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    El almacén 9 de Julio, escenario de conflicto

    El histórico puesto ubicado camino al aeroclub es materia de un litigio que comenzó en noviembre del año pasado, cuando la hija de los fallecidos propietarios denunció una usurpación. Los ocupantes del inmueble blanden documentación que respalda su postura. Sin embargo, la medida cautelar de restituir la propiedad mientras se resuelve la cuestión de fondo está en pie.

    2 de octubre de 2013 | 10:38
    El almacén 9 de Julio, escenario de conflicto

    El viernes al mediodía, personal policial y del Juzgado de Paz se hicieron presentes en el edificio del histórico almacén 9 de Julio, ubicado en el final del barrio Villa Jardín, en el camino que lleva al aeroclub, enclave que debe su nombre al propio puesto que ofició de proveeduría a los vecinos de esa zona rural.
    La presencia de la Justicia tenía que ver con una orden de desalojo emanada por el Juzgado de San Nicolás y ratificada por la Cámara de Apelaciones, que otorgó a Patricia Rasio, hija de los fallecidos propietarios del lugar, la medida cautelar precautoria solicitada mediante un interdicto para recuperar el inmueble mientras se define la cuestión de fondo.
    Esa “cuestión de fondo” es la discusión sobre la propiedad que mantienen en el ámbito judicial Rasio y la familia de Jorge Centurión, quien asegura haber comprado de buena fe el viejo almacén y muestra como documentación un boleto de compraventa y un poder para escriturar, todo firmado por la fallecida propietaria Delia Elsa González y por ante la Escribana pública Teresa Gasparín.

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    Desalojo,
    mientras tanto
    La medida de alzamiento no se llevó a cabo el viernes porque la familia Centurión se opuso y hasta se vivieron momentos de tensión ante la resistencia. Con la presencia de José Benito Aldazábal y Mirta Cardozo como abogados de Rasio y Carlos Casini de la familia ocupante, alcanzaron un acuerdo para que la medida se demore unos diez días.
    “Eso ya fue resuelto por la Justicia, que revisó esa documentación y dijo que en esta instancia es viable el desalojo; la documentación fue revisada ampliamente por la Justicia y decretó el desalojo igualmente”, sostuvo Aldazábal.
    Por su parte, Casini explicó: “Iniciaron un interdicto de recobrar, como medida previa la devolución anticipada de la propiedad, en base a la documentación que ella presenta. Ese expediente tramitó sin notificación a la contraparte, podemos pensar que es injusto, pero es legal, puede pedir la restitución anticipada mientras se debate la cuestión de fondo”.
    El concejal explicó que ante este tipo de solicitud “no se discute el dominio” y que la Cámara de apelaciones toma el argumento de Rasio de que vivía allí y fue desalojada por la fuerza para establecer este fallo, más allá de la cuestión de fondo.
    En noviembre del año pasado, Rasio denunció la usurpación y además sostuvo que le robaron anillos de mucho valor y unos 300 mil dólares que aseguraba tener en una caja dentro de la precariedad que presentaba en ese momento el almacén, donde La Opinión estuvo en aquella oportunidad y pudo observar el abandono del inmueble, dentro y fuera.
    “Mientras se define quién es el verdadero dueño, Centurión debe dejar la propiedad, es injusto pero es legal”, explicó Casini y señaló que “la decisión de fondo dirá quién tiene derecho a la propiedad”.

    Los papeles
    de Centurión
    “Esto es mío, tengo los papeles, escrituras, comprado legalmente, con la escritura original en La Plata”, sostuvo Jorge Centurión y aseguró: “No hay nada trucho ni fuera de lo legal”.
    El y su esposa Laura Mir contaron a La Opinión que cuando el dueño del histórico almacén falleció, ellos se hicieron cargo de su esposa. Centurión era apoderado de ambos ante la Anses, para cobrar sus jubilaciones. “La llevé y a los pocos días viene esta chica (Patricia Rasio), violenta la puerta de atrás y reabre el boliche”, dijo el hombre y aseguró: “Yo le compré a la señora en 2011, porque ella había puesto una abogada, ellos querían que nosotros nos quedáramos con esto y se lo compré, me lo vendió, hizo un poder de carácter irrevocable por diez años, el boleto de compra venta, todo. A pesar de su edad era una mujer muy viva”.
    Aseguró que pagó 110 mil pesos y que puso todos sus “ahorros” para ello.
    “Tenemos papeles y todo, somos dueños y tenemos que dar más vueltas que no sé qué para demostrarlo”, se quejó Laura Mir. Su esposo sostuvo: “Lo que quiero es que quede claro que acá están las escrituras, nada es trucho ni fuera de lo legal”.

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