Demanda millonaria contra el Municipio

Ex empleados de la Municipalidad iniciaron una demanda laboral contra la administración pública local por considerar irregular su despido. Se trata de quince personas —de un total de 60 en la misma situación— que, patrocinados por los abogados Lima y Parsi, iniciaron una causa con el objetivo de cobrar indemnización y un reparo por daños que asciende en total a casi 4 millones de pesos.
Los demandantes ingresaron a trabajar, mediante una designación por decreto, como empleados municipales. La mayoría ingresó entre Diciembre de 2002 y Marzo de 2003, meses que vibraron al calor de las elecciones de Abril.
Todos ingresaron a planta transitoria y cobraban una remuneración mensual equivalente al de un empleado de planta permanente. Sucesivamente, el Ejecutivo local promulgó decretos que daban continuidad al vínculo laboral. Durante algunos meses trabajaron en tareas específicas de la campaña Mario Sigue 2003. Una vez finalizada la contienda electoral, se les asignaron tareas en las obras de 150, 49 y 291 viviendas, como albañiles, serenos, etc.

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Trabajo para toda la vida
Desde la fecha de los nombramientos se produjeron prórrogas en las designaciones. “Nosotros no firmábamos nada, nos decían que hacían el decreto y seguíamos trabajando”, relató uno de los despedidos. Al pasar el año como contratados, todos confiaron que pasarían a conformar la planta permanente, como establece el acuerdo firmado entre la Municipalidad y los gremios. Sin embargo, en 2005 y 2006, mediante decretos, se dio fin al vínculo laboral.
La Municipalidad extendió a estos ex empleados una certificación donde consta que se desempeñan “como Agente de esta Municipalidad, (…) siguiendo sus funciones hasta el día de la fecha (…) quedándole aproximadamente 35 años de servicios activos en esta Administración, para luego acceder a los Beneficios Jubilatorios” (negrita del original). Este documento —que resalta la estabilidad laboral de quienes luego fueron despedidos sin pre aviso ni indemnización alguna— permitió a los ahora demandantes acceder a créditos de consumo en casas de electrodomésticos, ropa y hasta en el Banco Provincia. Tras quedarse sin trabajo, muchos sufrieron la ejecución de quienes querían cobrar los compromisos asumidos.

Respuesta oficial
Se aguarda para las próximas semanas la respuesta de la Municipalidad a la demanda iniciada. Las razones invocadas por el Ejecutivo en los decretos de despido hablan de “conclusión de las tareas en la obra” en que se desempeñaban los trabajadores, cosa que no se ajustaría a la realidad en la medida en que fueron despedidos antes de que las obras finalizaran.
Los demandantes reclaman en total 4 millones de pesos en concepto de indemnizaciones y reparo de daños y perjuicios. Otro juicio que la Municipalidad debe afrontar producto de irregularidades en el ejercicio de sus atribuciones.
La falta de coherencia atraviesa la situación. El Municipio debe velar por el cumplimiento de las normas laborales y combatir el trabajo en negro. Empezando por casa, por supuesto.

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La red clientelar
Uno de los elementos más fuertes para la puesta en juego del clientelismo político es la cuestión laboral. El desempleo implica incapacidad de consumo, de acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, a la alimentación diaria. Es sabido que el ofrecimiento laboral permite extender la red clientelar hacia los territorios donde pueden influir aquellos a quienes se promete beneficios.
Los contratos transitorios de trabajo en las administraciones públicas servían como forma de sostén de esa red. Así, los punteros políticos eran empleados para la campaña bajo la promesa de trabajo en caso de ganar. Por eso, muchas dependencias veían circular personal que se intercambiaba según el color partidario que ganara las elecciones.
Quien asumía, ponía a los suyos en esos puestos transitorios y dejaba afuera a los de la gestión anterior. Cada elección implicaba ese enroque. La situación se modificó con la victoria gremial que establece que al año de contratado el trabajador debe pasar a planta permanente o cesar en sus funciones.

El gran antecedente
El ex Intendente Trelles firmó pocos días antes de entregar el sillón de Pellegrini 150 a Barbieri un decreto nombrando a decenas de agentes que se desempeñaban, sobre todo, en el reparto domiciliario de tasas. Utilizaban facturas de terceras personas para percibir sus haberes. Con la nueva gestión el hecho fue denunciado como un caso más que irregular y entre las primeras medidas que tomaron, anularon el decreto. Los “dolientes” iniciaron distintas causas tratando de probar su relación de dependencia pero, hasta hoy, no se sabe qué sucedió con cada uno de ellos. Tal vez, con la repetición de la modalidad, surjan novedades.

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Acuerdo entre los gremios y la Municipalidad
Se conformó una Mesa de Relaciones Laborales en la que participaron ATE, Sindicato de Municipales y el Ejecutivo Local. Se acordó un aumento de $ 50 remunerativos no bonificables y otros $ 120 no remunerativos, todas cifras que no computan al básico, pero que significan aumento de bolsillo.
Además, se estableció un cronograma de certidumbre mediante el que se garantizará el mantenimiento de las fuentes de trabajo. Noventa y cuatro trabajadores jornalizados pasarán a planta permanente de a doce por mes. Tras las elecciones se discutirán las recategorizaciones que permitirán mejorar los sueldos de quienes sean nombrados en categorías mayores. Desde los gremios y la Municipalidad hicieron conocer su satisfacción por los acuerdos alcanzados para este semestre, teniendo en cuenta las vicisitudes que la crisis internacional pudiera causar.

Patrullas rurales
La Municipalidad entregará un subsidio a la policía de las zonas rurales. Se trata de unos $ 3.000 que se destinarán a reparar patrulleros que están dañados y sin funcionar. El subsidio llegaría en los próximos días.

Reclamo
La Municipalidad envió esta semana un reclamo a la Arquitecta Cristina Alvarez Rodríguez, Ministra de Infraestructura del Gobierno Provincial. Se le recordará la promesa de un puente peatonal para la escuela 27, donde muriera un niño atropellado por un camión. La llegada del puente está pendiente desde la firma de un convenio específico y la sanción de una ordenanza.
A su vez, se le enviará a la Ministra una solicitud de arreglo y repavimentación de la Ruta Provincial 191 en el camino Crucero General Belgrano. El pedido se elevará también al Ingeniero Arcángel José Curto, Administrador General de Dirección de Vialidad. Crucero General Belgrano es una de las partes más transitadas de la ruta provincial, ya que es la principal arteria de comunicación con el puerto local. El estado deplorable del camino obliga a una urgente repavimentación.
El reclamo municipal hace hincapié en el acceso al puerto que empalmará con este camino, lo que contribuirá a un mayor deterioro. La reparación de esta ruta es una de las promesas que Barbieri realizó en su campaña Mario Sigue 2007.

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