Desde Chaco, allanaron tres domicilios por una causa de “cooperativas truchas”
El operativo tuvo lugar la semana pasada, en dos viviendas particulares y un estudio contable. Gendarmería y personal de Afip encabezaron los allanamientos, en los que hubo secuestro de documentación relevante para una causa federal por evasión tributaria agravada que tramita en Chaco.
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Alrededor de las 10.00 de la mañana del jueves pasado, camionetas de Gendarmería con personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos llegaron a San Pedro con sendas órdenes de allanamiento para irrumpir en tres domicilios locales y secuestrar todos los elementos que pudieran ser de relevancia para una causa por evasión tributaria agravada que tramita en un Juzgado Federal de la provincia de Chaco.
Como en cada procedimiento de estas características, la modalidad utilizada fue la del despliegue ostentoso de efectivos, que bajaron pertrechados en cada uno de los domicilios, dos casas particulares de familia y un estudio contable, para ingresar con los agentes del organismo nacional.
“Estamos dando cumplimiento a un oficio judicial con personal de AFIP, todavía estamos viendo la documentación”, dijo a La Opinión, en medio del operativo, el personal a cargo.
En cada lugar, revolvieron todo para dar con elementos que puedan ser considerados relevantes para la investigación. Así lo establecía la orden emanada por el Juez Federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo, quien intervino exhortado por su par chaqueño.
Documentación secuestrada
Como se dijo, fueron tres los objetivos: un estudio contable ubicado en Mitre a 1200, y dos casas de familia, una en 9 de Julio al 700 y otra en Nuestra Señora del Socorro al 500.
En cada lugar, personal de Gendarmería y Afip se tomó su tiempo para revisar todo. En uno de los domicilios, un ocasional testigo dijo a La Opinión que dejaron “todo patas para arriba”, de tanto revolver.
De los tres sitios se llevaron secuestrados diversos elementos. Documentación en papel y computadoras, con el objetivo de analizar documentos digitales, sobre todo.
El abogado Hugo Lima (h), que interviene como patrocinante de al menos uno de los allanados, informó que la orden establecía el secuestro de documentación contable como “libros diarios, de balance, de cajas, libros maestros de proveedores, etc.”, y todo aquello que pudiera estar vinculado a una cooperativa de trabajo, puesto que de eso se trata de la investigación.
Todavía no hay imputados directos
La causa que investiga la Justicia Federal de Chaco es por “evasión tributaria agravada” y apunta a una cooperativa de trabajo que podría estar enmarcada en lo que se conoce como las “cooperativas truchas”, que en realidad no son entidades de cooperación sino empresas de colocación de empleo encubiertas en una figura asociativa.
Por lo pronto, el expediente no tiene imputados directos ni órdenes de detención libradas. Los tres sampedrinos allanados tendrían vinculación con la actividad de cooperativas de trabajo históricamente. Desde hace tiempo se desconocía que desarrollaran esa tarea en esta zona, aunque sí en el noroeste y nordeste del país.
“Todavía no hay nada, solo la investigación”, dijo Hugo Lima (h), quien al cierre de esta edición no había podido tener contacto con la documentación, más allá de la orden de allanamiento –operativo que supervisó la abogada Soledad Galarza, representante local del reconocido estudio nicoleño– y lo que obra en la causa 30661/2016, que es la que tiene en sus manos, como Juez exhortado, Carlos Villafuerte Ruzo.
Un delito grave
Los procedimientos de Afip en materia tributaria suelen ser así de espectaculares. El Estado procura ser duro con quienes evaden impuestos y mucho más si la sospecha hace que la calificación penal sea “agravada”.
El monto del dinero que Afip presume no se hizo efectivo en materia de tributos impositivos es importante, por eso se agrava la pena en expectativa.
El delito prevé penas de tres años y medio a nueve años de prisión si el monto evadido superare la suma de 4 millones de pesos; si hubieren intervenido personas interpuestas para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el monto evadido superare la suma de 800 mil pesos; si el obligado utilizare fraudulentamente exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier otro tipo de beneficios fiscales, y el monto evadido por tal concepto superare la misma suma; o si hubiere mediado la utilización total o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falsos.
