Demolición para una construcción en la costanera
La orden de desmantelamiento fue firmada por el Juez de Faltas y apunta a la ocupación del espacio que corresponde a la vereda. El propietario, Jorge Arpía, resiste y señala las múltiples ocupaciones de terrenos costeros.
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El plazo fijado por el Juez de Faltas para que Jorge Arpía desmantele la construcción que toma parte del espacio reservado para veredas en la zona costanera despertó polémicas sobre el uso del espacio público, las usurpaciones y la ocupación de tierras cuya posesión se tramita y genera derechos.
En su caso, y como su familia es habitante originaria de ese sector de barrancas, reconoce que comenzó a construir una proveeduría frente al Club de Pescadores sin el permiso de obra ni la autorización para la habilitación de un comercio.
Ahora, el secretario de Servicios Públicos Ariel Álvarez ratificó que hará cumplir los términos de la notificación 5138 para la que –si es necesario– recurrirá a la ayuda de la fuerza pública tras el vencimiento del plazo otorgado por el abogado Fabián Rodríguez.
Según pudo constatar La Opinión, hubo advertencias verbales y escritas, incluidas las imágenes que este medio publicó cuando se extendieron los límites hacia la avenida costanera y, aun así, se siguió avanzando con la construcción.
“No voy a demoler, que lo tiren ellos”
La indignación de Jorge Arpía llegó con un reclamo para que el Gobierno proceda del mismo modo con los sectores que ocupan todos los comercios cercanos al exbalneario municipal, el estacionamiento en la vereda de un hotel, la apropiación de las barrancas del Hotel de Turismo, el estacionamiento del club Náutico y el Azhar Spa, la casa rodante con artículos de pesca en el predio lindero a uno de los edificios de la Dirección de Turismo y hasta a la familia González, que continúa con la ampliación de inmuebles linderos a su casa sobre territorio que la Agrupación Mallorca reclama como propio. Allí mismo, donde por décadas vivió la familia Rodríguez, que fue trasladada con 14 hijos al barrio 2 de Abril y sin miramientos para dar lugar “al hotel del Automóvil Club”.
Respecto a la nueva vivienda que levantan los González, sostuvo que la vinculación política ampara a esas personas que no tienen derechos posesorios y se preguntó por qué.
Luego advirtió que resistirá la medida dispuesta por el Juez de Faltas, Fabián Rodríguez. “No voy a demoler, que lo tiren ellos”, dijo el martes a este medio cuando se le consultó por el vencimiento del plazo otorgado para la demolición. “La obra ahora está parada y, cuando me muestren que sacaron a los otros que usan las veredas, yo la saco”, sostuvo.
Decisión política, topadora y memoria
Desde el municipio la postura es irreversible. Pese a los antecedentes de ocupaciones y usurpaciones sobre el espacio público, se recuerda un concepto que el intendente esgrimió en su primer Mensaje Anual, en abril de 2016, ante concejales y gabinete. “Les anuncio, hoy, que me voy a poner al frente del recupero efectivo de los terrenos de jurisdicción provincial o municipal que se encuentran en la zona norte de nuestra costa, pero en posesión de terceros que no son los dueños”, expuso Salazar aquella mañana y agregó: “Vamos a recuperar la posesión plena de aquellos inmuebles ubicados a la vera del riacho San Pedro desde la bajada de Chaves hasta Vuelta de Obligado, que paradójicamente nos pertenecen”. Para que no hubiese dudas, el Jefe Comunal sentenció: “Yo mismo, en caso de que no lo hagan, cortaré los alambrados y mandaré las topadoras, porque queremos que la costa de los sampedrinos la puedan disfrutar los sampedrinos”.
Hay antecedentes de relevamientos que con el paso del tiempo terminan otorgando derechos a los que tomaron tierras que son patrimonio público. Será difícil recuperarlas a menos que la decisión política se mantenga firme y sin privilegios. En 2016 se anunció la apertura de la Avenida del Centenario en la manzana que ahora ocupan varias viviendas de la familia Melgar; habían llegado a un acuerdo para retirarse. Pasaron diez años con la calle cortada al tránsito.
