El adolescente que robó en la estación de servicio Sol cumple la mayoría de edad

El 17 de febrero, el adolescente que más entradas en la comisaría tiene en los últimos tiempos cumplirá 18 años y quedará a disposición de la Justicia penal, en la medida en que, a juzgar por su trayectoria, seguirá cometiendo delitos. Si, como hasta ahora, lo siguen atrapando, su futuro es la cárcel.

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Desde allí, la semana pasada un preso denunció a los gritos que mueren cinco personas al mes porque están alojados en condiciones infrahumanas y con casos de tuberculosis. En ese mismo penal otro detenido, de 19 años, sobrevive en un pabellón sanitario con deficiencias pulmonares que no han sido definitivamente diagnosticadas y un bajo peso que delata su estado de mal nutrido.

Ese puede ser el destino para quien durante la última semana fue protagonista de un caso resonante y sospechoso de otros tantos. El jueves por la madrugada, junto a otro joven, intentó asaltar a punta de pistola al playero de la estación de servicio Sol, quien fue rescatado por la intervención de un policía que estaba de franco y pasaba por ese lugar.

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Como tantas otras veces, fue apresado. A las pocas horas fue devuelto a su madre, sobre quien pesan algunas sospechas relacionadas con el camino trazado por el adolescente durante los últimos años.

Además, se presume que ese mismo día habría robado una moto en Miguel Porta, entre Dávila y Chacabuco, hecho delictivo que, al igual que el que impidió el agente de la Bonaerense, fue captado por cámaras de seguridad, videos que fueron publicados por los medios de comunicación y reproducidos hasta el cansancio.
El fin de semana fue atrapado en la vía pública con un televisor de 42 pulgadas, presuntamente sustraído de una casa desvalijada en Fray Cayetano Rodríguez al 1500.

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Una trayectoria delictiva

En octubre pasado, La Opinión reportó que en una semana había ingresado nueve veces a la Comisaría: tres por tentativa de robo; una por violación de domicilio; dos por robar motos; dos por robo de otros rodados; y otra por saquear una proveeduría de la costa.

Antes había sido apaleado por vecinos cuando intentaba robar una moto y junto a sus familiares protagonizó una gresca en la sede policial, donde en medio del tumulto le robaron la billetera al comisario Gallo.

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Más de una vez en la casa de su madre hallaron elementos vinculados a robos. El caso más resonante en el que estuvo involucrado fue el que terminó con la vida de Pablo Velázquez, de 14 años, ultimado de un escopetazo cuando escapaba junto al protagonista de esta historia tras robar una moto en la zona de la costa.

Cada vez, fue devuelto a sus padres. No sólo porque la ley establece que los menores de edad deben ser entregados a sus progenitores, sino también porque una cadena de hechos, no hechos y por hacer lo dejaron a la deriva.

La Justicia había pedido ayuda

Desde junio pasado, la situación del joven, ya de 17 años cambió. Sobre él pesaba una causa por robo calificado por el uso de arma de fuego, lesiones graves y robo de vehículo dejado en la vía pública. Por ello fue imputado y se le dictó prisión preventiva, es decir que, como ya era mayor de 16 años y se le podía instruir causa penal, la Justicia actuó.

Fue derivado al centro de recepción de menores en conflicto con la ley penal de Lomas de Zamora. Dos semanas más tarde fue enviado a su domicilio con el beneficio de arresto domiciliario, tras un habeas corpus.

Esa decisión judicial implicaba la obligación de someterse a un tratamiento neurológico, trabajar junto a su tío en la construcción y pasar por una pericia psiquiátrica.

Para los médicos del Departamento Judicial de San Nicolás, el joven presenta un retraso mental moderado, agravado por su adicción a las drogas, sobre todo a la cocaína, lo que deriva en alucinaciones visuales y auditivas.

Una de las cuestiones más importantes respecto de su cuadro fue el diagnóstico respecto a la imposibilidad de comprender la criminalidad de sus actos. Ello, claro está representa en sí mismo una peligrosidad para él y para terceros.

La atención psicológica y psiquiátrica fue señalada como fundamental, así como el tratamiento para que logre controlar su adicción a las drogas.

Nunca pudo cumplir con las obligaciones impuestas, por lo que le revocaron la prisión domiciliaria y se ordenó su traslado al centro de menores a cuyos profesionales la Justicia solicitó un informe sobre su salud psicofísica.

Ante la solicitud de la asesora de incapaces, y aún sin el resultado del informe, la Justicia sobreseyó al adolescente de la causa en la que estaba imputado y dispuso su inmediata libertad, bajo el retiro de su madre.

Lo habían declarado “inimputable”. En el mismo fallo, solicitó la intervención del Servicio local de protección de los derechos del niño, del Juzgado de Familia y de la asesoría de incapaces.

Mirar para otro lado

El adolescente siguió delinquiendo, cayendo preso, retornando a su casa, donde por lo visto no estaban dadas las condiciones para atender lo que los peritos entendieron como “su patología”.

Tuvo entrevistas con personal de San Nicolás; turnos en el Centro Preventivo Asistencial de las Adicciones, al que nunca fue; y la marca imborrable de ser un “delincuente peligroso”, odiado por sus víctimas, temido por quienes lo reconocen y apuntado por policías y por otros delincuentes.

Luego de dejar morir a Velázquez -huyó del lugar sin prestarle atención a su amigo que había sido baleado- dijo alguna vez que se sentía perseguido. La contención familiar dista mucho de serlo y no faltan quienes sospechen que es en el propio seno hogareño donde se traman sus aventuras delictivas.

En el Servicio local alguna vez uno de sus miembros le habría dicho a una colega suya que no “le rompan” las que el lector ya sabe, porque “total en febrero cumple los 18 y no es problema mío”.

A los 11 años, luego de pasar por la escuela 11 y la 47, su madre lo llevó a una neuróloga, quien dio cuentas de sus dificultades mentales. De allí pasó a la 501, donde le fue mejor. Aun así, no terminó la primaria, apenas sabe leer y cuando firma en las causas sólo pone su nombre en imprenta y mayúsculas.

Según los informes oficiales -que la propia madre puso a disposición de La Opinión- la familia vive “en extrema pobreza”, en una casa con dos cuartos, de los cuales uno lo ocupan dos chicas de 14 y 10 años, la segunda con retraso madurativo, y otro un niño de 8 discapacitado que no puede valerse por sí mismo. Los ingresos son una pensión por discapacidad y dos asignaciones universales por hijo.

“Yo les pedí siempre que lo internen”, repite su madre. El jueves deben ir a San Nicolás. No saben si podrán, ya que no tienen dinero para el viaje.

Un fracaso de todos

El caso que relata esta página es una muestra cabal del fracaso de todos aquellos en quienes la sociedad delegó responsabilidades para mejorar la vida en común. Si ningún pibe nace chorro, es lamentable que muchos no tengan otro destino que morir como tales.

Retrasado mental, cocainómano, incapaz de reconocer límites legales, dispuesto a abandonar a un amigo baleado, señalado por todo el mundo, pero nunca contenido, nunca ayudado, nunca considerado con una pizca de posibilidad de tener una vida distinta.

El menor de edad que en dos semanas será mayor podía haber tenido otro destino. Hay mucha gente que cobra dinero del Estado para ocuparse de que el resto de la sociedad no tenga que sufrir los incontrolables desmanes de un pibito que no distingue lo que está bien de lo que no.

Y no se trata de palos ni de cárceles, sino de atención. Su condición impedía que sea capaz de aprender por las vías habituales, por lo que quizás necesitaba otro tipo de abordaje.

Es cierto, el de la tribuna siempre tiene razón y hablar acerca de lo que pudo haberse hecho y no se hizo es bastante sencillo. Pero hoy, a poco de que ese pibe se convierta en un adulto que puede terminar muerto en un enfrentamiento con la policía o preso en las pocilgas del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde los jóvenes hacen posgrado delictivo, no cabe otra reflexión: fracasaron todos; fracasamos todos.