Deltagro avanza en el desalojo de islas
La empresa de Gualtieri ganó varios juicios por “usurpación” iniciados a isleros que trabajan en la zona de Lechiguanas. La semana pasada fue a ejecutar un desalojo y le dio diez días a los ocupantes de unas 500 hectáres, quienes le deben 200 mil pesos a los abogados tras el juicio. Hay preocupación por los alzamientos que podrían sucederse a este.
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Más de un año después del fallo de la Jueza Teresita Inés Ferreyra, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Gualeguay, contra la familia de Luis Domínguez por usurpación de tierras en la isla Las Lechiguanas, la empresa Deltagro S. A. apareció con su abogado Marcelo Sánchez a la cabeza para hacer efectivo el desalojo.
Domínguez relató a La Opinión que el abogado llegó a la isla donde su esposa nació y se crió y donde ellos ahora crían animales como emprendimiento familiar, acompañado por un oficial de Justicia que fue a cumplimentar el desalojo, policía de Entre Ríos y empleados de la empresa de los Gualtieri, que firmó comodatos con muchos de los habitantes originarios de la isla, que en muchos casos no sabían que ese “papelito” era ni más ni menos que aceptar que la propiedad era de otros.
Desalojar para arrendar
“Vinieron el viernes, con ametralladoras y todo, sacaron las cosas de prepo, después de romper el candado de la puerta”, contó Domínguez y agregó: “En ese momento estaban mi hijo y el cuidador, que me llamaron. Nos sacaron todos los comestibles de la cocina y los pusieron en un tinglado que hay a un costado”.
El productor ganadero logró detener el alzamiento. Antes de irse, Sánchez y el oficial de Justicia le advirtieron que en diez días deberá haber sacado todas sus cosas de la isla: corrales, animales, un tractor, una casa de material, instalaciones eléctricas y sanitarias, entre otras cosas.
Domínguez asegura que esta situación no sólo le sucede a él, sino que a todos los que están dentro de un radio que abarca 7 mil hectáreas, que Deltagro reclamó como propias en la Justicia y ganó, gracias a los comodatos firmados en algunos casos bajo coerción a habitantes originarios de islas, personas que lo único que deseaban era seguir trabajando tranquilos.
Sacar a todos
“Sánchez me dijo que iban a sacar a todos los que firmaron comodato”, aseguró Domínguez, quien llegó a enviarle una carta a la Presidenta de la Nación para contarle su situación. Desde el Gobierno nacional recibió respuesta: le dijeron que iban a pasar el caso a la jurisdicción correspondiente.
Esas 7 mil hectáreas en cuestión, donde están las 500 que ocupa la familia de Domínguez, fueron arrendadas por Deltagro al titular de un feed lot. El productor que será desalojado pidió incluso que se las alquilaran a él, sin éxito. Ahora les pidió un mes de plazo para ver qué hacer, aunque no obtuvo respuesta favorable, por lo que tiene diez días para accionar.
Luis Domínguez perdió el juicio por desalojo el año pasado. Producto de ello, les quedó debiendo 222.750 pesos en concepto de honorarios, todo por no querer firmar el comodato. Los abogados Marcelo Sánchez y Sergio Yacucci son sus acreedores. El primero defendió a Deltagro, el segundo al productor ganadero. A uno le debe 131.025 pesos y al otro 91.725.
