Desactivan usurpación y trabajan con las familias para detectar terrenos

El miércoles por la tarde, un terreno de más de media manzana, ubicado frente al Centro Educativo de Río Tala, vio llegar una importante cantidad de familias desde el barrio El Sapito, a metros del lugar, casi sobre las vías del ferrocarril, dispuestas a tomarlo.
Se trataba de unas cien personas, miembros de 26 familias, que reclamaban un lugar mejor para vivir y sabían que el predio en cuestión tenía una “deuda de 50.000 pesos”, que su propietario era de Buenos Aires y que hacía más de 30 años que no lo ocupaba.
Esos datos, que llamó la atención los tuvieran las personas en situación de toma, fueron obtenidos en parte gracias a que había una intimación por la falta de pago de tasas. La otra parte habría surgido desde dentro de la propia delegación municipal o la Municipalidad, lo que alimenta las sospechas que sobrevolaron las dos jornadas que duró la toma: las vinculaciones políticas.
La mayoría de los que decidieron llegar hasta el terreno y alambrarlo de manera tal que conformara los lotes a distribuir son familias jóvenes que viven en el barrio El Sapito, un asentamiento irregular erigido a orillas de las vías del ferrocarril Mitre y a metros de un zanjón.
Ingresaron al predio sólo con el alambre para el precario loteo, pero sin materiales ni otros elementos para armar viviendas en el lugar, cosa que recién hicieron pasadas las 23.00 y durante la madrugada, cuando montaron algunas casillas hechas con palos, nylon y chapas, donde muchos pasaron la noche, aunque la mayoría sin los niños.

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Presencia política
Como no había sucedido en otras tomas de terrenos, el gobierno municipal actuó de inmediato y antes de que entrara la noche ya estaba en el lugar el Secretario de Gobierno, acompañado por el Delegado municipal de Río Tala Diego Macenet.
Norberto Atrip se acercó a las familias, que lo rodearon increpándolo al principio pero escuchándolo después. Sin pelos en la lengua, el funcionario les habló de “lo injusto que es a veces la Justicia”, de que respetaba su reclamo y reconocía sus necesidades, pero que debían entender que ese terreno tenía un predio y que no podían avasallar la propiedad, cosa que a él como representante del Estado también le tocaba defender.
Luego llegó el Secretario de Desarrollo Humano Dalmy Butti, quien Junto a Atrip recorrió las viviendas que los okupas poseen en el asentamiento El Sapito.
Ambos ingresaron en al menos tres de las precarias casillas, construidas en madera, chapas, cartón, con piso de tierra, sin división de ambientes, con camas en el mismo lugar donde está la cocina y con precarios baños en el exterior.
Allí escucharon las palabras de las mujeres y los hombres que relataron la vida cotidiana en esos lugares. Familias numerosas que en su mayoría tienen un hombre que trabaja en el campo pero cuyos ingresos apenas alcanzan para comer.
Del reclamo y la denuncia contra el Delegado municipal, al que acusaban de “no escuchar”, pasaron a la satisfacción de tener un oído que les prestaba atención. Buena parte de la situación comenzó a desactivarse esa misma noche, cuando Butti logró convencer a muchas de las mujeres de que no dejaran a los chicos que pasaran la noche en el terreno, a la intemperie.

El relevamiento
Ese miércoles, los funcionarios se fueron pasadas las 22.30 con la promesa de retornar a las 10.00 de la mañana del día siguiente para realizar un relevamiento social que permitiera dar cuenta de cuántas familias había, sus identidades y cómo era su situación habitacional antes de ingresar en el predio tomado.
Desde ese momento comenzaron las fogatas y la disposición de precarias casillas en el lugar. La mayoría plantó unos palos que envolvió con rollos de nylon transparente o negro, nuevos, que tenían en sus casas originales, en el mismo lugar donde guardaban los ladrillos block que alguna vez habían recibido de Desarrollo Humano para que fueran construyendo en el asentamiento irregular en el que viven.
El relevamiento del jueves por la mañana, realizado por trabajadoras sociales bajo la coordinación de Silvina Chediak, comenzó con una encuesta completa elaborada en la Delegación de Río Tala, que procuraba saber no sólo quiénes eran y dónde vivían antes sino además cuáles eran las condiciones en las que habitaban en su lugar de origen, es decir comodidades, mobiliario, etc.
Con el correr de los minutos, la orden fue sólo relevar lo que llamaron “lo importante”: quiénes eran y dónde vivían antes.

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Sospechas y dudas
Tanto el miércoles por la noche como el jueves por la mañana, Dalmy Butti sostuvo su sospecha de que había una mano política detrás de la usurpación, ya que consideró que no había forma posible de que los ocupantes pudieran acceder a cierta información a la que sólo se puede llegar con un contacto dentro de la estructura municipal.
Desde La Tosquera, llegaban mensajes que señalaban que un joven con antecedentes que estaba en la toma y que supo ser puntero de varios sectores políticos habría estado el día anterior a la usurpación en ese barrio, reclutando personas para hacer efectiva la intrusión.
En el terreno, varios fueron los que nombraron a la ex Delegada Clelia Ortuño de Díaz como quien alguna vez habría señalado ese terreno como un lugar donde se realizarían viviendas sociales. También nombraron al ex Delegado y ex Secretario de Desarrollo Humano Gustavo Díaz, quien les habría indicado que existía la posibilidad cierta de que ese predio pasara a manos municipales para realizar planes de vivienda.

Trabajo
en conjunto
En el terreno sólo quedan tres familias, de las cuales dos tienen vivienda precaria y una dice que no tiene dónde ir. Todas están dispuestas a quedarse hasta que llegue el desalojo por parte de la Justicia, que actuó de oficio desde la Fiscalía local y tras la presentación de documentación por parte del propietario evalúa si está configurado el delito de usurpación para solicitar el lanzamiento.
Dalmy BUtti y Norberto Atrip informaron que trabajan en conjunto con las familias que habían usurpado para buscar soluciones a la problmática habitacional no sólo de ellos sino de los vecinos de Río Tala en general.
“Estamos trabajando en el tema de los terrenos para vender a largo plazo y con facilidades y en generar un plan de viviendas, mañana (por hoy) viajo a Buenos Aires por ese tema”, señaló el Secretario de Desarrollo Humano.
“El intendente tomó la decisión y le encomendó al concejal Macenet que ponga en funcionamiento la comisión creada entre el deliberante y el Ejecutivo para determinar a quién se le adjudicaría una vivienda, que tiene que ser paralelo a la obtención de terrenos para la construcción de casas. Se está trabajando en eso, para mí es urgente, más allá del tiempo que lleve”, indicó
De todas maneras, Butti aclaró que “esta comisión va a trabajar sobre una adjudicación lo más justa posible, y no porque hayan ocupado un terreno van a tener prioridad, más que sumar, restaría”.
El reemplazante de Gustavo Díaz mostró una apertura importante a la hora de abordar el problema y prefirió conocer y analizar en lugar de juzgar. Cada uno tiene sus motivos, que uno puede evaluar como verdaderos, justos o no, pero cada uno por algún motivo accionó. Cuando uno va, los escucha, se interioriza, comprende aunque no lo justifica, y se baja el nivel de agresividad, se produce el diálogo y la posibilidad de encontrar una solución”, dijo.
En ese sentido, sostuvo: “Cuando a la gente la hacés partícipe y pueden salir de ese lugar de víctima, cuando son escuchadas, pueden empezar a pensar que pueden ser parte de encontrar una solución y no quedarse de brazos cruzados a esperarla. Cuando esto sucede, salen de la posición agresiva y las podes contar como parte de la solución”.
Por su parte, Atrip informó que desde el gobierno municipal están buscando “un lugar para que puedan retirarse, si está en la voluntad de ellos”. El lunes estuvieron en la ciudad representantes de los vecinos que habían usurpado. “Fuimos a catastro, pasamos de agredirnos al diálogo, la alternativa que hay es que trabajemos juntos, que vengan y hagamos juntos el proceso para recuperar lo que nos reclaman”, señaló Atrip.
El funcionario y los vecinos estuvieron en catastro para buscar juntos los terrenos que sean de la comuna y no hayan sido detectados, así como aquellos que tienen importantes deudas.
“Lo que queremos es blanquear la situación en Río Tala, saber qué terrenos hay y de qué podemos disponer. Ellos entendieron que, aunque la ley es injusta en muchos casos, hay una lista de gente que se han sometido a la ley y han esperado, no podríamos ahora a partir de la ocupación de un terreno darles prioridad y no a aquellos que supieron esperar”, destacó el Secretario.

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Desacuerdos
políticos
El Concejal Martín Pando y el ex Diputado Eduardo Polimante fueron dos voces que señalaron sus diferencias con el accionar municipal en el caso de esta usurpación desactivada por la vía política.
El edil criticó al Estado municipal por “negociar y acordar con los usurpadores otorgándoles (tal como sucedió en los últimos episodios de San Pedro) planes sociales, materiales de construcción y alquileres de viviendas”, de manera tal que “se institucionaliza el delito” y reclamó que “la Municipalidad de San Pedro debe dejar de negociar con usurpadores”.
Por su parte, el ex Legislador y precandidato a intendente señaló que “quienes tienen funciones de Gobierno deben conocer y establecer fehacientemente y para toda la Comunidad, desde dónde se instigan y aportan datos” y señaló: “Gobernar no es estar sentado en un sillón o descansar en una Banca”.

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