Denuncias, allanamientos y escándalo
La justicia Federal allanó las oficinas del Consorcio de Gestión por una denuncia de “Zona Liberada” efectuada por Indalar. Mientras tanto, tras la medida de no innovar, la justicia civil acumula documentación para analizarla el 5 de febrero en una audiencia acordada con las partes.
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El conflicto desatado entre el Consorcio de de Gestión del Puerto local y la empresa Indalar llegó a su pico máximo en el día de ayer cuando la Justicia Federal allanó las oficinas buscando documentación que se pueda sumar a la investigación iniciada en una causa presentada en el fuero federal porque involucra a la Prefectura.
El jueves 24 de diciembre de 2010, víspera de Navidad, la Prefectura Naval con asiento en nuestra ciudad, recibió una denuncia por “usurpación” luego de detectarse que empleados del puerto estaban alambrando los terrenos en disputa. Esto derivó en una secuencia de denuncias luego de que se vivieran momentos de tensión entre distintos sectores ya que también se vieron afectados los pescadores que utilizan las costas para llegar al río Paraná. Puntualmente, la denuncia indicaba que sobre el terreno lindante a la dársena de ultramar, había personas extrañas haciendo pozos con postes, alambres e intenciones de usurpar.
“La decisión del Gobierno provincial es delimitar el espacio que le corresponde al patrimonio de los bonaerenses”, aseguró Mariano Veiga, presidente del Consorcio. “La propia Subsecretaría entregó un plano con esa marca, donde señala el lugar a emplazar el alambrado, tarea que ya fue realizada”.
El predio en cuestión ocupa unos 15 mil metros cuadrados desde el río hacia la costa y tanto la empresa como el Puerto presentaron la documentación que avala su posición, es decir que ahora será la justicia quien deberá decidir sobre el tema.
Allanamiento
sorpresivo
Finalmente, ayer a mitad de mañana, una comisión perteneciente a la Policía Federal con asiento en San Nicolás, encomendados por el Juez Federal Dr. Carlos Villafuerte Ruzo, arribó a las oficinas del Consorcio para efectuar un allanamiento que les posibilite obtener pruebas para la investigación que se está realizando.
La diligencia de allanamiento se dispuso en la denuncia que radicó el Dr. Benito José Aldazábal ante la justicia Federal contra funcionarios de la Prefectura Naval Argentina. A estos se les imputa el no haber actuado conforme a lo que determina el código de procedimientos en lo penal de la Nación, en el art. 284. El mismo dice que los funcionarios y auxiliares de la justicia sin orden judicial, tienen el deber de detener al que estuviere cometiendo un delito de acción pública y sea sorprendido en flagrancia.
En ese marco quienes actuaron en Prefectura recibiendo la denuncia de Aldazábal (representante de Indalar), omitieron presuntamente cumplir con sus deberes no compareciendo al lugar ni suspendiendo la ejecución del delito, situación que hizo sospechar al letrado que podría existir una “zona liberada” y por consecuencia se presentó como parte querellante. El abogado solicitó diversas medidas de prueba, siendo el allanamiento al consorcio parte de esos pedidos que Villafuerte Ruzo dispuso por encontrarlas adecuadas a los hechos que se investigan.
En la misma mañana, “los federales”, también allanaron la escribanía Sánchez Negrete, dependencia donde el Consorcio había enviado algunos libros para ser actualizados.
Conflicto en medio
de la historia
Cada una de las partes aduce contar con la documentación necesaria que certifica la propiedad de las tierras. Mariano Veiga aseguró que “la calle 62 es el limite del puerto y nosotros estamos muy lejos, solo queríamos poner algunas vallas sobre la dársena. Es un área que es usada por los vecinos y hay que ir de a poco”, sostuvo. “Indalar tiene un problema de ubicación espacial, pero nosotros tenemos toda la documentación que arranca desde hace muchos años”.
Según Aldazábal, Veiga dice contar con un decreto firmado por el Gral. Perón en la década del ’40, pero al parecer no es así. Primero porque no han podido certificar la existencia de tal decreto; segundo que con posterioridad al año 1948 las tierras que hoy tiene en propiedad Indalar se vencieron dos veces con todos los papeles y las escrituras posteriores son las únicas que tendrían valor.
El título de propiedad
La historia de la adquisición de Indalar, que obra en la escritura, es la siguiente: Por Escritura del 27 de diciembre de 1976, pasada ante el Escribano de la Plata Tomás Diego Bernard al folio 902 del Registro 17 a su cargo, HUGO ENRIQUE D ALESSANDRO, adquirió (PARA INDALAR) de la firma “Ferrocarriles y Elevadores Depietri Sociedad Anónima” diez (10) bienes inmuebles ubicados en al cuartel tercero del partido de San Pedro, cuyo testimonio se inscribió en el Registro de la Propiedad de La Plata el 25 de marzo de 1977 bajo el nº 261 del Partido de San Pedro. Luego, por Escritura del día 7 de marzo de 1977 pasada al folio 149 ante el Escribano David Pedro Rocca, adquirió de la firma “Papeleta Hispano Argentina S.A.” seis (6) bienes inmuebles ubicados en San Pedro cuyo testimonio se inscribió en el Registro de La Plata el día 5 de marzo de 1977 bajo nº 373 del partido de San Pedro. (D ALESSANDRO los adquirió para INDALAR S.A. que luego otorgó escritura de aceptación de fecha 18 de marzo de 1992 al folio 169 del Escribano David Pedro Rocca que ingresó al Registro de La Plata el día 9 de junio de 1992 bajo nº 059169 para su inscripción).
