Dávila y Cruz Roja: una usurpación, una orden de desalojo y dos terrenos con distintos propietarios
El Juzgado de Garantías ordenó restituir su terreno a las 11 familias propietarias que hicieron la denuncia. Ese predio es el que se ubica desde donde pasaría la calle Cruz Roja hacia el oeste. En la dirección contraria hay otro inmueble, con otro propietario, donde también había un asentamiento. La policía desalojó ambos espacios y está en duda si correspondía.
Este martes, la policía hizo efectiva la orden de desalojo emanada por el Juzgado de Garantías para el terreno usurpado en Dávila y Cruz Roja, propiedad de 11 familias que, en conjunto, compraron ese predio con el sueño de la vivienda propia.
En el marco del operativo hubo enfrentamientos entre los ocupantes y la policía, que disparó balas de goma y detuvo a varias personas, entre ellos mujeres y menores de edad. Las familias en situación de toma intentaron resistir, quemaron cubiertas y apedrearon a los efectivos.
La orden judicial fue firmada para la restitución del predio a esas 11 familias, pero se hizo efectiva, además, con el desalojo de quienes ocupaban precarias viviendas en un terreno lindero, que tiene otro propietario y del que no había denuncia penal alguna, por lo tanto no podría haber orden de alzamiento.
Uno de los planos de las familias propietarias, con una opción de loteo para el terreno que comparon en conjunto.
Desde Cruz Roja hacia Hermano Indio –calle sin abrir–, el terreno es propiedad de 11 familias que lo compraron de manera colectiva cuando se los ofreció el titular de la empresa textil en la que trabajaban, quienes desde hace años esperan una ordenanza que les permita subdividir y lotear el predio.
El lote que está antes, hacia Javier Rivero –calle que también está sin abrir–, sería propiedad de un hombre de apellido Jiménez que tiene contacto con la gente del barrio y hasta con personas que estaban en situación de toma.
En el asentamiento aseguraban que contaban con su permiso y que hasta les habrían dicho que permanecieran allí, porque tendría intenciones de vender el predio al Estado local.
La policía llegó y desalojó a todos. Las topadoras municipales derribaron todas las precarias construcciones. Se desconoce si personal de la Fiscalía que conduce Viviana Ramos se hizo presente para indicarle a los efectivos cuál era el predio sobre el que había orden de desalojo.
