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martes, mayo 17, 2022
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Del Envión al decreto, la precarización laboral como política de Estado

Cuatro trabajadores de la panadería del programa Envión decidieron hacer paro y reclamar estabilidad laboral. Todos son beneficiarios de un decreto de ayuda social con contraprestación de trabajo. Aseguran que les prometieron pase a planta permanente a cambio de trabajo en la campaña. El caso es parte de un problema histórico en la municipalidad: la precarización laboral a través de planes sociales.

 

La panadería del programa Envión permanece cerrada desde la semana pasada, cuando cuatro de los jóvenes que se desempeñan allí comenzaron una medida de fuerza con paro de actividades para reclamar estabilidad laboral, tras cuatro años de trabajo mediante un decreto de ayuda social con contraprestación de trabajo cuya paga oscila entre los 1700 y 2200 pesos.

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Todos comenzaron a aprender el oficio cuando el programa de responsabilidad compartida Envión, del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, inauguró la panadería en calle Urraco, bajo la gestión Guacone – Dalmy Butti. Luego se trasladaron a la manzana de Desarrollo Humano, donde está ubicada ahora, entre la Comisaría de la Mujer y la Secretaría.

La panadería “Un envión” fue inaugurada por el entonces Ministro, Martín Ferré, hoy Secretario General de la Gobernación. Ese día, en la puerta de la sede de Oliveira Cézar 250, dijo: “Para nosotros el fin de todos los trabajos sociales tiene que ser el trabajo”. Eso es lo que reclaman ahora los jóvenes panaderos.

De promesas vivimos
El paro con reclamo por estabilidad laboral no es una ocurrencia de los muchachos que se desempeñan en la panadería. Se trata nada menos que del reclamo de una promesa de campaña que alguien les hizo y de la que nadie se hace cargo.

Antes de la medida de fuerza, cuando hablaron con los representantes del Gobierno sobre su situación, la respuesta que recibieron fue tajante: perdimos las elecciones. “Nos dijeron que ellos se van a fin de año y no pueden hacer nada”, dijeron a La Opinión en el umbral de la puerta cerrada de la panadería ayer, cuando esperaban reunirse con el Secretario de Desarrollo Social Nicolás Macchia.

El reclamo tiene asidero: los jóvenes trabajaron para la campaña del intendente Fabio Giovanettoni camino a las Paso. “Ya fueron retribuidos por eso”, les dijo uno de los operadores de la lista, porque “cobraron horas extras”. El cúmulo de irregularidades no cesa.

Su horario de trabajo es de 19.00 a 21.00 para amasar y de 8.00 a 11.00, cuando termina el reparto al Hospital y comedores barriales a los que asisten con pan, bizcochos y facturas. Si es necesario, hacen horas extras que les pagan entre 18 y 27 pesos cada una, las que cobran por encima del monto fijado en el decreto de ayuda social.

Durante los últimos meses, el pago extra se vio incrementado porque la campaña los tuvo como activa mano de obra. Desde llevar y preparar chorizos en las reuniones barriales hasta descargar los camiones de mercaderías que llegaban desde Desarrollo Social de la Nación o de un proveedor local al que le habrían quedado debiendo alrededor de 100 mil pesos, tarea que se hacía pasada la medianoche, casi  a escondidas, y en el galpón que un Director político de dudosas funciones y más dudosa efectividad tiene sobre la ruta 191.

“Cuando trabajamos para la campaña nos dijeron que íbamos a entrar, pero como perdieron nos dicen que en diciembre se van y que no pueden hacer nada”, señalaron. En ese marco, lo que piden es pasar a “jornalizados”; es decir tener condición de trabajadores temporarios para que al año puedan pasar a planta permanente, a menos que el próximo intendente prescinda de ellos antes.

Para ese reclamo más preciso cuentan con el apoyo de ATE (ver recuadro).

Desde el búnker de campaña de Giovanettoni siempre dijeron que todos los empleados municipales que colaboraban en la campaña lo hacían por “fervor militante”, como si la esperanza se alimentara de fantasías que nadie apuntaló jamás.

Un problema recurrente
“No estamos pidiendo que nos regalen nada, sólo queremos laburar”, es el sincero y atendible reclamo de los jóvenes de la panadería. Su condición es la de víctimas de un sistema que tiene muchos, demasiados grises y que juega por un lado con la necesidad del más vulnerable y que por otro encuentra en la precarización la única manera de cumplir con la demanda de servicios con los que debe cumplir el Estado.

El último listado al que tuvo acceso La Opinión de los famosos “decretos” de ayuda social, de julio pasado, consta de 182 personas a los que el Estado asiste por su situación de vulnerabilidad.

Algunos nombres se repiten desde hace años. Entre ellos, están los que puede verse, como los chicos de la panadería, todos los días en un puesto de trabajo, a la par de empleados municipales, muchas veces a cargo de las tareas mientras otros los miran. También están los que sólo van a cobrar y los que reciben primero el cheque gracias a su capacidad de patear escritorios.

Los planes sociales con contraprestación de trabajo tapan agujeros que tiene el Estado en muchos ámbitos. Sin ir más lejos, desde ATE confirmaron a La Opinión el ingreso de unas seis personas que estaban con “decretos” afectadas a tareas de enfermería y que llevaban varios años de precarización en puestos que necesariamente el Municipio debía cubrir.

Los jóvenes de la panadería están en la misma situación que esas enfermeras y que tantos otros. Lo peor es que, ante la afrenta que implica cobrar 2.000 pesos por mes por ir a trabajar todos los días, hay quienes además del decreto de ayuda social con contraprestación de trabajo perciben un plus: otro decreto, pero a nombre de su madre.

El trabajo dignifica
El día de la inauguración, Guacone estaba emocionado y dijo que le “regocijaba el corazón” lo que sucedía, porque significaba “salvar un chico con grandes dificultades en la convivencia de su familia, en el hecho de poder tener una responsabilidad, de levantarse todos los días con una esperanza de algo, que días atrás seguramente no lo tenían.”.

En efecto, entre los jóvenes que hoy reclaman estabilidad laboral hay quienes han tenido conflictos con la ley penal juvenil y que cada vez que pasaba un funcionario por San Pedro y era llevado a conocer la panadería aparecía como ejemplo de lo que podía lograrse.

Ese joven aprendió el oficio y encontró en la panadería el “envión” para seguir adelante. Sin embargo, no tuvo posibilidades reales de inserción en el mercado del trabajo en el ámbito privado y su situación de precariedad en el público persiste desde el primer día, en las mismas condiciones que cuando era un simple aprendiz que buscaba salir de un camino que lo llevaría probablemente a la delincuencia.

El Secretario de Desarrollo Social Nicolás Macchia entendió el problema de los decretos de ayuda social con contraprestación de trabajo apenas asumió, cuando notó que el sistema estaba planteado para que los beneficiarios en cierto momento reclamaran el pase a planta temporario y luego a permanente, con ayuda de los gremios, que no son ajenos al asunto.

La lógica instalada históricamente en el Municipio es la misma con la que reclaman los jóvenes de la panadería: en el imaginario de los beneficiarios, y alimentado por el propio Estado y por los sindicalistas, desde siempre, tener un “decreto” significa el primer paso para ganarse la condición de empleado público. Así sucede desde hace más de una década.

Por ello, Macchia se propuso generar las condiciones para articular con el sector privado y que la contraprestación laboral de esos decretos -cuyo dinero proviene de Provinicia- se cumpliera en empresas (comercios, pequeñas industrias, prestadoras de servicios) que necesitaran personal y pudieran tener aprendices con posibilidad de que luego pasaran a ser empleados.

La idea no llegó a prosperar, sobre todo porque en una de las primeras pruebas primó el prejuicio y el beneficiario fue “devuelto” al municipio cuando se supo que tuvo antecedentes penales, de manera tal que le fue negada la posibilidad de reinserción, después de todo.

Apoyo sindical
Marcelo Marelli, de ATE, acompaña el reclamo de los jóvenes de la panadería. En diálogo con La Opinión manifestó que tienen sospechas de que “ha ingresado personal” luego de la campaña pero señaló que no lo pueden certificar “porque no muestran los decretos”. Ayer fue con miembros de su sindicato y los jóvenes a Desarrollo Humano, pero Macchia estaba en reunión de gabinete, por lo que fueron hasta Palacio a esperar respuestas. La reunión es formal, como representante y con ellos. “Por lo pronto la panadería está cerrada. Tenemos el dato que la van a llevar al Instituto Sarmiento, para que dependa de ese organismo, de manera tal que la cooperadora se haría cargo de todo lo que tiene que ver con la continuidad de la tarea”, indicó.

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