0.2 C
San Pedro
jueves, julio 29, 2021
spot_img

El debate por la vivienda propia llegará al Concejo Deliberante

El oficialismo evalúa una propuesta para establecer un área de edificación a futuro, que permitiría el acceso a la casa propia para sectores poblacionales que no pueden comprar ni se ven beneficiados por los planes sociales de vivienda. La disputa será larga en una ciudad donde el negocio inmobiliario tiene marcada presencia especulativa.

Publicidad

 

La falta de vivienda es uno de los mayores problemas de la ciudad. Las quejas de vecinos se multiplican frente a la imposibilidad de comprar terrenos, casas, acceder a créditos o no calificar para los planes sociales de construcción que ofrecen la Nación y la Provincia.
En el bloque de concejales oficialistas está en discusión un proyecto que tiende a establecer criterios para solucionar ese complejo tema, aunque los intereses a tocar pueden ser muchos y generar debates cuyo saldo es un misterio en una ciudad que fue calificada por Raúl Castells como la “capital nacional de la delincuencia inmobiliaria”.

Publicidad

Propuesta en debate
El proyecto que se discute en el bloque de concejales del Acuerdo Cívico y Social, del que forman parte dos martilleros dueños de inmobiliarias, tiene basamento en un diagnóstico que comparte la población en general: el acceso a la vivienda, un derecho social básico garantizado por la Constitución Nacional, se ha transformado en un privilegio para minorías.
Desde ese lugar, quienes trabajaron en la redacción preliminar del proyecto entienden que es necesario que la existencia de tierras ociosas atenta contra la resolución de una de las principales problemáticas de los sampedrinos y sostienen que “muchas veces son el resultado de la mera especulación inmobiliaria” y que sería beneficioso para todos contrarrestar esa situación.
La propuesta es ambiciosa y da en el corazón de esa especulación inmobiliaria. Propone declarar “áreas de edificación necesaria” a las zonas comprendidas por las calles Juan B. Justo, Lucio Mansilla, 11 de Septiembre, Sarmiento y Boulevard Paraná; y Sarmiento, San Martín, Rómulo Naón y Boulevard Paraná.
En ambos cuadrantes existe una importante cantidad de terrenos sin edificar que serían obligados en un período de tres años desde que se sancionara la ordenanza a levantar edificaciones.
La propuesta comprende no sólo a los terrenos baldíos sino también a aquellos que tengan edificaciones derruidas, en estado de abandono o en proceso de construcción paralizado.
Para que el proceso avance, prevén establecer multas del orden del cien por ciento de las Tasas municipales por cada año de incumplimiento.

Voces a favor
La idea tiene apoyo de múltiples sectores que entienden que una propuesta de estas características favorecería la concreción de emprendimientos individuales y colectivos que trabajan para el acceso a la vivienda familiar de aquellos que pagan altos costos de alquiler y que podrían abonar cuotas razonables para comprar su terreno y construir su casa.
En la ciudad hay diversos proyectos de vecinos que se agruparon en cooperativas para adquirir terrenos en conjunto, lotearlos luego y crear un barrio. Sin embargo, los predios disponibles y de precios relativamente accesibles son pocos y se encuentran fuera del casco urbano e incluso fuera de lo que se considera zona urbana para edificación.
De la misma manera, hubo iniciativas de gremios de trabajadores docentes, municipales, auxiliares de la educación y empresas varias que tienen desde hace tiempo la intención de conformar colectivos para encarar la compra en conjunto y creación de un barrio.
Sin embargo, la situación inmobiliaria de la ciudad imposibilita que muchos de esos proyectos avancen y el sueño de la casa propia y familiar se desvanece, dejando buena parte de los sueldos en alquileres y con el aliciente de generar tensiones cotidianas en las familias y el desarraigo constante, especialmente en los niños, que no logran concebir una identidad barrial producto de las constantes mudanzas.
Si bien el proyecto se elabora y debate en el interior del bloque oficialista, es probable que cuente con el apoyo de las bancadas opositoras, que han hecho de este tema una de sus principales banderas de crítica al gobierno municipal desde los tiempos de Barbieri, a quien señalan como el que agotó el banco de tierras que creó el gobierno justicialista que se fue en 1999.
Cierto es que buena parte de esas tierras fueron destinadas a los planes sociales de vivienda que dispuso el Gobierno Nacional. Aunque no menos cierto es que el manejo que han tenido esos planes dejaron mucho que desear, con una toma masiva incluida, causas federales por deficiencias en la construcción y el amargo sabor del desarraigo de barrios históricos como La Cruz o Bajo Puerto.

Voces en contra
La solución que se propone a las deficiencias en materia de capacidad de acceso a la vivienda para todos que establece el proyecto genera revuelos entre quienes ostentan la propiedad de los terrenos que aparecen en los sectores comprendidos por el proyecto.
Los principales argumentos que se oponen tienen que ver con la defensa irrestricta de la propiedad privada, esto es el derecho que tiene quien compra un terreno de mantenerlo baldío hasta el fin de sus días, venderlo cuando quiera, construir cuando desee y hacer con lo que es suyo lo que se le venga en ganas.
De ello se desprende una discusión que tiene una mirada más ideológica si se quiere y que tiene que ver con cuáles son las atribuciones del Estado.
El proyecto implica que la Municipalidad se meta de lleno en el mercado inmobiliario para regular y hacer su parte en lo que le corresponde como garante de los derechos sociales de los habitantes del territorio.
Regulación o no aparece en el debate. Las implicancias del Estado y sus potestades son parte relevante en una discusión que se enciende al calor de una situación compleja para muchos vecinos.
Hubo diversas propuestas que plantearon la necesidad de que el Municipio “metiera la cola” en el negocio inmobiliario fijando pautas claras para todos tanto en la compra y venta de inmuebles como en su alquiler. Sin embargo, nunca avanzaron por la oposición de quienes entienden que “la mano invisible” del mercado regula por sí sola este tipo de situaciones y que la relación oferta-demanda es la que manda en estos casos.
El debate está abierto y generará importantes discusiones, no sólo en el seno del Concejo Deliberante, donde se dará tratamiento una vez que ingrese el proyecto, sino también en la sociedad, que sufre a diario la situación y no encuentra horizontes que permitan avizorar una respuesta que conforme una de los principales motores de la vida cotidiana, el sueño de la vivienda propia.

Ciudad en emergencia
San Pedro fue declarada en emergencia habitacional el 28 de julio de 2008, cuando se creó la Comisión multisectorial para abordar la problemática de viviendas que tiene la ciudad.
La cuestión atraviesa las clases sociales y es tema de conversación en cada mesa familiar. Desde la pareja de profesionales recién casados, la familia cansada de alquilar y mudarse constantemente hasta aquellas que están condenadas a plantar cuatro chapas en un terreno tomado para darles un techo a sus hijos, aún a sabiendas de la ilegalidad que ello significa.
Un nuevo caso similar tomó estado público el lunes, cuando una familia construyó precarias viviendas en un terreno ubicado en Bozzano y Benefactora Sampedrina.
María, una de las habitantes del asentamiento, relató a La Radio y La Opinión su situación: “Estaba alquilando y me pidieron la casa, no tengo adónde vivir, estoy en la calle y no sé adonde ir”.
Además, señaló que está esperando “un terreno que me prometieron que me iban a dar”. Consultada sobre quién le había prometido, informó: “Con el Intendente Barbieri trabajamos para las elecciones, para llevar gente para votar. Estaba inscripta en un plan de viviendas y faltaba un papel en La Plata que llevamos, pero todavía no pasó nada”.
María tiene 26 años y dos hijas, trabaja temporariamente en el campo y su marido como albañil, también de manera temporaria.
Su caso ilustra la problemática habitacional y es uno de los tantos que se suceden a diario en la ciudad, donde muchas familias sin otra opción deciden arriesgarse y tomar un terreno que no les pertenece, con las consecuencias judiciales que esa actividad ilegal implica.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo Último

Lo Más Leído

Publicidad
Publicidad

Otras noticias