Desvíos del Fondo Educativo: en el segundo allanamiento, Di Lello secuestró de todo
El Fiscal Federal ordenó una nueva medida, que incluyó allanar el Palacio Municipal, Desarrollo Humano y Obras Públicas. La Justicia tiene ahora en su poder toda la documentación contable, los decretos, los expedientes de obras y los proyectos educativos del Gobierno de Guacone. La causa investiga si hubo irregularidades en la utilización de los fondos. En exclusiva, el detalle preciso del destino de ese dinero.
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Alrededor de las 11.00 de la mañana del viernes, mientras todo el Gobierno municipal esperaba la visita de la Directora General de Cultura y Educación provincial, Nora de Lucía, llegó a la Municipalidad una delegación de la Justicia Federal para encabezar un nuevo allanamiento en el marco de la causa que investiga el presunto desvío del dinero Fondo Educativo.
Wenceslao Insúa, Secretario del Fiscal Federal Martín Di Lello, encabezó la diligencia, que comenzó en las secretarías de Gobierno y Economía, en el Palacio, y continuó en Desarrollo Humano, para terminar a las 18.00 en el edificio de Obras Públicas.
En constante comunicación con Di Lello, Insúa –que es sampedrino– puso su mejor cara de no muy buenos amigos y exigió impasible cada una de las cosas que necesitaba para completar lo que ya se había llevado el 9 de abril pasado, en el primer allanamiento.
Todos esos documentos son materia de análisis para el Fiscal, en el marco de la causa que comenzó tras la denuncia de los consejeros escolares opositores, quienes apoyados en el llamado a indagatoria al Intendente de San Nicolás Ismael Passaglia –investigado por pavimentar calles con el Fondo Educativo– entendieron que ameritaba una intervención de la Justicia en el caso San Pedro.
Entre las cosas que tiene Di Lello figuran los legajos de 41 agentes municipales que el año pasado cobraron sus salarios con dinero del Fondo Educativo. A todos les tomará declaración testimonial y muchos de ellos ya pasaron por la Fiscalía. En general, las preguntan son: qué hacen y qué relación tiene su trabajo con la Educación.
Paseo por varias dependencias
El allanamiento comenzó en la oficina de Raúl Cheyllada. De allí se llevaron todos los decretos: de 2013 y 2014; de Contaduría, todas las órdenes de pago relacionadas con el Fondo Educativo, incluso las que tenían fecha de la semana pasada. Además, pidieron los extractos bancarios de los fondos afectados.
Siempre acompañado por el Secretario de Economía Roberto Borgo, Insúa llegó a Desarrollo Humano pasado el mediodía. Para esa altura de la jornada, ya estaba confirmado que Nora de Lucía no vendría a la ciudad (ver página 12).
En el edificio de Oliveira Cézar y Rivadavia, el funcionario judicial requirió a Verónica Mosteiro toda la información disponible sobre los jardines de infantes y demás centros educativos que dependen del Estado municipal o cuyos fondos envía Provincia al Gobierno local para su administración.
Ello incluyó el Instituto Sarmiento, las casas del niño Paula Albarracín y El Amanecer, Pueblo Doyle, La Buena Moza y también la Dirección de Deportes. La búsqueda estuvo orientada a los proyectos educativos del municipio, los programas en marcha y la justificación política para su implementación.
Ya en Obras Públicas, una vez que despertaron de la siesta a un empleado que ya había terminado con su horario de trabajo y tuvo que ir a abrir, el Secretario del Fiscal y los efectivos de la Policía Federal que lo acompañaban se llevaron varias carpetas de la dependencia de calle Arnaldo, ahora a cargo de Martín Noseda, Secretario Interino.
Allí estuvieron hasta las seis de la tarde. Todo los expedientes relacionados con el Fondo Educativo que estaban en Obras Públicas. Los únicos que dejaron son los que todavía están en curso. El resto, fue guardado en cajas y trasladado a San Nicolás.
Proyectos, copias de los decretos, presupuestos de obras, certificaciones, y todas las cuestiones técnicas que hacen a la confección de cada expediente, incluyendo facturas, fueron secuestrados para su análisis.
Una cuestión de “interpretación”
En el Gobierno, más allá de los allanamientos y lo que ello significa, están con cierta tranquilidad respecto de cómo utilizaron el dinero. “Querían verificar todas las dependencias, cuál era el funcionamiento, que se abran todas las oficinas”, explicó Roberto Borgo a La Opinión.
La orden de allanamiento contenía prerrogativas que permitieron a Insúa revisar todo, abrir cada cajón, solicitar y verificar en detalle cada cosa que había en las distintas dependencias.
En el Ejecutivo lo vivieron con cierta sorpresa, ya que consideraban que en el operativo anterior habían confiscado material suficiente.
“Desde el punto de vista formal, no va a encontrar ningún inconveniente”, sostuvo Borgo y señaló: “Lo que queda es la cuestión de los sueldos –pagados con el Fondo Educativo–, que es materia interpretable”. El Secretario de Economía recordó que el Fiscal tiene en su poder “dictámenes de Asesoría General de Gobierno y del Tribunal de Cuentas” que habilitaba al Gobierno a usar ese dinero en el pago de salarios relacionados con proyectos de Educación.
En qué gastaron
la plata
El dictamen de la Rendición de Cuentas rechazada la semana pasada señalaba que el Ejecutivo gastó 6 millones de pesos del Fondo Educativo en salarios. La Secretaría de Economía facilitó a La Opinión el detalle de la ejecución de ese dinero.
Según el informe ofrecido por Borgo, el Municipio recibió 8.044.298,79 pesos, de los cuales ejecutó al 31 de diciembre del año pasado 6.575.606,27 y pagó efectivamente 6.103.867,00, ya que le quedaron 471.739,27 “devengado sin pagar”. Por ello, pasaron al Ejercicio 2014 1.940.431,79 pesos.
El detalle de la ejecución indica que el total en remuneraciones, aguinaldos y cargas sociales se fueron de esta cuenta un total de 4.524.162,10 pesos. De ellos, 1.970.356,8 fueron salarios de docentes y 2.553.805,30 para “personal técnico y de servicios”. Todo ello en Instituto Sarmiento; casas del Niño El Amanecer y Paula Albarracín; Jardines Santos Quiroz, Calcuta, Pulgarcito de Pueblo Doyle, Calculín de La Buena Moza; y Dirección de Deportes.
Unos 128.800 pesos se fueron en alquileres: “Casa del Estudiante en Rosario y Locales por Establecimientos de Formación”; 118.274,57 en transporte escolar para cubrir lo que no hace la Provincia.
Otros 220.372 fueron utilizados para “material y equipamiento – muebles”; 1.567.625,70 para “mantenimiento de establecimientos educativos”, ejecutadas por la Secretaria de Obras Públicas, con materiales y mano de obra incluidas. Hay además un ítem que dice “Otros”, por 751,90 pesos.
