Cada vez que un vehículo está vinculado a un delito y es secuestrado para quedar a disposición de la Justicia va a parar al depósito judicial emplazado en el fondo del predio del Corralón municipal.

Desde que está ahí, el depósito recibe a diario autos, motos, camionetas y hasta móviles policiales. Provienen de accidentes, robos, crímenes, etc. Es decir de todo lo que tenga que ver con una causa judicial que tramite en fiscalías locales.

Cada vehículo secuestrado debe ser sometido a pericias, de acuerdo al tipo de delito en el que se haya visto involucrado. En los últimos años, por la pandemia de coronavirus COVID-19, la tarea pericial está demorada.

El personal de San Nicolás que estaba a cargo estuvo con dispensa y el verificador policial local le dedicaba un día a la semana a revisar, tomar fotografías, escribir los informes y elevarlos al Poder Judicial.

Esas demoras provocan quejas. Muchas personas que sufrieron por alguna u otra razón el secuestro de un vehículo peregrinan a Fiscalía para saber cuándo podrán recuperarlo.

Hay casos emblemáticos: la esposa de Elías Chaves, asesinado en octubre de 2019 en el centro de la ciudad, fue un centenar de veces a consultar por el Renault Megane que conducía su pareja esa fatídica noche en la que, tras una persecución en el centro, se bajó y discutió con Sebastián Dotti, que lo apuñaló desde el interior de otro auto.

Por cierto, la familia de Dotti también cuestionó la manera en la que el Peugeot 207 que manejaba estaba a la espera de la resolución judicial: como todos los vehículos incautados y enviados al depósito, a la intemperie, bajo el sol del verano, las heladas del invierno, las lluvias.

En el predio hay un puesto de vigilancia. De chapa, con una antena de Direct TV que revela que adentro hay un televisor, una lámpara que de noche es la única luz y que preside la puerta, está custodiada por una serie de perros que la mañana en la que La Opinión recorrió el lugar ladraron de inmediato ante la presencia de extraños.

Del interior de la casilla salió un joven que informó que era el responsable de la custodia y que explicó que no podía permitir el ingreso de este medio sin la autorización correspondiente. El depósito judicial depende de la Justicia pero está bajo la órbita de las responsabilidades de la policía, que tiene su guarda.

Desde la tranquera imaginaria —son apenas unos postes sin nada que los una— en la que desemboca el camino que empieza en el acceso al Corralón y sigue derecho en el límite izquierdo de quien transita en dirección al río puede verse casi todo.

Una antigua casilla, una moto de las tipo 50 cc como pieza de museo desarmada y cuyo estado de deterioro permitiría confundirla con una pieza artística del recordado Juan D’Estéfano, una camioneta Ranger de las nuevas, un Nissan Tida, utilitarios con patente nueva, Peugeot 505 y Renault 12, otras 4×4, motos y restos de motos, y patrulleros, muchos patrulleros.

Al ingresar al Corralón, a la izquierda hay dos móviles policiales destrozados. Son dos camionetas Ford Ranger ploteados de la época naranja del gobernador Daniel Scioli. Aplastados para su traslado, llegaron en un camión. Tienen intactos los tanques del equipo de gas, dos cada una.

Dentro del depósito judicial propiamente dicho hay otros móviles policiales. Parados sobre los troncos que ofician de poste de la tranquera que no está, los cronistas de La Opinión contaron al menos ocho. La mayoría camionetas, aunque también hay algunos automóviles. Algunos están cerca del acceso y otros desperdigados en la maraña de chatarra vehicular, reconocibles por las sirenas en el techo.

En San Pedro hay accidentes a diario. La mayoría tienen lesionados y, entonces, causa judicial. Buena parte, según las estadísticas que lleva la Dirección de Tránsito, involucran a motocicletas. Chocan entre sí o chocan con autos y camionetas.

Todo vehículo que participa de un siniestro debe ser peritado, por lo tanto termina en este depósito. Es decir que no sólo hay coches que provienen de asesinatos o que fueron utilizados por asaltantes o de accidentes fatales o que implican destrucción. También están aquellos que por el tipo de caso en el que están involucrados bien podrían haber sido restituidos con mayor celeridad.

Citó esta nota el reclamo de la familia de un hombre asesinado y la contracara de los allegados al acusado. La semana pasada llegó a la redacción el padre de un acusado por violencia de género al que le secuestraron un Audi A4 propiedad de su madre, que también reposa a la intemperie.

Hay quienes se resignaron y se olvidaron del vehículo. En algunos casos se nota. Hay quienes dicen que habrían recibido “permiso” para darle arranque cada tanto a su coche e incluso para taparlo ante las noches de helada. Las autoridades dicen que es imposible, pero nunca se sabe.

Cuando el depósito estaba en el camino al aeroclub, en la zona de Villa Jardín, eran constantes los robos, puesto que el vigilador no alcanzaba a verificar todo el lugar. Ahora, detrás hay una familia que tiene decenas de perros, que ladran ante la presencia de extraños, y para llegar por el frente hay que flanquear el control del Corralón.

Las demoras en la administración de Justicia también repercuten directamente sobre los bienes involucrados en las causas penales que se ventilan en el Departamento Judicial de San Nicolás, que abarca además de la cabecera y San Pedro las ciudades de Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento y Ramallo.