Destituida de su cargo, Gabriela Ates deberá afrontar las causas penales en su contra
Los integrantes del jury de enjuiciamiento resolvieron destituirla de su cargo por irregularidades cometidas durante su desempeño como fiscala. Estaba acusada de falsificar una declaración indagatoria en 2006. En 2015, sin apoyo interno, y envuelta en múltiples polémicas, la causa avanzó y la suspendieron. El lunes quedó afuera del Poder Judicial, donde avanzan las denuncias penales que pesan sobre ella.
La abogada Gabriela Ates fue destituida de su cargo en el Ministerio Público Fiscal, al que ingresó muy joven y en cuyo seno hizo una carrera que le permitió ser la primera fiscala de San Pedro, cuando en 2005 se decidió crear la UFI descentralizada.
El lunes, el jury de enjuiciamiento dictó su veredicto de culpabilidad –para lo que era necesario el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros, cinco legisladores y cinco abogados del colegio de abogados de La Plata–, a pesar de la solicitud de absolución que hizo el defensor particular de Ates, el reconocido y muy caro –“Yo no lo podría pagar”, dijo un encumbrado miembro del Poder Judicial nicoleño– letrado platense Héctor Granillo Fernández.
Las audiencias tuvieron lugar la semana pasada, entre el lunes y el miércoles. Allí se expusieron las pruebas del caso que llevó a la exfiscala al banquillo y que le costó el cargo, una acusación “menor” en relación a las que deberá enfrentar en la Justicia, donde la acusan hasta de presuntas connivencias con la comercialización de drogas.
Se apagó la estrella
Gabriela Ates supo ser una niña mimada del Ministerio Público Fiscal en la región. Sus vínculos en San Nicolás le permitieron hacer carrera y rápidamente, muy joven, asumir en la primera Unidad Fiscal de Instrucción descentralizada de San Pedo, la UFI 5, luego de estar desde 2005 al frente de la Oficina Descentralizada de Coordinación Fiscal.
En agosto de 2007, desde la Defensoría Oficial de San Nicolás que conduce Pablo Prati la denunciaron tras percatarse de que de tres actas sobre la declaración indagatoria de un acusado de robo calificado que figuraban en el sistema, sólo existían dos.
La denuncia fue por falsificación de documento público. Ates había indicado que un acusado se había negado a declarar en las tres causas por robo que enfrentaba, pero en realidad se había olvidado de consultarlo por la tercera. La modificación en el sistema, además, la hizo con el usuario del entonces instructor judicial Fernando Nouet.
En octubre de 2015, ocho años después de la denuncia y cuando ya nadie en el Poder Judicial la respaldaba, la causa que tramitaba en Campana avanzó lo suficiente como para que la suspendieran en su cargo y comience el proceso para el jury que la destituyó.
Ahora, la Justicia
Sobre la destituida Gabriela Ates pesan varias denuncias penales por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, solicitud de tráfico de influencias a personas con vínculos en el poder político para desplazar comisarios y para “acomodar” a su pareja en el Poder Judicial, la presunta interferencia en causas en las que se investigaba a policías con los que tendría ciertas relaciones “non sanctas” y hasta dos causas en las que se la nombra vinculada a presuntas connivencias con delincuentes que venden drogas.
Sus malas actuaciones en causas penales dejaron, por ejemplo, impune el asesinato del policía Juan Gabriel Reyna y el crimen de Leonardo Otto –por ese caso la denunciaron el Defensor Oficial Alejandro Ares y el Fiscal Manso, por “Instigación al falso testimonio” y “Falsificación de documento público”, por las graves irregularidades cometidas en la instrucción–.
La víctima de un abuso sexual cometido por un joven que la quiso “convertir” a la heterosexualidad mediante la violación también denunció a Ates por mal desempeño, ya que su instrucción en el caso fue tan mala que el Juzgado decidió archivar la causa y sobreseer al acusado, por falta de elementos suficientes para sostener la gravísima acusación.
Esa joven, hoy permanece internada en un centro de rehabilitación contra las adicciones, producto de las dificultades para superar lo que le sucedió, sobre todo porque su abusador nunca dejó de hostigarla.
El juicio por el crimen de Hugo Evaristo “el Largo” Rodríguez, de 62 años, asesinado en agosto de 2014 en la Bajada de Chaves, también la tuvo a Ates como protagonista
Su instrucción llevó al banquillo a César “Chino” Villarruel y Jonathan Franco Flores Villarruel, su sobrino, quienes estuvieron dos años detenidos con prisión preventiva.
Sin embargo, fueron absueltos y liberados porque no había elementos suficientes para vincularlos con el asesinato.
No repondrán la Fiscalía 7
La Fiscalía General de San Nicolás no tiene en sus planes la restitución de la operatividad de la UFI 7, que conducía Gabriela Ates, por lo que San Pedro seguirá como hasta ahora, con Manso en la 5 y Ramos en la 11.
Cuando Ates fue suspendida, las causas de la UFI 7, que llevaba un tiempo atendiendo sólo cuestiones correccionales y ya no penales, por las sospechas que había sobre la ahora exfiscala, fueron asumidas por los otros fiscales.
Más tarde, el Fiscal General Héctor Tanús decidió disolver la UFI 7 y distribuir el personal entre las otras dos fiscalías. La cantidad de causas que había demoradas en esa dependencia sorprendieron al resto de los representantes del Ministerio Público Fiscal en San Pedro.