El conflicto por la Bajada al Puerto llegó a la Justicia
Tras la apelación de los vecinos, el Juez de Faltas dio intervención al Juzgado Correccional de San Nicolás, que deberá definir si la resolución de “desalojo y demolición” es correcta. Mientras tanto, los vecinos fueron a La Plata y se enteraron que el barrio está en el Registro de Villas y Asentamientos Precarios que creó la ley de acceso justo al hábitat. En la barranca, las máquinas siguen trabajando. Rodríguez dijo que los habitantes históricos del lugar “se oponen al progreso”.
El conflicto por los terrenos ubicados al pie de la barranca en la Bajada al Puerto, debajo de la construcción del hotel Azahar spa sumó capítulos importantes esta semana y a dos actores relevantes para la definición de la situación: la Justicia y la Dirección provincial de Tierras, Urbanismo y Hábitat.
Mientras aguardan las definiciones respecto de la resolución de “desalojo y demolición” que firmó el Juez de Faltas Fabián Rodríguez tras una inspección enviada por el Gobierno de Cecilio Salazar a través de la Secretaría de Obras Públicas, los vecinos observan con preocupación que continúan los movimientos de tierra en la cresta de barranca, por encima de sus viviendas.
“Nosotros no estamos en riesgo, nos están poniendo en riesgo ellos”, dijeron los vecinos, preocupados por las consecuencias que pudiera tener sobre sus viviendas el movimiento de suelo que desarrollan las máquinas.
Advirtieron que de haber lluvias persistentes, el barro podría comenzar a bajar hacia sus hogares, tal como sucedió en algunas oportunidades cuando desde el hotel en construcción hicieron el mismo movimiento de tierra, antes de que dispusieran una pared de contención.
La hora de la Justicia
El Poder Judicial interviene en el conflicto, pero no porque haya una denuncia de algunas de las partes en la Justicia ni porque los vecinos hayan ido en procura de la prescripción adquisitiva o para debatir si el convenio firmado entre la Municipalidad y el hotel alcanza los terrenos donde ellos viven desde hace más de 50 años.
Lo hace porque la apelación que los vecinos presentaron con asistencia del concejal opositor Ariel Ramanzini fue aceptada, lo que implica que el Juez de Faltas debe elevar las actuaciones al Juzgado en lo Penal en turno.
La normativa establece que, tratándose de una falta municipal, resulta de aplicación lo dispuesto por el Código de Faltas Municipales y la ordenanza municipal que lo regula, por lo que ante la apelación la jurisdicción en materia de faltas será ejercida “por los jueces de primera instancia en lo penal”.
El Juez de Faltas Fabián Rodríguez resolvió “conceder el recurso de apelación deducido, con efecto suspensivo” y elevar las actuaciones al Juzgado Correccional en turno del Departamento Judicial de San Nicolás, que deberá resolver el tema dentro de los 15 días de recibida la causa.
Barrio registrado
La semana pasada, con un acompañamiento político que prefirieron no revelar, los vecinos llegaron a La Plata. En la Dirección provincial de Hábitat, Urbanismo y Tierras, donde les informaron que el barrio que habitan está incluido en el “Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios” que prevé la denominada “ley de acceso justo al hábitat”.
El barrio fue registrado bajo el número 1357 y cargado al sistema el 7 de julio del año pasado y abarca toda la zona que lleva desde la bajada por Rómulo Naón hacia la terminal portuaria.
“Fuimos a la Dirección de Hábitat y Tierras, a ver si podíamos inscribir el barrio en el marco de la ley de hábitat, pero ya estaba inscripto desde el año pasado, por lo tanto hay un trámite iniciado para esa ley, cualquier barrio preexistente a la ley puede inscribirse para hacer la escritura”, explicó Diego Giménez, hijo de un habitante histórico de la zona.
La Ley de Acceso justo al Hábitat establece que el Gobierno bonaerense debe “asegurar, en coordinación con la Escribanía General de Gobierno, la regularización dominial y la gestión escrituraria de los inmuebles construidos con el fin de permitir el acceso al título de propiedad y su constitución como bien de familia”.
Además, crea el “régimen de integración socio-urbana de villas y asentamientos precarios existentes a la fecha de promulgación de la ley y el “Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios”, con el objetivo de urbanizar e integrar esos barrios a las ciudades.
La ley prevé también criterios para la relocalización de viviendas, que “sólo afectará a una porción de la población del barrio” y debe obedecer a “necesidades de reordenamiento urbano; hacinamiento de hogares” o factores de riesgo social, hidráulico o ambiental”.
Para el hotel, ya cumplieron
Uno de los responsables de la construcción del hotel, el arquitecto Walter Ceriani, dijo a La Opinión la semana pasada que “el municipio debería hacer mucho por esto”, en relación al desalojo del terreno que pretende la empresa para la que trabaja.
En ese sentido, recordó: “Se habían pactado 15 viviendas para la gente que vivía aquí, las hicimos desde la empresa, se inauguraron y la gente está viviendo” y agregó: “Es un problema que ya teníamos resuelto, con la inversión de 15 viviendas nuevas para 15 familias, pero seguimos con la problemática”.
Como apuntó este semanario en un informe de la edición impresa la semana pasada, la historia de la construcción del hotel San Julián primero y Azahar Spa después es la de una cantidad de medidas destinadas a favorecer a la empresa, no siempre teniendo en cuenta los intereses de los vecinos de la zona.
El sábado en Sin Galera, el Juez de Faltas fue vocero de la decisión del Gobierno de Cecilio Salazar de, una vez más, defender los intereses de la empresa (ver recuadro), aunque el propio intendente haya dicho en declaraciones públicas y por mensajes privados a los propios vecinos que debe haber una “solución habitacional” para las familias.
Al igual que en la reunión que los damnificados mantuvieron con el Secretario de Gobierno Silvio Corti, en el Ejecutivo nadie dice por qué enviaron a un inspector a “constatar” la “construcción no permitida en zona de alto riesgo por peligro de derrumbe y amenaza a la seguridad de personas y propiedades”.
Después de todo, el único sincero fue el Juez de Faltas, quien habló en nombre de “esta gestión”, es decir del intendente Cecilio Salazar, quien lo nombró en el cargo.
Rodríguez y “el progreso”
“Esto no pasa solo acá, hay casos en toda la provincia. Lo bueno sería no demoler nada, hay un proyecto de ordenar la ciudad. No podemos hacer la vista gorda, el modo de vivir de épocas pasadas no es el proyecto de esta gestión”, dijo.
Con crudeza, señaló que “lo público tiene que estar por sobre lo privado” y que “los que habitan ahí van en contra del crecimiento de San Pedro, de cómo tiene que ofrecerse un lugar seguro”.
“Hay gente viviendo en la barranca, en un lugar riesgoso y un emprendimiento privado va a dar beneficio a 16 manzanas con la depuradora”, señaló en relación a la postura que favorece a la empresa en detrimento de los vecinos, como “lo público por encima de lo privado”.
“La demolición es a condición de que se le dé una solución a la gente”, aseguró Rodríguez y agregó: “El progreso va a ser mayor para ellos porque lo que se le va a ofrecer es mejor que lo que tienen ellos”.
Algo similar es lo que sostuvo en público y en privado Salazar. Sin embargo, la resolución del Juez de Faltas que ahora analiza el Juzgado en lo Correccional dice otra cosa. En ningún lugar hace referencia a una “solución habitacional” para los vecinos. Apenas si intima al Municipio para que a través de Desarrollo Humano haya “efectiva asistencia” para los ocupantes, una vez cumplida la demolición.
Ello porque su decisión “pondría en situación de vulnerabilidad” a quienes ocupaban el inmueble que ordenó destruir, por lo que recomienda que se contemple “la protección eficaz de los menores de edad, personas con discapacidad” y cualquier ocupante que “pueda verse afectado”.
“Es un disparate”
Entre las voces políticas que se opusieron a la medida que el Juez de Faltas tomó tras la inspección enviada por el Gobierno de Cecilio Salazar apareció la semana pasada la del diputado Daniel Monfasani, quien aseguró que está “del lado de le gente”.
“Que un juez de faltas intente sacar una barriada cuyos bisabuelos vivían en ese lugar es uno de los disparates más grandes que pueda haber”, consideró el massista, de buena relación con el intendente, consultado al respecto tras entregar becas y subsidios en su local partidario.
También consideró “un disparate” la ordenanza de concesión del espacio público municipal, que implicaba el desalojo de las viviendas ubicadas “en el borde de las barrancas en una zona declarada de emergencia”.
“Nosotros estamos de parte de esa gente. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer”, sostuvo el legislador y comparó: “Esto es como el caso Melgar”.