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domingo, junio 13, 2021
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Denuncia penal por irregularidades en la Universidad creada por Castells

El Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados instaló en San Pedro una sede de su “Universidad Popular”, donde dictaban las carreras de auxiliar y técnico en Enfermería. Las irregularidades detectadas en Chaco llamaron la atención sobre lo que podría suceder aquí y en los Ministerios de Educación provincial y nacional no hay nada que avale el dictado de clases. El Gobierno local y el médico que dirigía el instituto denuncian ante la Justicia.

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El descubrimiento de “107 irregularidades de todo tipo” en la provincia de Chaco tras una auditoría sobre la Universidad Popular del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (MIJD) desató una ola de preocupación que se extendió por todo el país e incluyó a San Pedro, donde hace cuatro años el propio Raúl Castells inauguró la sede del instituto educativo junto a su representante local, Graciela Ojeda.
Este miércoles, Fiscalía recibirá las denuncias por posible comisión del delito de estafa por parte del Director del Hospital Pablo Picchioni, el Secretario de Salud Javier Sualdea y el médico director de la carrera de enfermería que se dictaba en la sede local del MIJD, Pablo Gallo.
Es que, tras diversas consultas a varios organismos educativos nacionales y provinciales, llegaron a la conclusión de que no hay documento alguno que avale el dictado de la carrera, los certificados de “título en trámite” expedidos, ni la percepción de la cuota mensual de 80 pesos que pagaban los estudiantes hasta el lunes a la noche, cuando hubo una reunión informativa.

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Cientos de damnificadas
En San Pedro hay alrededor de 65 enfermeras recibidas; unas 12 que trabajan en el Hospital, dos más en el de Santa Lucía, otras dos en el Centro de Salud de Río Tala, y alrededor de cinco que se desempeñan en las clínicas privadas. Además, hay más de 100 estudiantes en primero, segundo y tercer año de la carrera.
Una nota en Mesa de Entrada del Municipio donde se preguntaban por lo sucedido en Chaco hizo ruido y en el Hospital comenzaron a preguntarse qué pasaba. El Directo Pablo Picchioni hizo una serie de consultas y todos los caminos guiaban a la misma conclusión: no estaban habilitados.
El lunes por la noche hubo una reunión en la sede del instituto del MIJD, en Gomendio y Caseros. Allí estaban Picchioni y el Dr. Pablo Gallo, Director de la carrera, junto a más de 60 alumnas que fueron a interiorizarse del tema.
“Gallo dijo que renunciaba, porque esto es todo una truchada, que averiguaron y no tienen avales de ningún ministerio”, dijo a La Opinión una joven preocupada. Otra que presenció el debate agregó: “Nos dijo que no paguemos más”.
“Yo cuando me fui a anotar me dijeron que era todo legal”, contó una tercera. Cada una de las que se inscribieron confió, pagó, cursó, estudió y muchas terminaron la carrera, al punto de que hoy trabajan como enfermeras con un certificado de título en trámite sobre el que no saben qué respuesta obtendrán.
Algunas de las egresadas relataron que al momento de preguntar por sus títulos siempre había alguna excusa respecto de las demoras. Unas dijeron que el certificado de Enfermera provendría del Chaco, otras de Lomas de Zamora.
En la sede de la “universidad” nunca hubo libro matriz rubricado por autoridades educativas y los analíticos no habrían llegado nunca a ningún lado para la conformación de los títulos. Lamentablemente, La Opinión no pudo comunicarse con Graciela Ojeda ni con Raúl Castells para esta nota, ya que no respondieron los llamados.

Ninguna habilitación
Raúl Castells y el MIJD anunciaron con bombos y platillos la creación de una “Universidad Popular”, “totalmente gratuita”, con más de “20 mil alumnos” para que los sectores populares accedan a la educación superior. La sede central estaba en Chaco y su rector era Carlos López.
El movimiento hizo trámites desde una asociación civil con el nombre de la Universidad Popular ante la Dirección Nacional de Gestión Educativa (DNGE). Esa es la documentación que blandieron en muchas oportunidades para dar cuenta del aval, que en realidad nunca llegó.
La DNGE sólo tiene registro de trámites, sin cumplimentar varios pasos, por lo que apenas empezó el largo tránsito para aprobar nada menos que una Universidad de carácter privado.
La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) nunca recibió el expediente, por lo que jamás se expidió al respecto, paso fundamental para que el Ministerio de Educación analice y eventualmente apruebe los planes de estudio, para que luego la Presidenta de la Nación firme el decreto correspondiente.
Es decir: Universidad, no hay. En Chaco tenían un permiso “provisorio” del Director de Educación Privada del Ministerio de Educación provincial para que funcione un instituto terciario en la localidad de Juan José Castelli, Departamento de General Güemes.
En San Pedro, el cartel de la puerta de la sede hace referencia a una “resolución 4673 de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense; volantes de la “universidad” citan una resolución “3632”, del mismo organismo; en otros lugares nombra una “resolución 3232”. Más allá del número, en Provincia no hay nada.
El Subsecretario de Educación provincial Néstor Ribet y su asesor Alejandro Anchava respondieron a las consultas que al respecto hizo el Director del Hospital Pablo Picchioni, quien informó a La Opinión: “Me dijeron que el único habilitado en este distrito para dictar la carrera de enfermería es el Instituto Superior San Pedro”.
Hace diez días, Ribet tuvo una reunión con representantes del MIJD, entre ellos Nina Peloso. Allí le plantearon la posibilidad de que los títulos que deben en San Pedro y otros lugares de la provincia sean tramitados a través del Centro de Formación Profesional 407 de Lomas de Zamora que el movimiento gestiona. Se lo negaron rotundamente, ya que esos centros de estudios son para “oficios”.
Así las cosas, el MIJD no tendría en la provincia de Buenos Aires la posibilidad de acreditar como enfermeras a quienes hayan cursado esa carrera en sus institutos, por lo que hay un nuevo problema en puerta.
Cuando Chaco anunció las irregularidades y el retiro del subsidio mensual de 500 mil pesos, la preocupación creció entre las alumnas sampedrinas, que se comunicaron con La Opinión, cuya investigación dio lugar a la recopilación de mucha información, de la que esta nota es la primera entrega de varias.

Un camino para la solución

Le tocará a la Dirección General de Cultura y Educación intervenir en el tema. Sobre todo porque hay alrededor de 65 personas que ya se recibieron y se están preguntando si acaso no sólo fueron estafadas –porque pagaron, lo que configuraría un delito cometido por quienes les cobraron– sino porque además podría ponerse en peligro su fuente de trabajo.
No es la primera vez que sucede en la Provincia ni en la historia que un instituto de educación superior engañe a sus alumnos y nunca consiga la habilitación para expedir títulos. En muchos casos, con los planes de estudio, los exámenes de los docentes y una visión política generosa ha habido la posibilidad de homologar lo estudiado en otra institución, para así conseguir la certificación correspondiente.

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