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martes, mayo 17, 2022
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El Ejecutivo no quiere compartir las decisiones sobre el Fondo de Obras Públicas Comunitarias

Guacone vetó una modificación votada en el Concejo Deliberante que otorgaba participación a ese cuerpo en el comité que analiza las propuestas de obras por parte de los vecinos, que son ejecutadas con ese fondo, que se paga con la factura del servicio de electricidad. El HCD insistirá con la conformación del nuevo cuerpo de ediles y la esperanza puesta en Cheyllada.

 

El Concejo Deliberante votó por unanimidad en la última sesión ordinaria de 2013, antes de que cambiara la composición del cuerpo, una modificación a la ordenanza que en 1986 creó el Fondo de Obras Públicas Comunitario (Fopc), mediante la que se otorgó participación a los ediles en el Comité que debate las propuestas vecinales para la ejecución de obras.
Sin embargo, el Ejecutivo del Intendente Guacone, a través de un decreto refrendado por el por entonces Secretario de Gobierno Javier Silva, vetó esa norma ya que considera que el HCD se atribuye “facultades que no le son propias”.
Silva sostuvo que “la ejecución de las obras públicas es de exclusiva competencia” del Ejecutivo y que promulgar la ordenanza aprobada era avalar “una intromisión” de un poder del Estado sobre el otro.

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“Queríamos participar”
En el Concejo Deliberante la noticia no cayó bien. La propuesta era que a los tres miembros del Ejecutivo y de la Coopser para constituir el Comité del Fopc se sumaran tres ediles, ya que entendían que esto aumentaría la participación ciudadana a través de sus representantes en el poder deliberativo.
“En realidad, el decreto dice muy poco, no hay fundamento, más allá de que la ejecución de las obras pertenece al Ejecutivo, que es cierto y no se discute, lo que decimos es que el plan de trabajo, la planificación de las obras la hace ese comité y quisiéramos participar”, dijo a La Opinión Mario Sánchez Negrete.
El concejal que preside el Frente de Todos es el autor del proyecto que fue dictaminado en comisión por ediles de otros bloques, que incluso le introdujeron modificaciones, para luego aprobarlo por unanimidad en el recinto.
“El Concejo Deliberante tiene en su órbita la planificación de las obras públicas, en 2010 el HCD no aprobó ninguna obra, todas las declaraciones de interés y utilidad pública se hicieron por decreto”, se quejó el edil y aseguró: “Para nosotros debe hacerse por ordenanza. Lo consultamos en el Tribunal de Cuentas y nos dio la razón”. Ahora con la llegada de Raúl Cheyllada puede abrirse una puerta para repensar el funcionamiento de este fondo que hoy por hoy, es el único dinero posible para destinar a obras que la comunidad considere necesarias.

Un fondo “original”
El Fondo de Obras Públicas Comunitario nació con una ordenanza sancionada en 1986 que autorizaba la creación de una tasa para constituirlo. Sin embargo, nunca se creó la tasa ni Mayores Contribuyentes tuvo que votar el gravamen. Fue una idea mediante la que el Dr. Juan José Sánchez, por entonces Intendente, pudo generar un mecanismo solidario para llevar a cabo obras de todo tipo, empezando por las de gas que se hacían de imposible pago para barrios y vecinos sin depender del Estado Provincial.
Una asamblea de Coopser aprobó la inclusión en la factura, que se transformó en un porcentaje más, fijo y obligatorio, que deben afrontar los socios de la cooperativa, sin chistar, porque no hay forma de no pagarlo. Además, la propia asamblea tiene la potestad de decidir el porcentaje que se paga sobre la factura.
Por ello, el Fopc es de la cooperativa pero su ejecución es decisión del comité que le da participación al Ejecutivo. Ese comité aprueba las obras que los propios vecinos proponen y que luego deben pagar, para que el fondo vuelva a tener dinero y seguir produciendo. En algún momento se pensó en una reforma porque la morosidad de algunos vecinos para devolver el dinero de obras ejecutadas provocó centenares de juicios que aún hoy merodean en las oficinas de la Asesoría Letrada de la entidad.
“Es raro, en términos de su constitución”, analizó Sánchez Negrete y ejemplificó: “El ejecutivo desempata y decide qué obras se hacen, con un fondo que es de la cooperativa”, sin pensar demasiado en “el espíritu de la ley” ya que son los socios los verdaderos dueños de ese dinero con independencia de los vaivenes con los que ambas partes se han manejado según el clima electoral.
La ordenanza original establece que debería haberse conformado un fideicomiso, cuyas prerrogativas serían reglamentadas por el Ejecutivo y la Coopser. Tampoco se hizo, pero con buena voluntad igual funcionó durante más de dos décadas.
“Es raro”, repitió Sánchez Negrete, quien hizo una consulta al respecto en el Tribunal de Cuentas: “Al no ser una tasa no tiene por qué estar en el Presupuesto, pero está manejado por un comité del que forma parte el Ejecutivo”.

Caminos post veto
Tras la decisión del Ejecutivo de vetar la ordenanza, en el Concejo Deliberante se propusieron dialogar con los ediles que recién asumieron, ya que la unanimidad lograda era con la composición anterior.
Mientras tanto, aguardan la respuesta de un pedido de informe sobre el Fopc, que solicitó detalles actualizados sobre su composición, cantidad de dinero, deudas, obras en ejecución y proyectos.
“Eso nos dará un panorama de qué obras se hicieron, cuánta morosidad hay, qué deuda tiene, porque es un fondo que se autoalimenta y hay casos con grado de morosidad enorme”, dijeron desde el bloque opositor.
Aseguraron que desde Obras Públicas el informe ya fue elaborado, “pero por lo que sabemos está retenido en la Secretaría de Gobierno”, se quejó Sánchez Negrete.
Al aprobar esta modificación, el Concejo Deliberante consideró que es necesario un debate más amplio que el actual respecto de qué obras ejecutar, ya que por lo pronto no hay mayor planificación que la propuesta por vecinos que necesitan algo.
Quieren aunar criterios, asignar prioridades, “para que no haya obras aisladas sin una concepción de desarrollo”. Lo bueno, dicen, es que por lo menos las obras se hacen, pero que la importante herramienta del Fopc pierde su fuerza original.
Como tantas otras. Por ejemplo, San Pedro es una ciudad a la que todos los años el Tribunal de Cuentas le observa la falta de presupuesto participativo, para el que hay una ordenanza aprobada que nunca se ejecuta. Como en el proyecto 2014, que no dice nada al respecto.

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