Diez años para desalojar a un inquilino que dejó de pagar
La semana pasada, la Justicia cumplió con el desalojo de una propiedad que una mujer le había alquilado a una familia que montó en el lugar un espacio de exhibición y ventas de objetos de jardín como macetas, enanos y otras esculturas. Los desalojados tienen vínculo con la comisión directiva de Pesca y Casting, cuyo abogado los representó en este caso.
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Tras alrededor de diez años de litigio en la Justicia, la heredera del propietario de un inmueble ubicado en 3 de Febrero 1657 logró una orden de desalojo contra la familia que usufructuaba el terreno para producir, exhibir y vender objetos de ornamentación de jardín como macetas, enanos y otras esculturas.
La Cámara de Apelaciones, tras un largo trámite, ordenó el desalojo y aunque el abogado de la familia Molina —que ocupaba ese predio a través de un contrato de locación que luego dejó de abonar— intentó evitar el alzamiento, la policía cortó los candados e ingresó al inmueble.
Pablo Visca, abogado de Elisa Cabrera, hija del propietario del terreno, explicó a La Opinión que la familia Molina, cuya vivienda se conectaba a este inmueble a través del patio, intentó hacer valer derechos posesorios y demoró la causa, que finalmente resultó favorable a su clienta.
La policía ingresó al predio junto con los abogados y las partes en disputa para hacer cumplir la orden de desalojo, que implica que la familia Molina deba retirar todas sus pertenencias del terreno. En ese marco, acordaron dejar las esculturas por un tiempo prudencial, hasta que puedan llevárselas.
En el edificio emplazado en el terreno, una antigua casa, no había habitantes y era utilizada a modo de depósito de elementos viejos que estaban arrumbados en las distintas dependencias.
El abogado Néstor Dolera, patrocinante de la familia Molina, a quienes conoce por su vínculo con la comisión directiva de Pesca y Casting, a la que representa en el juicio por desalojo que inició el Consorcio de Gestión del Puerto en tiempos de Mariano Veiga para intentar recuperar ese predio, informó a La Opinión que consideraba irregular el procedimiento, en la medida en que el contrato de locación incumplido que provocó la demanda correspondería a una de las dos parcelas que forman parte del terreno.
De todas maneras, la Justicia pudo cumplir con la orden de desalojo y restituir el inmueble a la señora Cabrera, que demostró ante el Juzgado interviniente su condición de propietaria del predio.
