Durante la sesión del Concejo Deliberante del jueves, mientras debatían acerca del futuro de la disposición final de los residuos sólidos urbanos y la necesidad de cerrar el basural a cielo abierto, la concejala Patricia Rocca –todavía en el bloque Frente Renovador, pero cada vez más cerca del oficialismo– preguntó por la deuda con la empresa recolectora de la basura domiciliaria.
Sin tomar el micrófono y sólo a título informativo informal, Mónica Otero le respondió: “Son 50 millones”, dijo. La deuda que el Municipio mantiene con Ashira creció a esa cifra desde la asunción de Salazar, que recibió el Gobierno con un rojo de alrededor de 30 millones en el vínculo con la empresa.
Según explicó luego Mario Sánchez Negrete, la deuda creció producto de la falta de pago del plan de refinanciamiento firmado por el gobierno anterior, que comporta altos intereses.
El costo del servicio, prestado a través de un contrato precario directo y de emergencia firmado en junio del año pasado, ya que la concesión está vencida, tiene un costo de $ 2.295.907,22 desde noviembre del año pasado, de acuerdo a un decreto firmado por Salazar en mayo, retroactivo a esa fecha.
