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    Diez mil motos registradas y otras tantas sin registrar

    El Concejo Deliberante aprobó la creación de un Registro Municipal que obliga a los comercios a dejar asentada cada una de las ventas, algo que ya había implementado Manchone durante su gestión. En Inspección, la estadística formal tiene huecos producto de la proliferación de vehículos sin documentación. Además, debaten la reglamentación de las motos eléctricas.

    2 de julio de 2014 | 09:58
    Diez mil motos registradas y otras tantas sin registrar

    Una muletilla habitual en el tránsito local es “la culpa la tienen las motos”. Recorrer la ciudad, sobre todo en el centro, implica estar tan atento como si uno circulara por las atiborradas calles de las grandes ciudades. La proliferación de motocicletas durante los últimos años y la tendencia a no respetar las leyes por parte de sus conductores es parte del problema.
    En el único Registro de Motovehículos de la ciudad hay unos 10.000 legajos, de acuerdo a información que maneja la Dirección de Inspección General, a cargo de Cecilia Berretta, quien calculó en 300 los patentamientos mensuales promedio.
    “El parque automotor de motos son unos diez mil legajos, diez mil motos patentadas” dijo la funcionaria y calculó que existe “la misma cantidad sin patentar”.
    Ello implica unas 20.000 motocicletas para una ciudad de 60.000 habitantes. Es decir un promedio de una moto cada tres personas, un número exorbitante y exagerado, pero cuya alarmante cifra condice al menos con la sensación que sufren peatones, conductores de automóviles y de otras motocicletas al circular por la ciudad.
    Si para muestra basta un botón, alcanza con pararse en cualquier esquina céntrica un fin de semana para establecer que, sin dudas, hay un uso por lo menos desconsiderado de la vía pública por parte de algunos motociclistas.
    Se puede ver a grupos de hasta más de diez, que copan la calle. Muchas veces incluyen las famosas contraexplosiones, que no cejan en su voluntad de extraño divertimento a costa de una contaminación sonora impensable para una ciudad como San Pedro.
    Con una Dirección de Inspección cuyo personal de calle carece de legitimidad ante el usuario, los controles son pocos, insuficientes y para nada efectivos. Alguna vez fue la policía la que intentó poner cierto orden y hasta logró secuestrar cientos de motos que carecían de documentación.
    Ahora, el Concejo Deliberante aprobó una herramienta legal que procura sumar a los comercios y concesionarias en la responsabilidad social respecto de los vehículos que salen a la calle.

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    Todo registrado
    Si lo que abunda no daña, el HCD aprobó una ordenanza que reglamenta el funcionamiento de los establecimientos comerciales relacionados con la venta de motocicletas, de acuerdo a las leyes nacional y provincial de tránsito, que ya son bastante claras al respecto.
    El proyecto fue presentado en 2010 por el bloque que integraban Carlos Casini y Damián Mosquera. Procesado, reordenado y mejor redactado por las comisiones por las que pasó, creó el Registro de Ventas de Motos Motocicletas o Vehículos Similares para comercios o agencias.
    Así, las concesionarias o comercios deberán registrar en un libro de actas cada una de las ventas, con el casco entregado cada vez, como marca la ley, y deberá incluir datos personales del comprador, tipo de vehículo vendido, y números de motos y chasis.
    El Registro estará rubricado y foliado por la Dirección de Inspección General, acto administrativo que será gratuito. El listado de ventas deberá ser conservado por al menos dos años por parte de cada comercio o concesionaria.
    Este registro tiene su antecedente en la ciudad, impulsado por el exsubsecretario de Protección Ciudadana Raúl Manchone, quien durante su gestión lo implementó como parte del cumplimiento de las leyes de tránsito vigente, que ya prevén una medida de estas características.
    En aquel momento, no todos los comercios que venden motos se mostraron condescendientes con la medida y hasta opusieron cierta resistencia. Algunos, producto de la modalidad de venta, que financieras de por medio deja en un limbo registral al rodado, no inscribían allí la totalidad de las motos vendidas.
    Consultado sobre la implementación bajo su gestión, Manchone recordó: “La ley establece que la moto no puede salir sin patente y sin casco, y que tiene que haber un registro de motos vendidas, que debe estar disponible para la autoridad de aplicación”.

    Regular las eléctricas
    La semana pasada estaba todo listo para que el Concejo aprobara en sesión el proyecto que en febrero pasado presentó el Frente para la Victoria para reglamentar las motos eléctricas, una novedad que en los últimos tres años, desde que llegaron a la ciudad, se transformó en una alternativa para muchos usuarios.
    En términos legales, este tipo de vehículos es considerado “velocípedo con motor”, una “bicicleta”, no un motovehículo, por lo tanto no tiene registro automotor, es decir que no posee “tarjeta verde”.
    La proliferación de este tipo de rodados generó debate en muchas ciudades, donde ha habido incluso la implementación de legislación local, como se propuso aquí.
    El proyecto pretende “contribuir a la utilización de energías renovables y limpias” y para ello crea un registro municipal para este tipo de motos y bicicletas con motor, que implicará una especie de “patentamiento” local cuya chapa deberá pagar el usuario, que tendrá con ella una credencial.
    La inscripción en el registro será gratuita, pero el usuario deberá pagar la patente y además será contribuyente: pagará entre el 75 y el 85 por ciento de lo que paga una moto de hasta 100 cc en la actualidad.
    Entre los argumentos para la reglamentación aparecen la necesidad de establecer la obligatoriedad de uso de casco, licencia de conducir y seguro, algo que no está regulado en la actualidad, puesto que este tipo de rodados no está dentro de las prerrogativas de la ley de tránsito.
    Entre los ediles hay algunas dudas respecto del planteo del proyecto, por eso volvió a comisión.
    Entre ellas, el hecho de que en lugar de propiciar el uso de este tipo de vehículos –sanos para el medio ambiente, insonoros y de velocidad máxima de entre 40 y 50 kilómetros por hora– se carga sobre el usuario burocracia y costos económicos.

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    Un debate necesario
    En San Pedro hay una concesionaria de una de las marcas más reconocidas del mercado en materia de motos eléctricas. Su titular, Martín Aguado, informó a La Opinión que desde que abrió, hace alrededor de tres años, vendió cerca de 70 unidades, todas registradas en el libro que Manchone dispuso en su momento.
    “Las entrego todas con casco”, aseguró y señaló que cuando abrió su comercio llevó al Municipio reglamentación de otras ciudades en procura de que fuera tomada como modelo para implementar a nivel local. Además, informó que hay convenios con aseguradoras para que las motos tengan seguro de responsabilidad civil.
    En San Pedro, la aseguradora ATM motos es la que tiene salvaguardadas a casi todas las unidades de este tipo. Desde la sucursal local de esa compañía, Beatriz explicó a La Opinión que cuando les llegó la primera consultaron a la casa matriz y les dieron el visto bueno.
    “Hacemos seguro contra robo, hurto y de responsabilidad civil. Tenemos un formulario donde ponemos un número que viene en la factura”, detalló. Hasta el momento, no hay registro de accidentes con estas motos ni de usuarios que hayan tenido que utilizar el seguro contra terceros.
    Un usuario explicó que el seguro cuesta alrededor de 150 pesos y destacó lo que Aguado y la aseguradora pusieron de relieve: “La mayoría de la gente que usa esta moto es mujer y/o de la tercera edad”.
    “Las prefieren porque se ven más seguras, ya que circulan a baja velocidad”, analizó Aguado. Como se dijo, la circulación máxima es de alrededor de 40 kilómetros por hora, es decir el máximo permitido.
    En charlas informales, dentro del Concejo Deliberante hubo quienes señalaron que sería bueno propiciar que la usaran, por ejemplo, los trabajadores de delivery. Aguado informó que lo fueron a consultar algunos mensajeros, “por las ventajas económicas, ya que no gastan combustible”, pero que la descartaron por la velocidad, ya que “consideraron que no cumplirían con las entregas a tiempo”.

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