Dictan la prisión preventiva para los dos policías
La semana pasada se conoció la decisión del Juez Pratti, aunque aún quedan en el caso muchos puntos sin resolución. Algunas versiones señalan a uno de los dos detenidos como el más comprometido, y otros dicen que la familia de uno de ellos fue amenazada en varias oportunidades. Un vecino comenzó a juntar firmas en una clara señal de apoyo para los uniformados.
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A un mes y medio de ocurrido el asesinato de Gonzalo Rojas, llegó la decisión del Juez Pratti con respecto a la situación de los dos policías que permanecían detenidos acusados de este homicidio. Se trata de Llul y Castañares que fueron apresados pocas horas después de ocurrido este trágico episodio.
El Juez decidió dictarle la prisión preventiva a estos dos policías, lo que implica que los mismos permanecerán detenidos, al menos por varios meses siempre esperando que en algun momento se produzca una medida que revierta esta situación.
La determinación fue tomada la semana pasada y hasta el momento, los dos detenidos se encuentran alojados en la dependencia policial de la localidad de Ramallo. Según indicaron diversas fuentes, los policías continuarían en la misma prisión al menos hasta tanto se tome una resolución firme con respecto a la situación procesal de los detenidos.
A pesar de esta resolución del Juez Pratti, la causa parece estar lejos de resolverse. Algunas versiones indican que las pericias ya fueron realizadas y que quien estaría más complicado sería Castañares. Por otra parte, ciertos rumores hacen hincapié en la existencia de amenazas a la familia del policía mencionado, aunque por el momento, no hay ningún tipo de confirmación al respecto y todo está en el terreno de los rumores.
Lo que sí ya ha sido confirmado es que un comerciante de nuestra ciudad que hace pocos meses atrás fue víctima de un asalto a mano armada, pidió la semana pasada autorización a la cúpula policial local para poder juntar firmas en apoyo a los detenidos. Desde la comisaría se informó que, en este sentido, cada ciudadano era libre de hacer lo que quisiese, por lo que ya comenzó a circular un petitorio en el que se pide a las autoridades judiciales y políticas pertinentes que se reconsidere el caso.
