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    Desalojaron un inmueble donde exhibían y vendían esculturas de jardín

    Este miércoles por la mañana, una comisión de alrededor de 40 efectivos policiales acompañó a la Justicia para hacer efectivo el desalojo de una propiedad ubicada en 3 de Febrero 1657, que desde hace alrededor de 10 años era objeto de un litigio entre la heredera del antiguo dueño y una familia que había alquilado, dejó de pagar y pretendía hacer valer derechos posesorios.

    19 de febrero de 2020 | 13:55
    Desalojaron un inmueble donde exhibían y vendían esculturas de jardín

    Tras alrededor de diez años de litigio en la Justicia, la heredera del propietario de un inmueble ubicado en 3 de Febrero 1657 logró una orden de desalojo contra la familia que usufructuaba el terreno para producir exhibir y vender esculturas y macetas de jardín.

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    La Cámara de Apelaciones, tras un largo trámite, ordenó el desalojo y aunque el abogado de la familia Molina —que ocupaba ese predio a través de un contrato de locación que luego dejó de abonar— intentó evitar el alzamiento, la policía cortó los candados e ingresó al inmueble.

    Pablo Visca, abogado de Elisa Cabrera, hija del propietario del terreno, explicó a La Opinión que la familia Molina, cuya vivienda se conectaba a este inmueble a través del patio, intentó hacer valer derechos posesorios y demoró la causa, que finalmente resultó favorable a su clienta.

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    La policía ingresó al predio junto con los abogados y las partes en disputa para hacer cumplir la orden de desalojo, que implica que la familia Molina deba retirar todas sus pertenencias del terreno. En ese marco, acordaron dejar las esculturas por un tiempo prudencial, hasta que puedan llevárselas.

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    En el edificio emplazado en el terreno, una antigua casa, no había habitantes y era utilizada a modo de depósito de elementos viejos que estaban arrumbados en las distintas dependencias.

    El abogado Néstor Dolera, patrocinante de la familia Molina, informó a La Opinión que consideraba irregular el procedimiento, en la medida en que el contrato de locación incumplido que provocó la demanda correspondería a una de las dos parcelas que forman parte del terreno.

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    De todas maneras, la Justicia pudo cumplir con la orden de desalojo y restituir el inmueble a la señora Cabrera, que demostró ante el Juzgado inteviniente su condición de propietaria del predio.

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