Desalojos: Cuando se quiere, se puede
Tras la orden de desalojo emanada por la Justicia para uno de los terrenos usurpados, la tarea coordinada entre Desarrollo Humano, la Justicia, el propietario y los intrusores logró que el predio sea devuelto a sus dueños y que las familias en situación de riesgo habitacional sean contenidos por el accionar municipal, que consiguió una vivienda para alquilar.
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La situación planteada por las usurpaciones masivas que ha vivido la ciudad en los últimos tiempos vio esta semana la primera resolución concreta a la problemática, en la que la acción conjunta entre el Estado, la Justicia, un particular damnificado y los propios usurpadores hallaron el camino correcto. Tras la decisión de la Justicia de dejar firme la orden de desalojo solicitada por los abogados de los dueños del terreno ubicado en Dávila y Las Provincias, se esperaba la acción del Municipio para llevar a cabo el lanzamiento, ya que el fallo indicaba que debía tomar cartas en el asunto para “resguardar a los menores” presentes en el lugar.
El propio Benito Aldazábal, abogado del propietario, había exhortado a la Secretaría de Desarrollo Humano que dispusiera lo necesario para evitar un desalojo violento que estaban dispuestos a hacer de acuerdo a las prerrogativas que la Justicia había determinado en el fallo.
La historia del desalojo comenzó con una carpa instalada el viernes por la noche, cuando un grupo de usurpadores montó una manifestación en las puertas de la Municipalidad, con banderas de la Federación Tierra y Vivienda de Luis D’elía que lidera a nivel local Antonio “Tony” Correa.
Los Secretarios de Gobierno Norberto Atrip, de Desarrollo Humano Dalmy Butti y de Obras Públicas Pedro Restelli comenzaron las negociaciones con los manifestantes para desactivar la protesta y alcanzar un acuerdo beneficioso que permitiera dar cumplimiento con la orden judicial en todos sus aspectos.
El lunes por la mañana, el predio en cuestión ya estaba desalojado por voluntad de sus ocupantes. Los que no tenían familia volvieron a su lugar de origen –muchos vivían antes con sus padres– y aquellos en situación de toma que tenían menores de edad a su cargo fueron destinados a una vivienda ubicada en Bottaro al 2000, casa que alquiló la Municipalidad por 1.000 pesos, de los que las tres familias trasladadas allí se comprometieron a pagar $ 250 cada una, como aporte para sostener el alquiler.
La vivienda tiene tres dependencias que permiten espacio suficiente para cada familia, de manera tal que puedan tener un lugar donde permanecer hasta tanto mejore su situación habitacional.
Un camión del corralón municipal con tres empleados se ocuparon del traslado de las pertenencias de las familias, tras lo que los propietarios del terreno dispusieron personal para cercar el lugar, que quedó con custodia policial hasta tanto el alambrado esté erigido en el predio. Sin violencia ni chicanas, cuando se quiere… se puede.
