10.5 C
San Pedro
jueves, mayo 6, 2021

El conflicto en el puerto se agudiza y los portuarios van del escrache a la Justicia

La pérdida de la carga de frutas por la decisión de Baltic Shipping de operar en Campana precipitó la resolución de las empresas locales de suspender a sus trabajadores permanentes. El nuevo dueño no se presentó en el Ministerio de Trabajo y esta semana habrá nueva audiencia. Los sindicalistas, entre ellos el concejal Matías Franco, encabezaron un escrache en los domicilios particulares donde viven las familias de los anteriores titulares de Estibaje San Pedro y Agencia Marítima Saliva.

Publicidad

 

A 40 días del viaje a Rusia que no sirvió para demorar o impedir que la empresa naviera Baltic Shipping se lleve la operatoria de exportación de cítricos al puerto de Campana, el conflicto que se desató por la falta de trabajo –esa carga representa el 60% del total anual local– se agudizó tras el envío de telegramas de suspensión para los empleados permanentes mensualizados y la falta de notificación alguna para los “permanentes con prestaciones discontinuas” de las firmas Estibaje San Pedro y Agencia Marítima Saliva.

Publicidad

La semana pasada el conflicto tomó un cariz más grave aún, cuando un grupo de trabajadores portuarios, acompañados por sindicalistas –entre ellos Diego Balcaza, del SUPA, y el concejal Matías Franco, de Fempinra, ambos integrantes de la delegación que viajó a Rusia– pasaron a la “acción gremial directa” y fueron a protestar a los domicilios particulares de las familias que hasta principios del año pasado fueron titulares de esas empresas, cuyos accionistas cambiaron.

Esa protesta incluyó un escrache con pintadas de reclamo e insultos a las familias Lara y Tufilli, situación que provocó la instrucción de una causa penal por “daño”. En ese momento, el Concejo Deliberante empezaba a sesionar y aprobaba una licencia de Franco, que estaba a dos cuadras, encabezando una protesta, avalando y participando de una situación que el Código Penal considera delito y de la infracción a una ordenanza que su propio bloque, Cambiemos, impulsó: la de pirotecnia cero.

La situación hizo que la calle Mitre permaneciera cortada durante casi todo el día, a una cuadra de plaza Constitución. Los días subsiguientes, los sindicalistas y trabajadores portuarios mantuvieron una especie de guardia en los domicilios. Las familias –incluidas las niñas– no regresaron a su hogar y se vieron obligadas pernoctaron en otros sitios por las amenazas que también recibieron en redes sociales. También hay alrededor de 15 empleados de la empresa Serviexport que no pueden entrar a trabajar a sus oficinas, desde el día de la protesta.

Desde el Concejo Deliberante nadie dijo nada sobre el escrache. En la sesión, el tema se trató a través de un pedido de informes de la oposición. En su alocución, el presidente del bloque Frente para la Victoria – Unidad Ciudadana, Rodolfo Titín Trelles, hizo hincapié en el grosero error que aparece en los folletos que el Consorcio de Gestión distribuyó en Expoagro, en el que escribieron que el puerto local tiene “un calado máximo de 11 pies”, lo que significa 3,35 metros, un verdadero disparate. De todos modos la oposición tampoco consideró que en más de una década y media no pidió control ni informes sobre el rol que cumplió el representante del ejecutivo en ese organismo, otro disparate.

El Consorcio que preside el sindicalista, concejal suplente de Cambiemos y exfuncionario del Concejo Deliberante Eliseo Almada tampoco dijo nada tras los actos violentos. De la misma manera, el gobierno de Cecilio Salazar hizo silencio ante un accionar que, en otras circunstancias similares, supo ser repudiado por todo el arco político, que suele considerar que “el límite es la familia” cuando se trata de disputas políticas, gremiales o sectoriales. Nadie en Cambiemos aconsejó siquiera a sus miembros protagonistas de esta historia de lo  peligrosas que pueden ser las amenazas en una negociación sobre todo si provocan que se ventilen los números, costos y acuerdos con los que se ha operado la carga de frutas desde que arribaron a la terminal fluvial los negocios de Multimar que huyeron del puerto de Rosario por los permanentes conflictos gremiales.

Los únicos que hablaron fueron los miembros de la Cámara de Comercio Exterior, que representa a las empresas del sector. Difundieron un texto liviano en el que manifestaron “su preocupación ante los hechos ocurridos” y consideraron que el escrache en las viviendas familiares “no fue la forma adecuada”.
Quizás temerosos de los sindicatos, enfatizaron su “respaldo absoluto” al “derecho a ejercer la libertad de expresión y manifestación de quienes sufren las consecuencias ante las actuales circunstancias”.

La situación del jueves, aseguraron los sindicalistas, la desató la ausencia de Carlos Ybarra, nuevo dueño, desde principios del año pasado, de las empresas en cuestión, en una audiencia en el Ministerio de Trabajo. El empresario viajó desde Buenos Aires para entregar un certificado médico en el que señaló que debía guardar reposo. Al no enviar representantes –su abogado sampedrino, José Benito Aldázabal, tampoco podía concurrir– la reunión se pospuso para el próximo viernes.

Ese encuentro era relevante en la medida en que iba a ser el primero desde que los alrededor de 20 mensualizados recibieron sus telegramas de suspensión. El abogado Carlos Casini, en representación de Fempinra, ya envió las respuestas para rechazar los términos de esas suspensiones. “La empresa los suspendió sin goce de sueldo, lo rechazamos porque no corresponde, no hay homologación del procedimiento preventivo de crisis que solicitaron y están excedidos en el plazo, porque la ley dice que las suspensiones ante situaciones de falta de trabajo pueden ser de 30 días como máximo”, explicó el ex titular de la Secretaría de Trabajo cuyo estudio jurídico se especializa en juicios laborales y funciona justamente en la sede de Fempinra.

La negociación con las empresas permanece estancada y nadie tiene muchas expectativas respecto de lo que pueda suceder el viernes. El silencio empresarial es absoluto e Ybarra no responde llamados. Tampoco lo hizo ante las consultas de la prensa.

Los trabajadores repitieron durante la protesta lo que los sindicalistas informaron sobre una reunión con los Lara – Tufilli en la que se los puso en conocimiento acerca de que ellos se desprendían de las acciones y que Ybarra quedaría a cargo. La versión de los sindicatos de esa reunión es que “dijeron que la plata de las indemnizaciones estaba resguardada por si pasaba algo”, por eso fueron a sus domicilios el jueves a pedirles que “cumplan con su palabra”.

Hay otra versión de esa reunión y es la que señala que los empresarios garantizaron el dinero para cumplir con el personal si algo fallaba en el primer año de operatoria luego del traspaso, es decir 2018.

La crisis comenzó ese año, que fue el peor en cargas de frutas de los últimos 15. La bajante histórica del Paraná sacudió a todos los que “hacían la plancha” sobre el negocio frutero como única opción. Cuatro barcos se fueron a Campana. El puerto tuvo malas calificaciones. Baltic Shipping decidió irse también por los costos excesivos cuya composición los dirigentes gremiales conocen a la perfección

La situación de los trabajadores “permanentes con prestaciones discontinuas”, aquellos que sólo trabajan cuando hay barcos y que cobran una “garantía salarial” durante los meses “fuera de temporada” no recibieron ninguna notificación formal. La empresa consideró que no corresponde y que su obligación es avisarles cuando haya trabajo.

Ante ello, Fempinra los considerará despedidos y esta semana empezará a enviar los telegramas en los que los trabajadores harán ese reclamo, en procura de una indemnización. El camino, lo saben, será la Justicia. La esperanza de la “ruta del Mediterráneo” es una luz que apenas titila. Aun si esas cargas vinieran, representan apenas entre el 35 y el 40 % del total de la operatoria.

Sin propuestas y sin diálogo, los sindicatos van por la vía administrativa en el Ministerio de Trabajo, la judicial en la Justicia laboral y la “acción directa”, que podría incluir nuevos escraches.

“Estas empresas no tienen capital, son prácticamente insolventes, va a ser una pelea judicial de largo aliento. Quizás tengamos que plantear que estamos ante un fraude para alcanzar a los miembros del directorio en un juicio”, explicó Casini.

Barbieri recordó el proyecto Arcor: “Fue un fracaso político”

El exintendente dialogó el sábado con Sin Galera, para repasar la historia de ese proyecto trunco. En ese recorrido, contó que el senador Migliario, entonces intendente de Salto, intervino ante la Provincia para dar a conocer la propuesta y, en esos días, lo convocó a Barbieri y al entonces diputado provincial y exjefe comunal local Julio Pángaro para ponerlos en conocimiento. Lo que se buscaba eran los acuerdos políticos para la viabilidad del proyecto. Un emisario del gobernador Felipe Solá le planteó lo mismo a Barbieri. “Yo contesté que, de mi parte, ese acuerdo existía en un 100 por ciento”, señaló.

“Fue un fracaso de la política”, consideró Barbieri respecto de lo que sucedió en aquellos años y agregó: “El gobernador Solá, que pidió un acuerdo político, no pudo ordenar a su partido en San Pedro”.

El exintendente repasó aspectos vinculados a intereses sectoriales que, respaldados por las disputas partidarias, precipitaron la decisión de Arcor de cancelar en el proyecto. “El Consorcio ni siquiera se sentó a negociar”, recordó.

“Hay quienes creen que la historia empieza cuando ellos acceden a un lugar de poder”, reflexionó Barbieri y también destacó que jamás se produjo el llamado a licitación internacional en el que podrían haber participado distintos oferentes si es que no querían dejar que Arcor y Grobocopatel se hicieran cargo de la operatoria y la fijación de tarifas en uno de los dos muelles del puerto que se sumaría a los terrenos de Indalar.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo Último

Lo Más Leído

Publicidad
Publicidad

Otras noticias