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Edición 1411
Publicado el: Miércoles, Abril 17, 2019 - 18:28

Denuncia penal contra empleados de Rentas por cobrar coimas para dar de baja deudas

Fueron denunciados por el gobierno, luego de que se detectara la maniobra. La sospecha es que percibían dinero a cambio de meter la mano en el sistema y cancelar las deudas de contribuyentes con los que hacían el acuerdo. Quienes les pagaron también deberán rendir cuentas en la Justicia. Uno es empleado de carrera de muchos años, que renunció tras el inicio de sumario; la otra era contratada y fue despedida.

El gobierno presentó una denuncia penal e inició sumarios administrativos contra dos empleados que se desempeñaban en la Dirección de Rentas y que están acusados de haber cobrado coimas a contribuyentes para “dar de baja” deudas de tasas municipales.

La modalidad fue descubierta por el equipo del área que conduce Hernán Abatángelo, que desde que asumió Salazar llevan adelante un proceso de migración del sistema de ingresos públicos a Rafam, algo que en gestiones anteriores habían comenzado y que recién desde el año pasado avanza.

Una de las tareas fundamentales que se propusieron Abaténgelo, el director de Modernización, Hernán Contreras, y el subdirector de Rentas, Gabriel Gaona –los dos últimos ingenieros en sistemas– fue informatizar todo, para lo que hubo que equipar el área con computadoras, tarea que empezó apenas asumió Cambiemos con una donación que hizo Osprera.

La informatización permitió un mejor control de todos los procesos. Lo primero que detectaron fue una inconsistencia en una cuenta de un contribuyente que tenía deuda pero aparecía saldada. Con los log in del sistema por usuarios, comenzó la investigación, que todavía está en marcha porque las ramificaciones, por lo pronto, son incalculables.

Una vez detectado el patrón de comportamiento, notaron con precisión lo que sucedía: al menos dos empleados de Rentas –podría haber un tercero involucrado– daban de baja deudas de contribuyentes, pero el dinero no apareció nunca.

La sospecha es que a cambio de la cancelación irregular de esa deuda, los empleados cobraban una suma de dinero que se llevaban a sus bolsillos: coima.

La situación derivó en dos instancias: la administrativa y la penal.

En la primera, el gobierno rescindió el contrato de una joven empleada que se desempeñaba en Rentas. Su condición de contratada, sin estabilidad, permitió que ante la evidencia recolectada en su contra la decisión fuera inapelable.

Distinto fue el caso de un empleado de carrera con 19 años de antigüedad en el Municipio y que estaba cerca de la edad jubilatoria, quien renunció la semana pasada luego de que se firmara el decreto que lo suspendía provisoriamente para iniciar el sumario que le correspondía atravesar camino al despido seguro.

En el ámbito penal, la situación es más complicada aún. Ambos fueron denunciados y la causa tramita en la Fiscalía 11 que conduce Viviana Ramos. El expediente los tiene como imputados por el delito tipificado en el Código Penal como “cohecho y tráfico de influencias”, que tiene, en principio, una pena de uno a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua.

El delito de cohecho tiene una particularidad: necesita de alguien que reciba la coima y de un tercero que la entregue, que también incurre en una acción ilícita que es penada por la ley.

La investigación en Rentas sigue su curso, porque es posible detectar quiénes fueron los que habrían pagado un dinero por debajo de la deuda que mantenían por tasas o derechos con la Municipalidad para que los empleados en cuestión se las cancelen en el sistema.

El gobierno, una vez que confirme las cuentas de los contribuyentes que fueron canceladas a través de esta maniobra, intimará a sus titulares para que hagan efectivo el pago.

Además, esa información permitirá que la Justicia los involucre en la causa penal. “Será reprimido con prisión de uno a seis años el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas”, dice el Código Penal.

En el gobierno consideran que es algo que “evidentemente hace mucho tiempo venían haciendo”, según señaló el intendente Cecilio Salazar el sábado en Sin Galera, cuando reveló el caso.

“Se hizo una investigación muy silenciosa, Hernán Abatángelo fue a hablar conmigo, con firmes sospechas. Le dije que vaya hasta el hueso y descubrieron, tenemos las pruebas necesarias”, aseguró el jefe comunal.

“Se está investigando, no tenemos precisiones de las cifras. Era a cambio de dinero: cobraba dinero para hacer desaparecer la deuda”, confirmó.

EDICION IMPRESA #1428
Viernes 16 Agosto 2019

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