Despedirán a la empleada acusada por la falta de 167 mil pesos en Tesorería
La Junta Disciplinaria votó a favor del dictamen que recomendó dejar cesante a la trabajadora que fue acusada de anular comprobantes de pago en la caja que tenía a cargo. Todavía no fue notificada pero ya está al tanto de que la despedirán. Recurrirá la decisión en la Justicia, porque la tomaron sin que hubiera fallo en la causa penal.
La cajera de la Dirección de Tesorería municipal Karen Salomón, que estaba investigada por el faltante de 167 mil pesos de la caja que tenía a su cargo será despedida. Así lo resolvió la Junta Disciplinaria que analizó su caso tras un año de sumario administrativo.
Luego de la investigación, Asesoría Letrada dictaminó con una recomendación de cesantía. ATE y el Sindicato de Trabajadores Municipales se abstuvieron. Los funcionarios Mario Sánchez Negrete, Ramón Salazar, Silvio Corti y Augusto Ramos votaron a favor del despido.
Salomón todavía no fue notificada y el decreto con su cesantía tampoco está publicado. Aun así, ella ya está al tanto de la decisión y fue a consultar a su abogado, que adelantó que recurrirá la decisión en la Justicia.
Faltaron 167 mil pesos
Un vecino que no pudo hacer un trámite porque no aparecía acreditado un pago que había hecho desató la investigación preliminar, que descubrió que había unaserie de comprobantes ingresados y luego anulados en una de las cajas, con diferencias de segundos.
Detectaron además que en la Dirección de Deportes había comprobantes de pago por el alquiler del Estadio y que en Tesorería aparecían anulados.
Fue de enero a mayo, a razón de 33.400 pesospor mes. Los movimientos registrados de ingreso y anulación en el sistema fueron hechos con la clave de la empleada que fue acusada.
Recurrirán la decisión
El abogado Mauricio Gugger, que patrocina a Karen Salomón, informó a La Opinión que todavía no fueron notificados formalmente pero que están al tanto del temay adelantó que recurrirán la decisión en el fuero Contencioso Administrativo, ya que la consideran “arbitraria”, sobre todo porque “no esperaron la resolución penal” del caso.
“Igualmente la autoridad administrativa no ha dado respuesta a los pedidos efectuados por la trabajadora. Incluso la denuncia de persecución que se inició en el Ministerio de Trabajo aún no tiene respuesta”, señaló Gugger.
Cuando La Opinión reveló el caso, hace un año, el abogado había asegurado que se trataba de “una persecución política” y de “un caso muy claro de discriminación, porque junto a ella había tres trabajadoras más”.
