Desalojaron a Adrover y habrá más
En una tensa mañana, la Justicia hizo efectivo el fallo de desalojo a la familia de Ricardo Adrover de la vivienda que ocupaba sobre terrenos de la Fundación Obligado. Así, llegó a su fin una compleja trama cuya punta es esta primera medida judicial para uno de los que no pagó nunca el contrato que firmó. Aseguran que pronto habrá mandamientos similares para al menos tres casos de titulares con explotaciones comerciales que no han abonado los 80 pesos mensuales. No habrá riesgos para las familias con antigüedad en el paraje.
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Ricardo “Richard” Adrover recibió el martes de la semana pasada la orden de desalojo para el terreno que ocupaba en Vuelta de Obligado, sobre la calle principal, donde tenía un negocio y vivía junto a su esposa. El plazo era de 72 horas, por lo que el viernes la Oficial de Justicia local se hizo presente en el lugar para hacer efectivo el mandamiento.
La Fundación Obligado firmó con Ricardo Adrover un contrato de locación en el año 2003, por tres años, que fijó en 50 (cincuenta) pesos el monto a pagar. Sin embargo, desde el último año del contrato dejó de abonar, lo que motivó las acciones legales en su contra.
Desde allí, la conocida historia del reclamo con Castells incluido, atrincherados, con marchas y hasta una ley de expropiación aprobada entre gallos y media noche antes de la visita de la Presidenta al pueblo, con la injusta inclusión de beneficio para quienes puedan demostrar apenas dos años de residencia en el lugar.
El desalojo de Adrover había sido ordenado en 2008, pero la resistencia impidió llevarlo adelante. Luego, había negado su firma en el contrato y nunca se presentó para que la Justicia pudiera realizar el peritaje correspondiente, aunque la comparación de lo estampado en el contrato y en la contestación de demanda estableció que efectivamente se trataba de la suya.
Finalmente, el viernes pasado una ambulancia, efectivos del grupo GAD de San Nicolás y el apoderado de la Fundación llegaron para cumplir con la medida judicial.
Hubo resistencia durante algunas horas. Desde temprano, Jorge Reingruber –también en litigio con la Fundación y titular de una explotación turistica comercial– cruzó su automóvil en el acceso al pueblo para impedir el paso de los patrulleros, que de todas maneras lo corrieron a un costado del camino y avanzaron.
En la casa, Adrover y su esposa mantuvieron todo cerrado hasta que ella se descompensó, por lo que abrieron para que ingresara el servicio de emergencias. En ese momento, la policía, la Oficial de Justicia y el apoderado de la Fundación también ingresaron para tomar posesión del inmueble y hacer efectivo el desalojo.
Al mediodía, tras labrar las actas correspondientes dentro del lugar, comenzó el traslado de los muebles y efectos personales de la familia Adrover, que fueron depositados en una dependencia municipal ubicada en San Pedro, que el Estado local cedió para tal fin hasta tanto encuentre dónde llevarlos.
Ahora, desde la Fundación aseguran que Reingruber correrá la misma suerte. “Se aportarán datos y toda la documentación respaldatoria en el momento en que se deba informar a la opinión pública”, informaron.
Además, dieron cuenta de que “existen otros dos comerciantes más en graves situaciones equiparables”, sobre los que sus abogados “están realizando las evaluaciones pertinentes” para determinar los pasos a seguir.
Además, indicaron que excepto los referidos, “todos los vecinos de Vuelta de Obligado que estén viviendo en terrenos de la Fundación y que se encuentren en situación irregular” están obligados a regularizar su estado. Según comentó el representante de la Fundación ninguna de las familias que han pagado su alquiler “simbólico” está en riesgo y agregó que los valores de los terrenos van desde los 80 a los 300 pesos como máximo.
Por las propias limitaciones de la Fundación, sólo se pretende una reafirmación de la propiedad sin limitar el uso que los habitantes hacen de sus tierras. El abogado citó ejemplos conmovedores respecto a la voluntad de pago y a las décadas que llevan utilizando esta modalidad.
Expropiación, ¿sí o no?
La ley de expropiación votada en noviembre del año pasado en la Legislatura bonaerense declara “de interés público y sujeto a expropiación”, es decir que pone en consideración del Ejecutivo provincial esa posibilidad.
Para que se haga efectiva la expropiación, el Estado provincial debe destinar presupuesto para ello, es decir para efectuar la compra a sus propietarios, la Fundación Obligado, que por otra parte debe aceptarlo.
Esto implica que los pasos son varios y que pueden demorar un tiempo importante.
