El caso “Caso” cambia de escenario
Después de las denuncias cruzadas entre la firma Jorge Alberto Caso S.A y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, por supuestas adulteraciones en los volúmenes expendidos en los surtidores de esta firma siguen los rebotes y las acusaciones entre las partes. Los especialistas aseguran que este fraude sería imposible de realizar sin el consentimiento de la petrolera. Si se confirman las acusaciones del INTI, la diferencia en combustible seria millonaria.
Parecieran ser momentos peligrosos para el hombre que ha logrado convertirse en el mayor expendedor de combustible de la petrolera Esso en la Argentina. Después de haber lidiado con un paro que inmovilizó a toda su flota de camiones, y a pocos días de haber recibido una denuncia por fraude que se esparció por los medios de comunicación nacionales a Jorge Alberto Caso, propietario de la firma que lleva su nombre y de la mayor parte de los surtidores de nuestra ciudad, se lo pudo escuchar consternado y moderado durante la conferencia de prensa que ofreció el día Jueves pasado, en el Salón Emperador del Hotel Howard Johnson.
Acompañado por su abogado José Benito Aldazabal y por su contador José Geogeghan, Caso no escatimó ejemplos y justificaciones de todo tipo para explicar, exponer y afirmar por todos los medios posibles su inocencia en los cargos que se le imputan y sugirió la existencia de un complot contra su actividad empresaria.
Concretamente las acusaciones en curso serían dos, según el Sub Gerente de Laboratorios de Referencia del INTI, Dr. Héctor Laiz:
Por un lado la denuncia por agresiones físicas y amenazas radicada en la comisaría local, por los verificadores de ese organismo, y por otro la causa por fraude en los surtidores que fue elevada esta semana a la Dirección Nacional de Comercio Interior, el organismo que dirige Guillermo Moreno y “nunca perdona” a menos que existan “miles” de razones de por medio.
Durante la conferencia, Caso minimizó la denuncia por agresiones y comentó que lo único que existió fue una “discusión muy acalorada” (sic). Comentó que al encontrar a los verificadores en la estación, les preguntó que estaban haciendo, a lo que los jóvenes contestaron que estaban revisando los surtidores. El empresario les habría replicado, según sus propias palabras, que él “no es ingeniero electrónico pero que sí entendía a que venían ellos y que control hacían”, por lo que les pidió que lo efectuaran y se retiraran porque tenía la playa parada desde hacía más de cuatro horas.
Con respecto a la acusación por fraude, (el INTI denuncia la presencia de artefactos electrónicos, que estarían destinados a adulterar las cantidades realmente expendidas y cobradas a los consumidores de naftas y gasoil), Caso negó cualquier tipo de irregularidad en los surtidores: “Yo no conozco ningún aparatito” declaró durante la conferencia de prensa. Invitó además a los presentes a confirmar “cualquier día” la calidad y volumen de sus combustibles.
La Cuestión del Acta
José Benito Aldazábal, abogado de Jorge Caso, se refirió al acta labrada por los verificadores del INTI. Denunció que no habría sido hecha en el lugar y que tendría graves anomalías, como por ejemplo la hora de la misma, que coincidiría con la hora en la que fue radicada la denuncia. Según las palabras del propio Aldazábal “el acta y la denuncia en la comisaría se hicieron a la misma hora, 15.30. Y es imposible que eso suceda, es decir que el acta es falsa, no se hizo en el lugar”
El superior directo de los verificadores que confeccionaron la documentación probatoria, Dr. Héctor M. Laiz, en diálogo exclusivo con este medio, explicó que el acta si habría sido confeccionada en el lugar, pero no habría podido ser terminada, ni entregada por “los golpes y las amenazas recibidas”.
El mismo funcionario se mostró consternado y sorprendido al haberse enterado a través de la versión digital de este medio (www.laopinionsemanario.com.ar) que la empresa Esso habría realizado el pasado 25 de junio una inspección de los surtidores en cuestión, dado que los mismos habrían sido inhabilitados y precintados por los verificadores del INTI, y por lo tanto cualquier apertura de la cubierta, constituye una violación de las fajas por ellos colocadas.
Lo que se dice y se viene
“Nadie puede llevar adelante este fraude sin conocimiento del proveedor” dijo a este medio una calificada fuente de la Asociación de Estaciones de Servicio. Adujo que los 4 millones de litros que el empresario dice vender en su red de estaciones de servicio, multiplicados por las diferencias que el INTI dijo haber encontrado (entre un 5 y un 10 por ciento), implican sumas siderales y suficientes como para generarle a una empresa de transportes de mediana envergadura, pérdidas tremendamente gravosas. Por ese motivo, desestimó la posibilidad de la comisión de una estafa de esta envergadura “a menos que se haga en complicidad con el proveedor y exista una gran volumen que no este respaldado por una facturación corriente”. Por su parte, quienes estuvieron a cargo del operativo, sostienen que pueden estar ante una “estafa incalculable” que será minuciosamente revisada por los órganos administrativos del Gobierno que mantienen en los últimos tiempos una fuerte pulseada con las petroleras.
En realidad, si las aguas se calman, este será un “caso” más de sospechoso silencio, salvo que sirva como “caso” testigo ejemplificador de lo que puede suceder si no se acatan determinadas “reglas del juego”.
La otra cara de la moneda, tiene que ver con varios testimonios de allegados a la firma acusada, que aseguran que los técnicos del INTI no solo fueron agredidos salvajemente, sino que se han presentado varios casos de quejas de clientes que detectaron diferencias en sus cargas. Tal es el caso de una empresa de transportes de pasajeros, que al advertir la diferencia y corroborarla, habría mantenido una larga charla con el empresario indicando que a partir de ese momento, sus vehículos debían recibir combustible en forma gratuita. Por supuesto, cuando fue consultado por este medio y pese a haberlo comentado ante al menos cuatro personas en un bar de la ciudad, negó la versión rotundamente. Mantener la distancia en una ciudad tan estrecha siempre será difícil para la prensa que busca la verdad.
El INTI va por mas
En el día de ayer, y durante mas de cinco horas, funcionarios del INTI se hicieron presentes en San Pedro para verificar otras 3 estaciones de servicio, todas pertenecientes a la firma Jorge Alberto Caso S.A
En la inspección, estrictamente de rutina según se informó, participaron 5 inspectores del organismo y el Sub Gerente de Laboratorios de Referencia Dr. Héctor Laiz, quienes fueron acompañados por un oficial de policía de la comisaría local. La verificación, que fue comunicada y planificada de común acuerdo con la firma Caso hace mas de tres semanas, se realizó sobre mas de 40 surtidores de las estaciones de servicio de Mitre al 1900, Mitre y 3 de Febrero y Crucero Gral. Belgrano y 3 de Febrero y no mostró ningún tipo de irregularidad ni en los surtidores ni en las cantidades de combustible expendidas.
El procedimiento, que fue seguido por dos cronistas de este medio en todo momento, consistió en la apertura de los surtidores para su verificación ocular, para luego colocar precintos de seguridad con un código único que se registra en un acta. En caso de requerirse la apertura de los surtidores para efectuar una reparación o calibración, la petrolera informa al INTI de la rotura de estos precintos, para que la inspección se realice nuevamente.
Una vez finalizada la inspección ocular, y el precintado de todo el dispositivo los funcionarios miden, en unos recipientes especialmente preparados para eso, la cantidad de combustible expendida por cada manguera, midiendo un total de 60 litros.
Cabe destacar que ni la inspección ocular, ni el control volumétrico (es decir, de la cantidad de líquido que fluye) mostraron ningún tipo de irregularidad. En este sentido, el Abogado de Jorge Caso, Dr. José Benito Aldazabal informó a este medio que las actas realizadas durante el día de ayer serán presentadas como prueba en la causa iniciada por los episodios de La Serena, dado que serían documentos perfectamente confeccionados y de acuerdo a las generales de la ley, y la contraposición de los mismos con los confeccionados en la Serena, demostraría lo irregular de estos últimos.
Consultado por este medio con respecto a la inhabilitación que pesaría sobre dos de los surtidores de la serena, Aldazabal confirmó (y hay un acta firmada por una escribana pública que así lo corrobora) que el servicio técnico de la petrolera ESSO realizó también una auditoría sobre los surtidores. Con respecto a la causa penal por agresiones, que se abrió a partir de los hechos en La Serena, Aldazábal indicó que ninguno de los involucrados habrían sido citados ni informados de nada. Sin embargo, fuentes cercanas a la causa, indicaron que la Secretaria de asuntos legales del INTI estaría intentando que la misma pase al fuero federal, dado que se trato de una agresión a funcionarios públicos en ejercicio de su tarea. Los funcionarios del INTI, consultados sobre los controles que vienen realizando en todo el país comentaron que en el 2% de las estaciones verificadas, se encontraron aparatos que alteran los volúmenes expendidos.
Este nuevo dispositivo que modifica la venta, fue descubierto a partir de marzo de este año, y al parecer se estaba ofreciendo dentro del mercado “negro” del rubro del combustible como un dispositivo “indetectable”. Cabe destacar que las sospechas de quienes investigan el tema apuntarían a empresas de servicio técnico de surtidores, dado que es un tema altamente especializado al que personas ajenas al rubro no podrían acceder tan fácilmente.