El cuatrerismo en la mira del Ministerio de Seguridad
Las dudas en torno al procedimiento planteadas por los acusados de vender vacas robadas generaron que la Superintendencia de Seguridad Rural enviara un delegado el martes, tras lo que habrá una nueva reunión este jueves, con las máximas autoridades del área. Mientras tanto, además de los 16 animales retirados hay 19 “confiscados” que permanecen en el campo del comprador. Los vendedores tienen asistencia jurídica y aseguran que son ellos las víctimas de “un robo”.
Lo que fue anunciado como un gran operativo mediante el que la policía de la Patrulla Rural había logrado recuperar 16 vacas robadas se transformó con el correr de los días en una polémica que tiene muchas aristas, generó diversas dudas y provocó la intervención de las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia, que pusieron atención en el tema.
La semana pasada este semanario expuso las versiones divergentes que había entre el relato del presunto tutor de los animales y el de la policía, por un lado, y el de los dueños del campo donde fueron incautadas las vacas y el de quienes se las vendieron, por el otro.
Esas dudas ahora forman parte de la causa judicial que el viernes tendrá resolución respecto de la Fiscalía que continúa con la investigación, que sería la Nº 5 a cago de Marcelo Manso.
El martes vino a San Pedro el Coordinador General para la Región Norte de la Policía Rural, Comisario Mayor Omar Villarreal, quien se reunió con la Sociedad Rural, Federación Agraria y el Foro de Seguridad para ponerse al tanto de este y otros casos.
Tras esa reunión, quedó fijada otra para este jueves, en la que se espera que arriben a la ciudad los máximos responsables de la Policía Rural, el Superintendente Daniel Salcedo o el Director General Dante Rossi.
Ello significa que el caso tuvo repercusiones más importantes que las que pudo generar la duda inicial y no se descarta que pueda costarles bastante más que un llamado de atención a los responsables de la Policía Rural Diego Verdón (San Pedro, a cargo desde mayo, luego del escándalo con el que fue alejado su antecesor, Cristian Suárez, quien dejaba el Destacamento cerrado y solo por las noches) y Sergio Ullúa (teniente primero, con asiento en Pergamino, especializado en abigeato)
Una historia, dos relatos
La historia es una: animales de la zona de islas fueron trasladados a un campo, donde luego hubo un allanamiento que arrojó como resultado la confiscación de una “tropa” de 35 vacas presuntamente robadas, de las cuales 16 fueron “recuperadas” para su dueño a través del productor Leonardo Demolic, quien los tenía a su cargo para pasturas.
El relato que consta en las actas es que el domingo 6 de septiembre, la DDI, la Patrulla Rural local con apoyo de Pergamiono y los jefes a cargo encabezaron un operativo en el campo de la familia Armendáriz para revisar un lote de vacas que Demolic denunció como robadas en su isla y que entendía habían sido vendidas a ese establecimiento.
Allí, según la policía, raparon los animales y encontraron marcas por debajo de las superficiales; Demolic reconoció 16 y se las llevó, mientras las otras 19 quedaron “confiscadas” judicialmente en un corral.
El otro relato es el de Ernesto Alvarez y su familia, quienes vendieron los animales y son los acusados del robo. Ellos aseguran que el lunes 31 de agosto trasladaron al continente 35 animales de su propiedad cuyas madres quedaron en la isla. Que se las vendieron a Roberto Armendáriz, quien las cargó en un camión, tras lo que controlaron peso en la arenera más cercana para calcular el costo que debería ser pagado en los 90 días subsigiuentes. Eran 5900 kilos, 144.400 pesos.
“No sabemos qué pruebas presentaron para que los de Cuatrerismo (Policía Rural) les entregaran los animales, porque tenemos las guías y marcas correspondientes”, aseguraron. Respecto de la “sobremarca”, indicaron: “Cuando los animales fueron cargados al camión, fueron marcados nuevamente por orden del señor Ullúa, de Cuatrerismo”.
En ese sentido, apuntaron contra el mismo agente policial, quien luego encabezó otro allanamiento en la casa del nieto de Álvarez, un joven apodado “Tati” cuyo nombre genera ciertas muecas en el ambiente ganadero. Ese procedimiento dio negativo.
“Terminado esto, el señor Ullúa le dijo a mi suegro, Alvarez, que se quede en el molde con estos 16 animales que dijo reconocer Leonardo Demolic, que ya está todo arreglado que se quede en el molde y que no haga nada, que no lo reclame, que entonces no lo van a molestar más”, señaló a La Opinión Susana Vallejos, nuera de Ernesto Alvarez, en un escrito firmado que acercó.
Alvarez y Vallejos contrataron el patrocinio del estudio Lima y asociados. El martes estuvieron en Fiscalía, aunque no pudieron tomar vista del expediente. La familia Armendáriz dejó expuesto que el día del procedimiento en su campo sólo fueron “pelados” tres animales, no los 35 del total de la tropa, como diría el acta que le entregaron al Fiscal Manso.
Las dudas, más allá de este caso
Expuestas los dos relatos de esta historia, las dudas de la Justicia y del Ministerio de Seguridad están en el procedimiento y sus resultados. Los policías que llevaron adelante el procedimiento filmaron y fotografiaron su accionar, lo que obra en poder de la Fiscalía.
Aun así, de la reunión del martes, la autoridad regional de la Policía Rural, Comisario Villarreal, se fue con algunas preocupaciones por la repercusión pública de los testimonios brindados el sábado en el programa Sin Galera que se emite por Apa.
Los detalles que habría recibido en el encuentro con entidades intermedias respecto de la multiplicidad de hechos delictivos en la zona no le habrían sido de satisfacción.
Incluso algunos operativos que se habrían llevado adelante sin que sus subordinados tuvieran la autoridad jurisdiccional para hacerlo fueron parte de lo que se llevó. Una de las preocupaciones de Villarreal estaría vinculada con la sorpresa que se habría llevado al llegar el martes al Destacamento y encontrarse con los móviles parados en el lugar, en vez de estar de recorrida.
El jueves, la Sociedad Rural será sede de la nueva reunión, con la presencia de Salcedo o Rossi, los máximos responsables de la Policía Rural, de la que podrían salir definiciones.
La zona rural es siempre blanco del accionar de delincuentes. Desde el robo de ganado al ingreso de personas armadas a las casas de quienes todavía viven en el campo. Sin embargo, en los últimos meses la ola de hechos recrudeció.
En las páginas de policiales de esta edición se relatan algunos de ellos. En muchos casos, las familias víctimas deciden dejar el hogar donde desarrollaron su trayectoria de vida, aterrados porque se repita lo que les tocó vivir.
La reuniones que las entidades pidieron con diversas autoridades comenzaron sobre todo por estos hechos, pero también por lo que sucede en el resto de la ciudad.
Una reunión con los jueces
Este mismo jueves, las entidades y el intendente viajan a San Nicolás a una reunión con los jueces de Garantías, en el marco de los encuentros relacionados con la inseguridad que vienen desarrollando.
Los tres jueces de garantías del Departamento Judicial de San Nicolás, Laura Vázquez, Ricardo Pratti y María Eugenia Maiztegui, recibirán a Fabio Giovanettoni, los representantes de las instituciones intermedias y del Concejo Deliberante para dialogar sobre su tarea en relación a los hechos delictivos.
Sociedad Rural, Federación Agraria, Centro de Comercio y Foro de Seguridad mantuvieron una primera reunión con el Ejecutivo y las autoridades de las fuerzas policiales que tienen influencia en el distrito; luego hicieron lo propio con los concejales de la Comisión de Seguridad; y luego con los Fiscales.