El Congreso de la Nación puso la mira en el millón de la ONG Dignidad por San Pedro

Desde que tomó estado público que el Ministerio de Agricultura de la Nación otorgó un subsidio de 1.200.000 pesos a la asociación civil Dignidad por San Pedro se tejieron múltiples especulaciones respecto de quiénes son los beneficiarios y para qué será utilizado ese dinero, que el presidente de la ONG Juan Diego Basaldúa dijo a La Opinión son para “emprendimientos productivos”.
El poco detalle ofrecido a este semanario por parte del titular de esa organización y el hermetismo con el que se maneja el listado de beneficiarios –cuyos integrantes dicen que ya comenzaron a cobrar en el Banco Nación– provocó conjeturas de todo tipo, alimentadas además por la estrecha vinculación de Basaldúa con el excandidato a intendente por el Frente para la Victoria, Daniel Monfasani.
El miércoles de la semana pasada el tema que tanta polémica generó en la ciudad llegó nada menos que al Congreso de la Nación, a través de una iniciativa del Diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Ricardo Cuccovillo, electo por el Partido Socialista y entre cuyos asesores se encuentra el abogado sampedrino Fernando Nouet.
Con el número de expediente 5730-D-2011, Cuccovillo presentó un proyecto de Resolución en el que exige información detallada respecto del millón que llegó a la ONG sampedrina. Lo acompañaron en la firma para la presentación el también socialista santafesino Miguel Barrios y el Diputado nacional bonaerense que representa a la UCR Mario Barbieri, exintendente local.
El proyecto tiene como objetivo requerir al Poder Ejecutivo Nacional que encabeza la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner “toda la información que posea” en relación al famoso subsidio, detalle que deberá ser entregado a través de los organismos que correspondan, en este caso la Subsecretaría de Agricultura Familiar y el Ministerio que conduce el electo Diputado nacional Julián Domínguez.
El legislador socialista advierte sobre la acreditación del subsidio y el retiro de fondos de “personas vinculadas a la campaña de uno de los candidatos a Intendente” de San Pedro.
Asegura que esto “ha generado sospecha en la comunidad respecto del destino final de los fondos públicos involucrados”, por lo que considera necesario “aclarar los motivos de la asignación de fondos públicos” a Dignidad por San Pedro.
Para el Diputado, de esta situación “se puede inferir una preocupante carencia de elementos que justifiquen la entrega de semejante suma”. Además, plantea que es necesario una detallada aclaración por parte del Gobierno nacional, ya que “la suspicacia respecto del destino de estos fondos es pública y notoria en toda la ciudad de San Pedro”, por lo que esperan a través del pedido de informes “despejar las dudas existentes”.
En ese sentido, el proyecto firmado por Cuccovillo, Barrios y Barbieri pide que el Poder Ejecutivo Nacional informe respecto de la partida presupuestaria afectada a ese subsidio y cuál es el monto destinado a Dignidad por San Pedro. Que señale la fecha y resolución ministerial mediante la que se afectó ese dinero.
También exigen datos respecto a qué área, proyecto o programa da fundamento a la entrega de tamaña suma y si acaso esta asociación civil puede efectivamente distribuir fondos públicos y seleccionar beneficiarios, así como los criterios que debe adoptar para ello.
El proyecto solicita saber entidad bancaria, sucursal, número de cuenta y fecha de depósito, y pide toda la información pertinente respecto a la asociación civil Dignidad por San Pedro. Esto es: objeto social, miembros que la componen, etc.
El extenso pedido de informes está fundamentado en la Ley de Ética Pública, que establece la necesidad de mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas, “sin restringir información”, algo que ha sido el eje de todo este caso, por las dificultades de acceso público a los detalles correspondientes.
“Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados”, señala como prerrogativa esa ley. Transparencia en la asignación de los recursos es demostrar a la comunidad que los actos de gobierno están fundados en razones de bien común.
El Estado tiene nada menos que la misión de garantizar la buena administración de los recursos públicos. Por ello, la solicitud de los diputados es pertinente, en la medida en que se trata de 1,2 millones de pesos de las arcas públicas cuyo destino sigue siendo un misterio.

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