y las localidades, ya que para los viajes internos, se han adquirido buses urbanos, que son más pequeños y más parecidos estéticamente a las combis. En total, se trata de once micros cero kilómetro, para los que invirtieron novecientos mil dólares. Se encuentran en los galpones de la empresa en calle Kennedy y esperan que los choferes, que ya fueron contratados bajo los convenios de UTA, puedan empezar con su tarea.

Sin consultas
Jorge Caso, comentó que durante el proceso de debate y discusión en el Concejo Deliberante, comunicó a los ediles a través de la presidenta del cuerpo, la Dra. Norma Atrip, que cualquiera de ellos, podían ir a consultarle cualquier duda o ver cada uno de los vehículos. “Nadie me vino a preguntar de que se trata” dijo el empresario, que comentó que esta es una actividad familiar, “un sueño, que si se le da la posibilidad de concretar, lo hará”. En cuanto a la rentabilidad del negocio, dejó saber que con 350 pasajeros, el servicio “da plata”.
Aunque parezca mentira, sólo un concejal se molestó en llegar hasta el galpón. El resto no sólo no advirtió los errores de procedimiento, sino que desconoce en qué viajarán los sampedrinos.
10 días
El Intendente Mario Barbieri, cuenta, tal como indica la Ley Orgánica de la municipalidades, con diez días hábiles para aprobar y promulgar o por el contrario vetar la decisión que como se sabe ha sido erróneamente votada. El plazo, comenzó a correr el pasado lunes 17 de Marzo y concluye el primero de Abril.
Los caminos, son dos: por un lado, el de la promulgación de la norma, algo imposible, debido a la mala votación que se realizó en el recinto. En caso de apoyar la resolución, al Intendente se le podrían presentar cargos en algún organismo de control de la provincia de Buenos Aires o en el Tribunal de Cuentas.
La otra ruta, es el veto de la misma. De esta manera, el mandatario estaría impugnando algo impulsado por su propio bloque, pero salvando un tema legal que es ineludible. Una vez vetada la Ordenanza, debería volver a ser analizada en sesión.
El “desastre” es que ello obligaría a declarar nula la sesión anterior y con ello sentar el precedente de una aberración increíble cuando se trata de personas que representan al pueblo y cobran jugosas dietas para “trabajar” de contralor o impulsar iniciativas.
Si todo ello sucede y el bochorno se simula, la empresa Caso S.A. puede resultar definitivamente adjudicada con el transporte público de pasajeros, para lo que se necesitará una votación especial, en la que deberán estar de acuerdo con una mayoría calificada. En el caso que se repita una votación similar, la empresa deberá mandar sus unidades a “dormir”.

Ads

Lo que la gente dice
La opinión de los sampedrinos ante esta situación es diversa, pero en su mayoría, no deja de manifestar sus diferencias e incluso malestar con la actividad política que fue la que ocasionó este error. “Necesitamos el transporte”, es el pedido de las personas que habitualmente necesitan de un traslado a precios más económicos que los servicios privados. Es así, como decenas de personas se acercaron en la mañana del miércoles a la esquina de los estudios de La Radio, donde estuvo estacionado uno de los colectivos adquiridos por la empresa para observar en qué condiciones viajará. El pedido, no deja de ser el de adjudicación, a Caso o a cualquiera, pero que haya transporte.
En cuanto a los asesores legales del empresario, se mantuvieron prudentes con las declaraciones, auque ciertamente se les notaba que no salían de su asombro. Es menester decir que a esta altura de los acontecimientos ya estarían en condiciones de entablar una demanda millonaria contra la comuna y por ende, contra el pueblo de San Pedro. Algo que Caso, por el momento no desea ni siquiera evaluar.

Dudas del transporte II
El Bloque Justicialista presentó un proyecto de comunicación, en el cual solicita un pedido de informes al ejecutivo, con el objeto de conocer la figura jurídica y/o legal de la empresa que presta actualmente el servicio entre la ciudad y Santa Lucía. Además, entre otros requerimientos, el expediente de los ediles solicita si el mismo fue adjudicado bajo situación de emergencia y si se ha llevado a cabo la fiscalización por parte de funcionarios municipales. Algo verdaderamente increíble a esta a altura de los acontecimientos, donde nadie podrá salir sin ponerse al menos un poco “colorado”.

Ads

Ads