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jueves, mayo 6, 2021

Duermen expedientes de usurpaciones en la costa

La Municipalidad tramita una causa contra ocupantes de la zona de barrancas por restitución de inmueble fiscal. El expediente no se mueve y podría ser un antecedente para evaluar la situación del Tiro Federal. Los terrenos son de carácter aluvional y pertenecen a la Provincia. Los entretelones de un caso testigo de las ocupaciones ilegales en predios de patrimonio público.

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Los terrenos de la zona de la costa sampedrina siguen generado polémicas y tras el anuncio del proyecto de ordenanza para “arreglar” el entuerto desatado en el predio cedido al club Tiro Federal los interrogantes sobre otros predios que están ocupados por particulares crecen al calor de las trampas judiciales que se pergeñan para quedarse con espacios que pertenecen a todos los sampedrinos.
Desde que se sancionó la ordenanza 5.600 en octubre de 2006, la Municipalidad quedó facultada para efectuar acciones extrajudiciales para restituir al patrimonio público diversos sectores de la costa, especialmente unos terrenos frente al Club de Pescadores que son ocupados por particulares que aducen derechos veinteañales adquiridos.
La ordenanza en cuestión autorizaba a su vez a iniciar las acciones legales pertinentes para que el Estado pueda recuperar para la comunidad esos predios.
Las demandas iniciadas por la entonces Directora de Asesoría Letrada, Dra. Paola Basso apuntan a cinco personas que ocupan lugares que son considerados “terrenos aluvionales” y cuya propiedad corresponde al Estado provincial.
Sin embargo, pasan los años y esos expedientes no avanzan, “no se mueven”, como dice la jerga de los abogados; “duermen”, como sostienen algunos que han tenido acceso alguna vez a una causa que engrosa pruebas para que su destino sea favorable a la comuna.

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Cinco por uno
“No va a quedar ninguno”, debería ser el resultado de la demanda que la Municipalidad inició contra cinco personas que se adjudican la propiedad de esos espacios, de las cuales sólo una posee legítima antigüedad y paradójicamente se muestra abierta a abandonar el lugar siempre que se le garantice una vivienda tan digna como la que posee.
En un principio, cuando se sancionó la ordenanza 5.600, los cinco ocupantes fueron citados para iniciar un diálogo con la intención de no judicializar el conflicto y resolverlo a través de una propuesta municipal que implicaba indemnizar a cada uno por las construcciones que hicieron sobre esos terrenos de patrimonio público pese a que al menos tres, usurparon con alevosía los predios.
Sin embargo, de los cinco sólo cuatro se presentaron, aunque pretendían bastante más de lo que el Municipio consideraba que podía pagar. La Dra. Basso dijo en ese momento: “Muchos de ellos están dispuestos a irse, pero las condiciones no sé si el Municipio las puede afrontar”.
Efectivamente, el diálogo se rompió y el tema llegó a la Justicia, como llegó el caso Melgar, cuya primera parte se resolvió con un fallo que obligó a la familia a liberar el espacio por donde debe pasar la calle.
La demanda es contra cinco particulares que se niegan a abandonar esos terrenos y presentan, según cada situación, diversos argumentos para sostener su posición.
Sus fundamentos buscan ampararse en la posesión veinteañal que aseguran poseer, la mayoría con precarios boletos de compraventa, entre ellos uno cuya fecha no está certificada, por lo que se la considera “sin fecha cierta”, lo que significa que es un instrumento jurídico carente de posibilidad de transformarse en prueba, ya que no tiene contundencia.
Los cinco aseguran que tienen derechos y que su deseo es adquirir los predios a título de dueño. A ojos de buen sampedrino y a neurona de buena memoria se sabe que esto no es cierto y que fue en la década del 90 cuando usurparon los lugares que ocupan, menos en el caso aludido al principio.
Ante ello, la posición municipal fue clara desde el principio: esos terrenos son públicos y deben volver a la comunidad. El argumento fundamental es que son terrenos aluvionales, de la ribera y que pertenecen a la Provincia por imperio del artículo 2.572 del Código Civil: “Son accesorios de los terrenos confinantes con la ribera de los ríos, los acrecentamientos de tierra que reciban paulatina e insensiblemente por efecto de la corriente de las aguas, y pertenecen a los dueños de las heredades ribereñas. Siendo en las costas de mar o de ríos navegables, pertenecen al Estado”.
Las distancias las establecen los informes de Geodesia, la Dirección de Registro de la Propiedad y la Autoridad del Agua, que determinan qué es aluvional y qué no.
El argumento tiene el antecedente Melgar, ya que el Juez que ordenó la restitución del espacio por donde debía pasar la calle del nuevo boulevard se basó en ese criterio para su fallo. Aunque puedan acreditar años de posesión, en esos terrenos no puede vivir nadie.

Las patas argumentales
Basso se fue de la Municipalidad diciendo públicamente que un funcionario se interponía en sus tareas y habló de “expedientes que se cajoneaban”, aunque aclaró en una carta dirigida al Presidente del Concejo Deliberante que no creía que hubiera “ilícito alguno”.
Las suspicacias se tejen rápidamente cuando entre los nombres de los demandados aparece un familiar directo de un funcionario municipal. Sobre ella pesa la sospecha de que habría falseado las declaraciones testimoniales al asegurar domicilio real allí cuando en realidad residía en otra provincia.
Un abogado que de puro “oficio” se interesó en este y otros juicios sobre terrenos públicos ocupados por particulares describió a La Opinión el escenario: “Esos terrenos son de carácter aluvional, no hay vuelta. Lo que probablemente hagan es encontrarle la vuelta con otros antecedentes. La nueva ordenanza del Tiro, por ejemplo. Si eso prospera los tipos van a decir que ahí hay un precedente, cosa que en la Jurisprudencia no hay para este tipo de casos. También pueden poner el ejemplo del Náutico, pero el club le compró a la Provincia, no me preguntes cómo, pero es propietario del lugar que ocupa”, relató.
Además, el letrado considero que “también pueden querer argumentar con el caso Canaletas, donde la Municipalidad aceptó la escrituración y trabaja en eso, pero si revisan los antecedentes socioeconómicos de las partes se van a dar cuenta de que no tiene sentido, en Las Canaletas habita gente hace mil años que no tiene otra cosa ni muchas posibilidades, ahí estamos en presencia de una reparación social, esto es la búsqueda de obtener un capital a costas del patrimonio de todos”.
La Opinión tuvo acceso a algunos de los antecedentes socioeconómicos que el abogado recomendó observar para analizar la cuestión. Por ejemplo, uno de los cinco demandados –que además demandó a la Municipalidad para adquirir el predio que ocupa– tiene un proyecto edilicio en el centro por más de un millón y medio de pesos reales que está declarado por unos 800.000 pesos; otro de esos terrenos fue comprado por 18.000 dólares y se dedica a la actividad inmobiliaria además de tener otros emprendimientos comerciales; y se sabe que uno de los demandados adquirió campos en la zona de Vuelta de Obligado, cuyo valor es incalculable.
Además, ninguno puede argumentar que tiene una posición socieconómica de “estado de vulnerabilidad”, a excepción de un caso en el que la Municipalidad tiene el compromiso de indemnizar por la situación que atraviesa el particular.

El expediente que duerme y espera
El hecho es que las demandas se iniciaron y desde ese entonces, más de tres años, la Municipalidad debió ocuparse de recolectar pruebas que posibiliten que los derechos ciudadanos de disponer libremente de esos espacios públicos se cumplan.
Cuando Paola Basso dejó su cargo en medio de polémicas por acusaciones a un funcionario de alto rango y fuerte poder decisorio las pruebas fundamentales estaban producidas y se esperaba que en las próximas audiencias el expediente comenzara a encauzarse.
El 21 de diciembre pasado, ya renunciada Basso, había una audiencia cuyas actas no constan en el Poder Judicial, por lo que no se realizaron. Efectivamente, el nuevo Asesor Letrado Municipal, el Dr. Juan Benseny, confirmó a La Opinión que esa audiencia no tuvo lugar: “Fuimos notificados y pedimos una nueva audiencia. No se realizó porque llegó tarde la notificación, ahora habrá una nueva”, explicó. Sobre el estado actual de la causa, Benseny dijo: “Sigue los pasos normales de la Justicia. Se está tramitando, va avanzando”, aunque reconoció que no está demasiado familiarizado con el caso: “Todavía no lo tengo muy fresco”, aseveró. Algo injustificable si se tiene en cuenta que una audiencia de esas características puede ser clave a la hora de evaluar el interés real por la restitución de los predios. Una de las usurpaciones, tuvo lugar en tiempos de la gestión del Dr. Julio Págaro y cuando Carlos Corleto era Secretario de Obras Públicas. Quien se quedó por el predio prestaba por entonces servicios por adjudicación directa en el basural municipal.
La causa la tiene el Juzgado N° 1 a cargo de la Dra. Fernández Balbi y debería estar “moviéndose” de manera tal que esa restitución patrimonial de espacios públicos destinados al esparcimiento comunitario lleguen a buen puerto, beneficiando al interés comunal por sobre los intereses particulares que, por lo pronto, con la causa sin avanzar, suponen antecedentes para muchos otros predios que día a día son ocupados y negociados vilmente en el marco de un fabuloso negocio inmobiliario que se genera a espaldas de la mayoría y con beneficiarios de dudosas intenciones para con la satisfacción de la imperiosa demanda de lugares libres para todos en la zona de la costa.

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